Sentencia firme. El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba por manipular una instrucción para perjudicar a la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, cuando esta era diputada por Las Palmas en la lista de Podemos en el Congreso de los Diputados.
La Sala de lo Penal del alto tribunal, por ende, desestima tanto los recursos de Alba como los de la acusación particular que ejercía Rosell, que solicitó elevar la condena a 10 años de prisión, y a la que se adhirió Podemos. Ratifica pues la sentencia de septiembre de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declaró culpable al magistrado de la Audiencia de Las Palmas de los delitos de prevaricación, falsedad y cohecho durante el tiempo en que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, una vez tomó posesión como parlamentaria.
Además de las penas de prisión e inhabilitación para el cargo público de juez, con pérdida definitiva del cargo que ostenta, el TSJC le impuso el pago de una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil.
En aquella sentencia, que el Supremo ha hecho firme, el TSJC declaró probado que Alba manipuló una investigación al empresario Miguel Ángel Ramírez –por acusaciones por supuesto fraude a la Seguridad Social– y que había dirigido Rosell antes que él. El fallo relata como, siendo instructor del caso, Alba citó al empresario a una reunión en su despacho sin que fueran informados de ella ni el Ministerio Fiscal ni las partes acusadoras. Al tiempo que dio instrucciones a la seguridad del edificio judicial para que Ramírez pudiera acceder al parking del mismo y a través de la zona reservada. El objetivo, según la sentencia, era: trasladarle su intención de conseguir pruebas que demostrasen que Rosell había asumido la causa a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto. Trataba de evidenciar relaciones comerciales entre Ramírez o su entorno con la Clan de Medios de Comunicación, empresa vinculada a la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa.
Esa conexión –que de existir habría obligado a Rosell a apartarse del caso– había sido ya entonces objeto de una investigación disciplinaria iniciada a instancias de la Fiscalía de Las Palmas tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. las resoluciones de ambas fueron favorables a la juez.
En su sentencia, el TSJC afirma que en aquella reunión entre el juez y el empresario, se pactó introducir datos y documentos en el curso de una declaración que acordó practicar. La finalidad principal, estimaron los magistrados, no era interrogar al imputado, «sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción». El Supremo ratifica ahora ese parecer.
El Supremo da por bueno que Alba «torció» el procedimiento para obtener de forma ilícita pruebas que pudieran incriminar a Rosell, incluso ofreciendo al empresario imputado la posibilidad de archivar su caso.
Se trata de «una sentencia magnífica», señaló ayer a Efe la magistrada en excedencia y actual delegada del Gobierno de España para la Violencia de Género, pero que sin embargo «no puede repararlo todo y menos el daño causado» en su entorno y en el de la familia. A su juicio, el Consejo General del Poder Judicial debería ahora «expulsarlo de la carrera» para que no vuelva «a abusar del poder con la toga puesta y desde un tribunal».
«Echando la vista atrás, pienso en todos los medios que publicaron sin confirmar ni contrastar los documentos manipulados por Alba y que acabaron en manos de Soria [entonces ministro de Industria en el gobierno de Mariano Rajoy y presidente del PP en Canarias], quien aún no ha explicado cómo era posible que su querella, que fue la que provocó mi dimisión [como diputada de Podemos en el Congreso], fuera una copia exacta de un documento judicial de Alba dirigido al fiscal, un documento reservado», subrayó Rosell.
Las celebraciones por la condena en firme a Alba se sucedieron, desde el momento en que se conoció la noticia, por parte de los dirigentes de Podemos a través de las redes sociales. Para la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, «el daño causado a Rosell y la democracia probablemente es irreparable, pero hoy comienza a hacerse justicia». Y destaca la «valentía» y «perseverancia» de la delegada del Gobierno.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, también subrayó que «el dolor y el daño» causado por el juez Salvador Alba, que «fabricó» pruebas falsas contra la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, no se va a reparar nunca, pero «a ojos de todo el mundo» él es un juez corrupto que trató de quitar el escaño», de «arruinar» y hacer la vida de Rosell «un infierno» y que ha causado un «enorme dolor y sufrimiento».
