Canarias es una de las Comunidades Autónomas que tiene mucho que perder y poco que ganar en la reforma del sistema de financiación. En el Gobierno regional son conscientes de ello y llevan meses admitiendo en petit comité lo que su vicepresidente, Román Rodríguez, reconoció ayer en el pleno del Parlamento de forma implícita: al Archipiélago no le viene bien que se abra el melón de la financiación autonómica. El también consejero de Hacienda, en un tono más bien pesimista, avanzó que el Ejecutivo se plantará si la revisión del sistema menoscaba los intereses de Canarias. Un riesgo cierto ante el que casi es preferible «quedarnos como estamos».
El Gobierno regional cree que los fondos para el Archipiélago deberían discutirse de forma bilateral
Lo cierto es que el melón del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que debió revisarse en 2014 –cinco años después de su última reforma– y que, por tanto, está ya caducado, se ha abierto de manera definitiva. Mientras el vicepresidente Rodríguez respondía en la Cámara regional a la diputada y compañera suya en Nueva Canarias (NC) Esther González, ocho dirigentes de otras tantas comunidades, con el gallego Alberto Núñez Feijóo como anfitrión, firmaban en Compostela el bautizado como pacto de Santiago. Un documento en el que estas ocho autonomías exigen que se modifique y mejore el SFA y que el nuevo sistema sea fruto de un acuerdo multilateral entre Estado y comunidades. La traducción de esta exigencia es que estos ocho presidentes, como también los nueve que no han suscrito este pacto de Santiago, quieren más dineros para sus territorios, pero los dineros son finitos. Por eso el debate sobre el SFA es uno de los más encarnizados –son muchos los casos de barones autonómicos del PP y del PSOE que se han enfrentado a Gobiernos de su mismo color político– y por eso siempre hay territorios que salen mejor parados que otros. Siempre hay ganadores y perdedores.
En este escenario, no sorprende que González interpelara ayer al consejero de Hacienda –en una de esas preguntas que los miembros del Ejecutivo piden a los parlamentarios de su partido que les formulen– por la posición de partida de Canarias ante la batalla que se avecina. Román Rodríguez explicó que en el Gobierno no ven con malos ojos que el principal criterio para el reparto de los fondos sea el de la población –entre otras cosas porque la población de las Islas no ha dejado de crecer ni en los años más duros de crisis económica–, «pero siempre que se tengan en cuenta la insularidad, la dispersión, la tasa de desempleo y los índices de pobreza». Y no solo eso. El vicepresidente puso también otras dos condiciones fundamentales para que Canarias dé su sí al nuevo SFA: la primera, que se consolide la supresión de la compensación al Estado por la eliminación del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) –esta compensación se suprimió en 2016 en virtud de un acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias, es decir, al margen del SFA–; y la segunda, que no se dé «ni un solo paso atrás» en la desvinculación de los fondos del REF de los fondos del SFA. Sobre el papel, esto último debe ser asunto zanjado, ya que uno de los grandes logros de la Comunidad Autónoma en los últimos años fue separar los dineros del REF de los del sistema ordinario de financiación. Hasta el acuerdo alcanzado en 2018 se mezclaban, con lo que Canarias perdía en el SFA el equivalente a lo que ganaba en el Régimen Económico y Fiscal (REF), cuando este último es en realidad una herramienta para compensar los sobrecostes por la insularidad y la lejanía.
La situación de las Islas mejora en 2018 de forma notable al separar el REF de los recursos ordinarios
Las singularidades isleñas explican por qué Rodríguez cree que los fondos para Canarias deberían discutirse de forma bilateral y no multilateral, esto es, junto con las demás regiones. El vicepresidente subrayó que el acuerdo «no va a ser fácil» e insistió así en que es preferible «mantener el statu quo».
