La finalización del planeamiento urbanístico y su plena adaptación a la legislación vigente sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de los municipios canarios. Actualmente 32 de los 88 ayuntamientos de las Islas tienen sus planes generales totalmente adaptados a la ley de Ordenación del Territorio, a las Directrices y a los planes insulares, lo que supone el 36% de las corporaciones municipales. Sin embargo ocho de estos ayuntamientos tienen en vigor el planeamiento de forma parcial, con lo que en realidad son 24 los que tienen los planes en su totalidad.
La falta de personal técnico y de medios adecuados, la complejidad de los procedimientos y la sobrelegislación urbanística existente en Canarias han dificultado tradicionalmente que el planeamiento y los usos del suelo estén al día en los municipios de las Islas. La casuística y las particularidades de cada corporación son variadas pero hasta el momento ninguna ley procedente de la Comunidad Autónoma ha impulsado de forma decisiva que el urbanismo municipal esté acorde con los tiempos. La Ley del Suelo aprobada en la pasada legislatura tenía como objetivo descentralizar la planificación urbanística para que los ayuntamientos tuvieran más autonomía en aprobar sus planes generales y así no depender tanto de la Comunidad Autónoma, pero el hecho es que, a día de hoy, poco más de un tercio de las corporaciones municipales han logrado tener todo el proceso completado.
A la complejidad administrativa se unen también los recursos judiciales por los perjudicados en la ordenación del suelo, que dilatan aún más el proceso. Todo se viene abajo cuando la Justicia anula un plan ya aprobado como ha sido el caso en los últimos tiempos de municipios como Teror, Arucas o Santa Cruz de Tenerife. En estos casos los ayuntamientos se ven obligados a retrotraer las actuaciones y volver a revisar el planeamiento para cumplir con las sentencias judiciales.
Una de las modalidades introducidas por la Comunidad Autónoma para acelerar los procedimientos es la opción de los planes supletorios, es decir, es el Gobierno regional –a través de la empresa pública Gesplan– el que desarrolla el planeamiento de un municipio de forma provisional hasta que el ayuntamiento lo haga definitivamente. Hasta 15 consistorios han optado por esta fórmula con una adaptación básica a la ley.
Entre los ayuntamientos que han hecho sus deberes urbanísticos se encuentran grandes como Las Palmas de Gran Canaria; medianos como Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Guía de Isora o Puerto del Rosario, y pequeños como Fasnia, La Guancha, La Aldea, Breña Alta, Betancuria o Agulo.
Los municipios que tienen el planeamiento parcialmente aprobado son El Sauzal, Garachico, Güímar, Guía, Tejeda, Puntallana, Tijarafe y Haría. El caso de Arucas era también de plan parcial pero fue anulado por el Tribunal Supremo hace ahora un año. Un caso llamativo es el de Teror, que se había acogido a un planeamiento supletorio, que finalmente fue anulado por el Supremo pese a los recursos del Gobierno y del Ayuntamiento.
Hay municipios de Canarias donde todavía están vigentes las normas subsidiarias, instrumento territorial anterior a los planes generales. Es el caso de El Rosario, El Tanque, Artenara, Mogán, Moya, Firgas, Barlovento, San Bartolomé, La Oliva, Pájara, Antigua o Valle Gran Rey.
Cambios obligados en La Palma
El planeamiento no es algo inmóvil sino que debe adaptarse a una realidad cambiante. Un ejemplo elocuente será La Palma cuando finalice la erupción del volcán y se evalúe definitivamente el suelo que ha quedado ocupado por la lava, la figura urbanística que tendrá y la recalificación que tendrán que hacer los ayuntamientos de los suelos más cercanos para la población afectada. Según la última información disponible, de los tres municipios más afectados El Paso y Tazacorte tenían sus planes generales totalmente aprobados y adaptados a las leyes y al plan insular, mientras que Los Llanos de Aridane tenía el planeamiento en revisión para adaptarlo a las Directrices con la evaluación ambiental estratégica. Ahora los tres se verán obligados a readaptar su urbanismo a la nueva realidad. | R.A.D.
