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Meri Pita lleva a la Fiscalía el ‘dictamen Spanair’ tras negarse el Congreso

La expresidenta de la Comisión de Investigación del accidente aéreo decide tomar la iniciativa a título personal tras decidir la Mesa que la medida «no se ajusta a derecho»

Meri Pita registra ante la Fiscalía el dictamen de la Comisión de investigación del accidente de Spanair. E. D.

Siete meses después de que se aprobara en el Congreso, el dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair por fin está en manos de la Fiscalía General del Estado. No han sido ni la Mesa del Congreso ni la propia presidenta de la cámara, Meritxell Batet, quienes han tomado la iniciativa en los términos en que se recogía en el documento final aprobado, sino la que fuera presidenta de la comisión parlamentaria de investigación, la diputada canaria de Unidas Podemos Meri Pita, quien de esta forma deja en evidencia a la propia institución por no haber dado curso a una de las principales recomendaciones que incluía el documento.

Meri Pita registró a título personal el miércoles el dictamen de la Comisión ante la Fiscalía para que ésta determine si, como señalan las conclusiones del documento, se pudieran derivar responsabilidades penales por las «conductas negligentes» que provocaron el «fallo sistémico» que dio lugar al accidente y a la muerte de 154 personas, además de 18 heridos, aquel 20 de agosto de 2008 en que el avión de Spanair se estrelló durante la maniobra de despegue en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Las supuestas «negligencias» corresponderían, según las conclusiones de la comisión, a un total de 17 personas, entre ellas todos los principales responsables políticos del entonces Ministerio de Fomento, incluida la ministra, Magdalena Álvarez, además de varios directivos de la ya desaparecida aerolínea Spanair, y a la constructora del avión, la compañía norteamericana Boeing.

La diputada canaria explica en un sucinto comunicado tras registrar ante la Fiscalía el resultado de la investigación parlamentaria que entre las recomendaciones aprobadas en el dictamen se recoge literalmente la de que «al existir dentro de la investigación realizada por esta Comisión elementos que pudieran arrojar conductas negligentes recomendamos remitir el contenido y resultado a la Fiscalía General del Estado para su análisis y en su caso para que proceda a las actuaciones que considere pertinentes». Y añade que «al no haber asumido esta recomendación la Mesa del Congreso, entiendo que como diputada y como presidenta de la Comisión durante las dos últimas legislaturas, tenía la obligación de remitirlo a los efectos que la Fiscalía considere pertinentes».

No ajustado a derecho

Pita recuerda que la Comisión concluyó sus trabajos el 22 de abril de 2021 con la emisión del correspondiente dictamen, aprobado por el pleno por 219 votos a favor, 121 en contra y 5 abstenciones.

Se desmarcó de ese apoyo mayoritario el PSOE. Los socialistas presentaron un voto particular basado en el informe jurídico del letrado de la Comisión, alegando que los términos con los que se apuntan «supuestas conductas negligentes» por parte de algunas o de todas las personas que aparecen en la lista de responsables elaborada por la Comisión es de una «gravedad extrema». También consideraba que el informe sobre la investigación «contiene disposiciones jurídicamente cuestionables», dando por hecho que algunas de las personas mencionadas presentarían un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) por vulneración de derechos.

Estos reparos de los servicios jurídicos a referirse de manera directa a personas como supuestas responsables del accidente es lo que ha llevado a Batet a no dar curso a la recomendación de trasladar el documento a la Fiscalía tras haberlo discutido en la Mesa del Congreso hace algunas semanas a propuesta de Vox, donde la mayoría del órgano de gobierno de la Cámara lo desestimó «por entender que no se ajustaba a derecho», según fuentes parlamentarias. Llama la atención en este sentido el hecho de que pese a que en la Mesa hay una mayoría de representantes de los grupos que apoyaron el dictamen, y por tanto su remisión a la Fiscalía, la decisión fue contraria a la que respaldaron en los debates parlamentarios y en la votación del propio documento.

El dictamen sostiene, entre otros puntos, que fallaron los servicios de emergencia del aeropuerto de Barajas, donde se produjo el accidente del aparato al tratar de despegar con destino a Gran Canaria, y que ello impidió atender correctamente a los supervivientes; que hubo irregularidades en la prórroga del certificado de aeronavegabilidad del avión; que el informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) sobre las causas y circunstancias del siniestro contiene fallos y deficiencias en sus conclusiones, en la que sólo atribuye el accidente al error de los pilotos; se solicita que se vuelvan a investigar «hechos sin esclarecer» y que de esa investigación se excluya precisamente a la Ciaiac, único ente acreditado oficialmente para hacerlo.

Apunta también a la situación económica de Spanair, que quebró solo unos meses después, como determinante de las circunstancias que provocaron el siniestro; e incide en la responsabilidad de Boeing como fabricante del avión por no notificar las averías que el mismo modelo, el MD-82, había sufrido en otros aeropuertos del mundo. La Comisión respaldó también la tesis de que el sistema falló de forma previa y posterior al accidente, y atribuyó la responsabilidad del «fallo sistémico» a los encargados de «establecer, evaluar, evolucionar, comprobar y corregir las debilidades del sistema con los medios que el Estado pone a su disposición».

Es en este punto donde cita los nombres de quienes en la fecha del accidente ocuparon puesto de responsabilidad que incluye, además de la ministra Magdalena Álvarez (PSOE), otros doce altos cargos de Fomento, AENA, el Aeropuerto de Barajas, Agencia de Seguridad Aérea, responsables de la CIAIAC, así como de las compañías Spanair y Boeing. También a la aseguradora Mapfre, por el sistema de indemnización aplicado a las víctimas y familiares.

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