Las negociaciones entre el comité de huelga del personal interino de la Administración autonómica y el Gobierno regional continúan en caminos divergentes y suben el tono al rojo vivo. El comité de huelga, que integran los sindicatos mayoritarios en este sector Sepca, Intersindical y Cobas, no solo rechaza el acuerdo nacional en ciernes para convertir en fijos a los trabajadores temporales que llevan como mínimo cinco años trabajando en la Administración sino que acude a la vía judicial contra el Gobierno de Canarias. En los próximos días interpondrán una demanda ante los tribunales por el incumplimiento del acuerdo al que se había llegado con el Ejecutivo regional en abril, y donde se establecía que había que garantizar la permanencia laboral de todo el personal interino en abuso de temporalidad -4.000 en la Administración autonómica-, y como mecanismos fijaba dos grupos de trabajo para realizar este proceso. El acuerdo, un documento «con validez jurídica», precisan, establecía como «fecha tope el verano» para definir qué se haría a fin de garantizar la continuidad en los empleos de estos trabajadores con al menos tres años de antigüedad.
Para los interinos, el Gobierno canario ha dilatado llevar a efectos prácticos este acuerdo porque «no tiene voluntad de negociación», pese a que cuenta con competencias para solucionar la situación de estos trabajadores. Lo que ha hecho el Gobierno canario, censuran, es esperar a una ley estatal que aún está sin perfilarse y que no les convence, porque el acuerdo rubricado el pasado jueves por el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV « es un retroceso» con respecto a lo que estaba pactado en las Islas, que fijaba tres años, y además es inconcreto y no contempla, entre otras cuestiones, a los laborales interinos.
«Va a recibir una lluvia de impugnaciones» si sale adelante, sostiene uno de los portavoces del comité de huelga, a su vez dirigente de Sepca (Sindicato de Empleados Públicos de Canarias).
Petición de cese
El tiempo ha pasado y la voluntad de negociación del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, y del viceconsejero Manuel Martínez «es cero», sentencia el comité de huelga de los interinos. En el caso de Manuel Martínez piden, incluso, «su cese por desconocimiento e incapacidad» en este proceso negociador.
Por ello, exigen paralelamente la mediación del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, al que emplazan a que convoque al comité de huelga a una reunión y sea él en persona el que suscriba un compromiso por la permanencia de esos empleados que llevan, en muchos casos, veinte años en la Administración sin que se les garantice su empleo. «Después de varias veces en que ha intentado engañarnos y darnos largas, ya no nos vale como interlocutor el consejero Julio Pérez», condena Manuel González.
Los representantes del comité de huelga esperaban no llegar a judicializar el proceso, pero en vista de que no hay negociación y en base a sus informes jurídicos van a demandar al Gobierno canario por incumplimiento del acuerdo suscrito en abril para materializar su continuidad laboral. Creen que hay «mala fe negociadora del Gobierno de Canarias» en sus relaciones con los afectados, porque, si bien «tiene en sus manos solucionar el conflicto», no lo ha hecho sino que, por el contrario, «intenta dilatarlo de forma intencionada» con el propósito de dejar en manos del Estado la decisión de qué pasará con esos empleados, asevera otra portavoz del comité de huelga y representante del sindicato Cobas, Delia Déniz.
Sobre el acuerdo estatal insisten en que aún «hay que ver la letra chica» y, además, recalcan que Canarias va por delante -el Supremo establece tres años de temporalidad- y «no se puede ir para atrás en las leyes». Asimismo, sostienen que ese acuerdo está negociándose entre partidos y por lo que se sabe genera «inseguridad jurídica y es muy flojo». «Solo habla de funcionarios interinos y no laborales interinos, deja fuera a personal sanitario y docente, y dan a entender que hacen fijos a quienes llevan cinco años, pero no es así, será un concurso de libre concurrencia», alerta Manuel González.
