El Gobierno de Canarias batalla en estos momentos con el Ejecutivo central para lograr un traspaso del ordenamiento y la gestión del litoral de las Islas homologable al que en su día se hizo con las dos únicas comunidades autónomas a las que el Estado ha trasferido al completo esta competencia, Cataluña y Canarias. Tras un año de negociaciones estas están encalladas porque la oferta que el Ejecutivo regional ha recibido del Estado está por debajo de lo que se reconoció en su momento para las comunidades catalana y andaluza. Una y otra disponen de una amplia capacidad de decisión sobre el planeamiento del litoral.
El propio Torres reconoció el martes en el Parlamento regional que una de los aspectos en disputa con los ministerio de Política Territorial y de Transición Ecológica, con los que se negocia el traspaso, tiene que ver con los límites que se quieren imponer a la comunidad autónoma para las actuaciones en la costa amparándose en la legislación básica del Estado que retiene para la Administración central, de una parte, la delimitación del dominio público marítimo-terrestre y, de otra, las obras e infraestructuras consideradas de interés general.
Asimismo, el Gobierno central mantendrá la legislación básica de las costas, por lo que Canarias tendrá que ajustar sus actuaciones a lo que marca la ley estatal en este ámbito, al igual que sucede en otro tipo de competencias transferidas.
En la oferta estatal para el desarrollo del artículo 157 del Estatuto de Autonomía, donde se recoge que la ordenación y gestión del litoral será de competencia autonómica, se pretende mantener un mecanismo de control muy estricto sobre la capacidad regional para autorizar y gestionar actuaciones en la costa –bajo los condicionantes de respeto al régimen general de dominio público–, y en la ejecución de obras en el litoral que Madrid considere de interés general, y que quedarían fuera de las transferencias. A modo de vigilancia, el Gobierno central insiste en impone un informe preceptivo, que debe emitir la dirección general de Costas, para las autorizaciones a las que Comunidad Autónoma haya dado el visto bueno.
CC ve «injustificable» el retraso de las transferencias y no ve creíble que se produzca en enero
El otro punto de fricción entre el Gobierno regional y los ministerios de teresa Ribera y Isabel Rodríguez se refiere al régimen sancionador contra las actuaciones que no respeten las condiciones de cesión del terreno costero o de las actividades autorizadas en él. Ambas partes discuten en este sentido el deslinde sobre cuál de las administraciones debe tener capacidad de sancionar, así como el importe de esa sanciones. En ambos casos, el del control del planeamiento y el del régimen sancionador, Canarias exige tener unos márgenes de decisión homologables a los casos de Cataluña y Andalucía, donde la transferencias se aprobaron hace años con amplias competencias al respecto.
La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias confía en concluir las negociaciones en la última reunión de la comisión técnica, antes de fin de año. La fecha del encuentro, no obstante, está a la espera de que la dirección general de Costas termine de analizar la última propuesta remitida por la administración autonómica. El objetivo es que el traspaso sea una realidad a principios de 2022, según insistió ayer el consejero regional, José Antonio Valbuena, quien aseveró que su departamento «no va a renunciar a tener las mismas competencias que sí se han transferido desde el Estado a otras comunidades».
«Aún quedan por depurar algunos aspectos técnicos como la potestad sancionadora en dominio público, aunque se han logrado importantes avances y consensos en otros apartados como las concesiones de los servicios en playas (incluyendo autorización de eventos), las autorizaciones en el dominio público de pequeña y mayor entidad o las concesiones para usos en la servidumbre de tránsito y los accesos al mar, así como en su zona de influencia», añadió Valbuena. El equipo de trabajo de la Consejería ha celebrado más de una decena de encuentros internos y con asesores externos para analizar las propuestas recibidas hasta el momento y la evolución de estas negociaciones, explicó.
El País Vasco, a la espera
La primera de las comunidades autónomas en recibir estas competencias fue Cataluña en dos tramos diferentes, primero en octubre de 2007, y posteriormente a través de una ampliación de dicho traspaso en agosto de 2008. La otra región con esta competencia traspasada es Andalucía, que la recibió en enero de 2011. También está pactada para el País Vasco entre los Gobierno central y el de esa comunidad en el marco de los acuerdos del año para el desarrollo del Estatuto de Guernica.
Sí hay acuerdo en la cesión de las concesiones de servicios y eventos en las playas
Por otra parte, CC advirtió ayer que el retraso en la transferencia de las competencias de costas «no es casual, sino que es fruto del desprecio del Gobierno estatal a las Islas y del silencio del presidente canario, Ángel Víctor Torres». El secretario general de organización nacionalista, David Toledo, señala este como «uno más de los incumplimientos, junto al impago de la sentencia de carreteras o a la vulneración constante del REF y Estatuto de Autonomía, de un Gobierno que ningunea al Archipiélago mientras el Ejecutivo canario agacha la cabeza y le aplaude».
Toledo calificó de «injustificable» que ni siquiera se haya producido la reunión técnica de la comisión entre los ministerios de Política Territorial y Transición Ecológica y la Comunidad Autónoma, previa a la Comisión Bilateral Canarias-Estado para iniciar un procedimiento que «prometieron estaría culminado a comienzos del pasado mes de verano». Asegura que la nueva fecha, enero de 2022, dada por Torres para la firma «no es creíble porque en abril dijo que estaría en junio y en octubre que se firmaría antes de final de este año».
El dirigente nacionalista denunció el fracaso en la negociación «si en el acuerdo para la transferencia de competencias siguen quedando para el Estado la capacidad sancionadora y el planeamiento de las intervenciones en el litoral, lo que supondría», apuntan, «una tomadura de pelo para las Islas, ya que, el Estatuto de Autonomía es claro y recoge que la ordenación y gestión del litoral canario debe ser competencia de la Comunidad Autónoma». Toledo exigió «un giro de 180 grados en las negociaciones» y reclamó al Gobierno regional que «se imponga y no permita que el Gobierno del Estado siga obligando a esta tierra a dar pasos atrás en los fueros canarios».
