En sus brazos sostiene un bebé de apenas cuatro meses. «Mi vida se ha detenido», cuenta A. Esta joven de 17 años fue violada a los 16 y ha tenido que dejar su pueblo en el interior de Mauritania repudiada por todo el vecindario. F. tiene solo 6 añitos y, sentada en una silla donde los pies no le tocan el suelo, recuerda por qué vive encerrada en casa mientras una lágrima le cae por la mejilla. Son cientos las niñas que son víctimas de violencia sexual en Mauritania. Pero el infierno llega después: los agresores siguen impunes mientras ellas son señaladas, culpadas y expulsadas de la escuela.
«Me gustaría volver a clase, jugar como si no hubiera pasado nada», sostiene otra víctima. Conscientes de la gravedad de la situación, las oenegés internacionales, apoyadas por entidades locales, están levantando unidades y centros especializados para atenderlas. Les repiten una y otra vez que ellas no tienen la culpa de nada y sueñan en un día en que estas niñas puedan formarse, trabajar y ser independientes.
Todas las mujeres que han accedido a hablar lo hacen evitando dar su nombre y protegidas desde centros apoyados por Save The Children. No es fácil alzar la voz en un país donde los agresores salen impunes, el aborto es ilegal y las víctimas son calificadas de culpables.
A. vive en el centro El Weffa, en uno de los barrios populares de Nuakchot. La agredieron en 2020, cuando tenía 16 años. «Era una fiesta de cumpleaños y un chico me dio una bebida relajante... para después forzarme», recuerda. Al descubrir que estaba embarazada, su familia quiso casarla con él. Pero el agresor se negó. Desde entonces vive repudiada por su comunidad y se ha tenido que mudar hasta la capital del país para intentar empezar una nueva vida. Se acabó la escuela y salir de casa sin ser señalada.
El centro donde vive A. está gestionado por la Asociación Mauritania para la Salud de la Madre y la Infancia (Amsme). Solo el año pasado atendió a 350 niñas víctimas de violencia sexual. Entre ellas, una pequeña maliense que fue violada por un policía en el campo de refugiados de Ambera. «La mayoría de las víctimas tienen 12, 13 o 14 años», cuenta la directora de la institución, Siham Hamadi. ¿Hay un perfil de agresor? «Están en todos lados: en los taxis, en las escuelas, en las mezquitas...», suspira. En este centro las menores tienen acceso a la pastilla del día después, reciben clases de árabe para dejar de ser analfabetas y hacen talleres, como por ejemplo de jabones, para contar con un poco de dinero a final de mes.
Un despachito con una camilla sirve de consultorio médico. «Muchas niñas llegan un mes después de la agresión. En muchos de los casos el dinero de Save The Children sirve para pagar cesáreas: sus cuerpos aún no están preparados para dar a luz», cuenta la matrona, Aichetou Mbareck. ¿A las víctimas que usted examina les han practicado la mutilación genital? «A todas. Teóricamente está prohibido, pero las familias se las llevan a las aldeas y la practican. Y esto genera todo tipo de problemas e infecciones», confiesa Mbareck.
Unidad especializada
A pesar de todo, la voz de las víctimas se va levantando en varios lugares del país. En el Hospital de Nuadibú, Save The Children y Médicos del Mundo han impulsado la creación de la USPEC, una unidad especializada en atención de víctimas de violencia sexual. Entre sus pacientes está una niña de 6 años, hija de un pescador senegalés que se mudó a Mauritania buscando un trabajo en el mar. Hace tan solo un mes la niña salió de casa para repartir comida en el vecindario. «Al volver no quería entrar. Solo decía que quería orinar y no podía. Luego vi que estaba llena de sangre», explica la madre en wolof. La menor sigue en shock, no pronuncia palabra pero una lágrima le cae por de la mejilla. Sentada en la silla, mueve los piececitos, que no le llegan al suelo. «Desde aquello no sale de casa, la gente solo se pone a preguntar y a señalarla», prosigue la madre.
«En el fondo, las condenadas parecemos nosotras, parece que viva en una cárcel», explica una niña también atendida por esta unidad. A ella la forzó el que se suponía que era su novio, pero quiso esconderlo hasta que la barriga de embarazada la delató. Un mes después de dar a luz, solo repudia la vida que le espera. «Mis amigas sé que chismorrean de mí a la espalda, yo solo quiero volver a estudiar, volver a jugar... como si esto no hubiera ocurrido». Esta unidad ha atendido a 123 víctimas, de las cuales tres son niños varones.
«La mayoría son niñas entre los 12 y los 15 años», explica la asistenta psicosocial Ramata Kane. «Ellas siempre prefieren esconderlo, y cuando llegan aquí ya ha pasado un mes desde la violación. En su cuerpo apenas hay pruebas que demuestren la agresión... es muy complicado», señala Kane. «¿Sabes qué nos ayudaría? Construir un centro de formación donde pudieran traer a sus hijos, donde pudieran estudiar, formarse, aprender oficios... ojalá lo consigamos», sueña Kane.
Sin sanidad gratuita
También en Nuadibú un centro de protección financiado por Iberdrola y gestionado por Save The Children, atiende a niños y niñas vulnerables. Aquí han logrado seguir estudiando varias víctimas de agresiones sexuales. «Me quedé a solas en casa de un amigo de una tía de mi madre, me dio un golpe en la cabeza y abusó de mí durante horas», relata una chica de 15 años. Por culpa de aquella lesión, tiene repentinas crisis nerviosas que le paralizan la mitad del cuerpo.
Por si fuera poco, en el país la sanidad no es gratuita ni universal, y la educadora social del centro pide una solución desesperada. Una compañera suya fue atacada en 2020 cuando tenía 13 años. Cinco hombres la violaron en la arena de la playa amenazándola con un cuchillo durante horas. Incluso llegó a perder el conocimiento. «No tengo ningún problema en decir que soy una víctima. No merezco sufrir vergüenza y la sociedad tiene que saber que yo no soy la culpable», dice. Sueña con volver a estudiar, ser peluquera y literalmente «no depender de ningún hombre».
