Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Consejo de Gobierno | La estabilización del empleo público

Los concursos de interinos serán en las mismas fechas para evitar ‘fugas’

La nueva ley faculta al Estado, comunidades y ayuntamientos a coordinarse ante el temor de que haya trasvases de personal entre administraciones o categorías

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, (sentado) y el presidente Ángel Víctor Torres, ayer. MIGUEL BARRETO (EFE)

El Gobierno central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrán que coordinarse antes del 1 de junio de 2022 para que las convocatorias de los procesos de estabilización de los interinos se realicen en las mismas fechas y con medidas similares para evitar en lo posible la movilidad y los trasvases de personal de una administración a otra o de una categoría a otra. Al no ser concursos restringidos existe el temor de que haya funcionarios que presenten sus méritos para ir a otra comunidad o para cambiar de categoría o administración, lo que perjudicaría a los empleados que optan a quedarse fijos en las plazas que llevan ocupando durante años.

La ley de reducción de la temporalidad en el empleo público se aprobará en el pleno del Congreso de la próxima semana. En el apartado 4 del artículo 2 establece que los procesos selectivos «podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas en el desarrollo de los mismos».

El Gobierno central exigirá un informe anual de la situación de la temporalidad para controlar la tasa

decoration

El texto también recoge medidas para evitar que la tasa de interinidad en el sector público se dispare de nuevo, ya que ahora ronda el 30% de media a nivel nacional y el 40% en Canarias. Por ello el Ministerio de Hacienda y Función Pública realizará un informe anual de seguimiento de la temporalidad en el empleo público y en el mismo tanto los gobiernos autonómicos como los ayuntamientos y cabildos tendrán que remitirle la situación de la temporalidad en cada administración. Este informe se remitirá después al Congreso.

La ley también recoge que las plazas de estabilización serán no solo para los funcionarios interinos sino también para el personal laboral indefinido por sentencia no fijo, figura muy arraigada en las administraciones canarias ya que muchos trabajadores de los ayuntamientos y cabildos y una buena parte del personal de la Administración General autonómica entran dentro de esta categoría. La norma incluye en los procesos que se tienen que cerrar antes de finalizar 2024 a las plazas de las convocatorias que se habían autorizado en las leyes de presupuestos de 2017 y 2018 y también las de Sanidad y Educación, una vez que estos dos ámbitos de la Administración se adapten a los requisitos de la ley en sus respectivos marcos regulatorios.

El Ejecutivo canario se compromete a «pisar el acelerador» desde que se apruebe la norma 

En relación con la ley estatal, el consejero de Administraciones Públicas del Ejecutivo regional, Julio Pérez, dijo ayer que el texto arroja «luz» para encontrar una solución. En la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno destacó que su aprobación en comisión parlamentaria es una «información esperanzadora» porque en el texto se recogen muchas de las propuestas de Canarias. «Estamos obligados a esperar y estar atentos al desarrollo de las normas estatales porque el desarrollo lo efectuarán las comunidades autónomas y pueden solucionar parte del problema del personal, y si no se soluciona, lo complementaremos con nuestras propuestas».

En esa línea, indicó que mantienen contacto continuo con los sindicatos y valora el cambio de posición de la plataforma de médicos, y aseguró que el Gobierno «pisará el acelerador» una vez que la ley entre en vigor. Sin embargo, el comité de huelga de la Administración General continúa con las movilizaciones porque desconfían de la ley y exigen una solución específica para el ámbito autonómico canario.

Compartir el artículo

stats