El Estado deja sin ejecutar en Canarias 628 millones de inversión en seis años

A finales de 2019, poco antes del estallido de la pandemia de coronavirus, la Cámara de Comercio de Barcelona dio a conocer un estudio propio sobre las inversiones del Estado en Cataluña. A la presentación de este estudio asistió el entonces presidente de la Generalitat catalana, el independentista Quim Torra. Desde entonces, este análisis de la Cámara de Comercio barcelonesa se ha convertido en una referencia para los defensores del pretendido maltrato de Madrid a Cataluña. No en vano, este trabajo concluye que una cuarta parte de las inversiones consignadas para la autonomía mediterránea en los presupuestos generales del Estado no se ejecuta. Es decir, que el Gobierno central de turno anota en las cuentas estatales equis dinero para invertir en Cataluña pero al final deja sin gastar –sin ejecutar– alrededor del 25%. Sin embargo, el problema de los bajos niveles de ejecución de la Administración del Estado no afecta en exclusiva a Cataluña; y ni siquiera es Cataluña la más afectada. Si el estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona concluye que una cuarta parte de la inversión presupuestada para la región del noreste peninsular no llega a ejecutarse, este porcentaje de fondos sin movilizar alcanza en Canarias el 40,3% en los últimos seis ejercicios. Es decir, solo se invirtió el 60%. De modo que de 2015 a 2020, los Ejecutivos de Rajoy y de Sánchez dejaron sin invertir cuatro de cada diez euros consignados para el Archipiélago en los presupuestos generales.

Intervención General publica desde 2015 el reparto efectivo de las inversiones entre las autonomías

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comenzó en 2009, por imperativo legal, a publicar cada semestre el detalle del reparto de la inversión en cada una de las 17 regiones del país. Se trataba de que las Cortes Generales tuvieran información puntual y accesible sobre el grado de ejecución real de las inversiones en cada territorio. Sin embargo, hasta 2014 la información se limitaba a las cantidades presupuestadas y efectivamente gastadas por la Administración General del Estado (AGE) y por sus agencias y organismos autónomos. No se incluían las inversiones ni del sector público administrativo –en esta categoría está, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)– ni, sobre todo, de las fundaciones y empresas públicas como las del Grupo Enaire –Aena– o Puertos del Estado. Es desde 2015, por tanto, cuando la IGAE ofrece una radiografía exhaustiva.

En los seis años transcurridos desde entonces –de 2015 a junio de 2018 con Gobierno del PP y en adelante con Gobierno del PSOE–, el Estado y todo su entramado de entes y empresas dependientes presupuestaron inversiones en el Archipiélago por un total de 1.560,1 millones de euros. Pero una cosa son las cantidades que se anotan en los presupuestos y otra son las cantidades que en realidad se gastan. Dicho de otro modo: una cosa es decir que se va a hacer una obra en un puerto o aeropuerto y otra cosa es hacerla. Lo que se dice que se va a hacer aparece en los presupuestos, mientras que lo que en realidad se hace aparece en la liquidación de los presupuestos. Así pues, esos 1.560,1 millones son la suma de lo consignado para Canarias en el capítulo VI –inversiones reales– de las cuentas estatales consolidadas –las de la AGE y todo su entramado– entre 2015 y 2020. ¿Pero cuánto se ejecutó, cuánto se invirtió en realidad? Un 59,7%.

En concreto, el Gobierno central y los órganos de dirección de organismos autónomos, agencias, fundaciones, empresas y demás invirtieron en las Islas en los seis últimos años poco más de 931,8 millones de euros. O lo que es lo mismo: dejaron sin ejecutar o sin invertir cerca de 628,3 millones.

A la baja ejecución del capítulo VI se sumaron los recortes al capítulo VII y el plan de carreteras

Recortes

Es verdad que los datos de la IGAE se ciñen al capítulo VI de los presupuestos y que Canarias recibe gran parte de la inversión estatal a través del capítulo VII, el de las transferencias de capital. En este último capítulo se consignan los dineros que Madrid transfiere a la Comunidad Autónoma para que sea esta quien los invierta. Ahí entran los fondos del convenio de carreteras. Pero resulta que también es verdad, precisamente por los recortes que sufrió el convenio de carreteras –segado de forma unilateral en 2012 por el Gobierno de Rajoy–, que tampoco por la vía del capítulo VII ha llegado al Archipiélago todo lo que debía llegar, con lo que tampoco aquí el Estado ha cumplido con las Islas. Es más, el recorte al convenio de carreteras, por más que el Tribunal Supremo haya ordenado al Ejecutivo estatal abonar las cantidades debidas, sigue sin enmendarse del todo. En definitiva, los recortes en el capítulo VII agravan el hecho de que no se ejecutaran esos 628,3 millones de euros consignados en el capítulo VI.

En 2015, el primer ejercicio del que la IGAE ofrece una radiografía completa de la ejecución presupuestaria, el Estado dejó sin invertir en la región un 32,8% de lo presupuestado en el capítulo VI, un total de 81,5 millones de euros. En 2016, el porcentaje de inejecución llegó al 34,8% –85,6 millones– y en 2017 se disparó al 41,6% –unos 108,1 millones de euros–. Al siguiente ejercicio, el de 2018, se quedó sin ejecutar un 41,3% de la inversión prevista para la Comunidad Autónoma –casi 110,9 millones– y luego llegaron 2019 y 2020, dos ejercicios en los que el Gobierno de Sánchez tuvo que gobernar con las cuentas de 2018, con las últimas cuentas del PP. Partiendo entonces de un presupuesto para inversión real en Canarias equivalente al de 2018, se quedaron sin ejecutar 125,2 millones –46,6%– y 116,9 –43,5%–.