Estos sindicatos auguran numerosas demandas de personas afectadas o incluso de partidos si sale adelante este acuerdo, porque la ley es básica, no obliga a las administraciones y «las comunidades deberán ponerle el punto, la coma y la letra». «Va a recibir reclamaciones hasta en el carné de identidad», subrayan, y advierten que en siete parámetros, que sepan, es inconstitucional. Hay comunidades que ya han hecho concursos de estabilización con interinos en abuso de temporalidad que se han quedado fuera. «¿Qué se les va decir a ellos», cuestiona Manuel González.
Incluso de desde CC OO, que defiende junto a UGT procesos abiertos para la función pública aunque se tengan en cuenta los méritos de los interinos por el tiempo que llevan -es decir no apoyan la huelga de los trabajadores temporales-, también creen que este acuerdo de los partidos del Congreso «no está exento de recibir reclamaciones» y de generar inseguridad jurídica.
Noticia esperanzadora
Según el consejero Julio Pérez, el acuerdo nacional «es una noticia esperanzadora» y se siguen abriendo oportunidades para que se encuentre una solución, «pero son noticias aún periodísticas y lo importante es cómo quede redactado y, entonces, tendremos una opinión». Pérez espera que los sindicatos acerquen posturas y se llegue a una solución intermedia entre los que defienden procesos de libre concurrencia para las oposiciones y entre quienes piden que los trabajadores que llevan años y años en la administración sean fijos sin oposiciones.
Pérez reconoce que aunque su intención es acelerar el proceso «es complicado» y admite que no tiene una respuesta a por qué la antigüedad para hacer fijos a los interinos se pone en cinco años -en ese acuerdo estatal- y no en tres como piden desde Canarias y estaba pactado.
En cualquier caso, afirma que sigue con la idea de buscar «una solución específica para Canarias» como se comprometió en el Parlamento. Asevera que quiere trabajar en dos líneas distintas: «aprovechar la oportunidad nacional, pues siempre se requerirá una ley estatal porque tiene más garantías jurídicas, y si hay alguna solución singular para Canarias que complemente intentaremos avanzar en ella».
Para el comité de huelga estas manifestaciones del consejero son «un brindis al sol» y vacuas de un contenido claro que cumpla con el acuerdo alcanzado en abril. Supone «una flagrante tomadura de pelo» del Ejecutivo a los trabajadores a los que «sigue tratando con desprecio, sin tomarlos en serio, después de que llevan sirviéndolo años y años y acusan ya el desgaste de once meses de huelga» que han perjudicado a muchos, pues entre ellos «cada vez hay más casos de gente con depresión y otros problemas de salud» provocados por la inquietud en que viven, sostiene el portavoz Manuel González. Los interinos van a continuar con sus paros y protestas.
Sentencias favorables a la continuidad laboral
Mientras el Ejecutivo canario está ganando tiempo hasta que el Congreso de los Diputados apruebe la nueva ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, marco normativo básico para las comunidades autónomas, el comité de huelga del personal interino de la Administración autonómica exige una solución basada en el acuerdo alcanzado en abril en Canarias para garantizar su permanencia, que se sustenta además en la primacía del Derecho europeo sobre el ordenamiento jurídico español, a la hora de estabilizar al personal interino y garantizar su continuidad, sin que esté afectado por las ofertas públicas de empleo. La más reciente jurisprudencia dictaminada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el abuso de temporalidad en el sector público está ya provocando sentencias en diferentes juzgados españoles que fallan a favor de la supremacía del marco jurídico y legal de la UE sobre el español y declara la fijeza de diferentes empleados públicos que han recurrido a los tribunales para conseguir la estabilidad en sus puestos. En las últimas semanas dos sentencias en Madrid y una en Barcelona no solo dan la razón a los recurrentes, sino que recriminan a las administraciones públicas el abuso de la temporalidad. Los interinos canarios han optado por acudir a los tribunales contra el Gobierno regional.
