Nuevo retraso en el calendario inicialmente previsto para el traspaso a Canarias de las competencias en gestión del litoral por parte del Estado. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer en el Parlamento regional que todavía existen diferencias con los ministerios implicados, el de Política Territorial y, sobre todo, el de Transición Ecológica, actual titular de las competencias, e implícitamente que esas discrepancias son de calado. Según explicó, la negociación está centrada ahora en el reparto entre ambas partes sobre la capacidad sancionadora para los casos de incumplimiento de la normativa, y el de poder seguir marcando el planeamiento de las intervenciones en la costa.
Con todo, Torres aseguró que las negociaciones siguen avanzando y que espera que antes de final de año se celebre una reunión de la comisión técnica de los dos ministerios implicados y del Gobierno de Canarias para cerrar los términos en que finalmente se produzcan las transferencias, y poder firmarlas en la Comisión Bilateral Canarias-Estado en el mes de enero una vez no pudo hacerse en la otra «ventana» de oportunidad el pasado mes de junio.
El presidente regional no dio más detalles sobre la naturaleza de las diferencias con el Gobierno central y aparentemente no se mostró ayer preocupado por el enrocamiento del Estado en dos aspectos fundamentales de la gestión del litoral en los términos en que se recoge en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018. Enero, no obstante, ya es el plazo ‘límite’ para el traspaso de competencias cuya negociación se inició en abril con la idea de cerrarla antes del verano.
También es verdad que se han acumulado los contratiempos a salvar. Primero el cambio de titular en el ministerio en julio con la sustitución de Iceta por la actual ministra, Isabel Rodríguez, y posteriormente la emergencia en La Palma por la erupción volcánica trastocaron el calendario para el acuerdo. Con todo, el Ejecutivo regional está convencido de que están ya en la recta final para que el año no acabe sin un acuerdo.
¿Dónde están las discrepancias? Fuentes de la consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial que dirige José Antonio Valbuena, principal negociador canario, apuntan que uno de los aspectos en discordia es la interpretación sobre el alcance de los informes preceptivos que debe realizar la dirección general de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, sobre las actuaciones en el litoral una vez que la competencia esté traspasada.
El Estado pretendería mantener capacidad de decisión en muchas actuaciones en la línea de costa amparándose en el ‘interés general’. Y es que el 157 del Estatuto de Autonomía referido a la Ordenación y Gestión del litoral señala que será competencia de la Comunidad Autónoma «la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general». Determinar dónde acaba y dónde empieza ese interés general es el quid de la cuestión.
Nueva Canarias, principal socio de Gobierno del PSOE en el cuatripartito, no oculta su inquietud al respecto. El diputado Luis Campos insistía ayer en la Cámara regional en que en el Estatuto aprobado en 2018 queda claro que las competencias en la gestión y el planeamiento del litoral serán traspasadas a Canarias «salvo casos muy específicos». Ponía el ejemplo de las actuaciones en los puertos, que son infraestructuras de interés general y donde se entendería que el Estado pudiera tener capacidad de decisión en las actuaciones que le afecten de manera singular. «Pero a partir de ahí, nos lo tendrán que explicar muy menudito para que nosotros asumamos que esa parte del planeamiento la tiene que seguir teniendo el Estado. No tiene ningún sentido. Canarias debe tener capacidad de decidir en el 90 % de la casuística que se pueda dar en la gestión del litoral», entiende Campos. «Vamos a exigir que sea una transferencia llena de contenido, que responda a la filosofía del Estatuto”.
Y es que tras las reticencias de los ministerios a traspasar las capacidades sancionadoras y reguladoras y su intención de llevar a cabo una cesión descafeinada en enero estaría el temor a la manga ancha por parte de la Comunidad Autónoma a las actuaciones en el litoral.
