Los representantes canarios de Podemos que accedieron al Congreso tras las elecciones de hace justo dos años (10-N de 2019) están siendo protagonistas en los últimos días de la actualidad política y judicial. Por una u otra causa, los tres dirigentes morados de las Islas que han ocupado o están ocupando escaño en la Cámara baja durante la presente legislatura, Victoria Rosell, Meri Pita, que la sustituyó cuando aquella fue nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y Alberto Rodríguez, recientemente inhabilitado como diputado, así como otras que integraron las listas electorales de la formación por alguna de las circunscripciones canarias, están copando páginas de prensa y minutos de telediario y conformando una suerte de enredo político y judicial dentro de la organización. Cuando la marca Unidas Podemos se debate internamente sobre su futura fórmula electoral y, en especial, sobre la candidatura a la presidencia del Gobierno, las que han sido sus figuras canarias más destacadas en el ámbito estatal se encuentran en estos momentos en el foco mediático de la actualidad por razones que escapan a la dirección del partido o del grupo parlamentario, y no relacionadas directamente con el trabajo político para el que fueron elegidos.
La reciente inhabilitación del tinerfeño Alberto Rodríguez y su posterior baja como diputado, ha supuesto de hecho que, en estos momentos, ninguno de los dos cabezas de lista de las circunscripciones canarias, él mismo por Santa Cruz de Tenerife y Victoria Rosell por Las Palmas, ocupe ya un escaño en el Congreso.
Rosell abandonó la Cámara tras asumir el cargo en el Ministerio de Igualdad inmediatamente después de formado el Gobierno de coalición en enero de 2020, con rango de dirección general y por tanto incompatible con el escaño, mientras que Rodríguez ha tenido que hacerlo tras la condena que le impuso el Tribunal Supremo por pegar una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna en diciembre de 2014.
Aunque la pérdida del escaño por parte de Rodríguez se debe a una polémica interpretación y ejecución de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de la también controvertida sentencia del Supremo, lo cierto es que su paso por la Cámara baja se interrumpe tras más de cinco años de icónica presencia y valorado trabajo parlamentario. El tinerfeño se centra ahora en su batalla judicial contra esa sentencia de la Sala de los Penal del Alto Tribunal, a cuyo objetivo su defensa acaba de solicitar un incidente de anulación de actuaciones alegando que se le han conculcado hasta siete derechos fundamentales y falta de imparcialidad que, aunque probablemente no prosperará, resulta imprescindible para defender luego su escaño ante el Tribunal Constitucional.
Más canarios
Aparentemente de manera casual, este nuevo paso de Rodríguez coincide en el tiempo con otro asunto judicial que afecta a Rosell también ante la Sala de lo Penal del Supremo, en este caso siendo ella una de las demandantes, junto a la acusación popular ejercida por Podemos, para incrementar de seis años y medio a diez la pena impuesta en su día por el TSJC al juez de Las Palmas Salvador Alba por conspiración en 2016 para «intentar destruir» a la entonces diputada por Las Palmas.
No deja de ser llamativo que ambos ex diputados canarios de Unidas Podemos coinciden en este momento, en casos que en nada tienen que ver y en momentos procesales distintos, ante el Supremo y, en concreto, ante otro canario como es el caso del presidente de la sala judicial que tramita ambos casos, como el controvertido magistrado Manuel Marchena.
Mientras Rodríguez y Rosell pleitean ante el Supremo, la bancada de Unidas Podemos en el Congreso está viviendo a su vez días revueltos que afectan a los escaños canarios. El más importante es ese asiento que la formación mantiene vacío tras la pérdida del acta de diputado por parte del exparlamentario de las rastas en espera de que alguna de las personas que le seguían en la lista electoral acepten ocuparlo.
Desbarajuste parlamentario
Aunque en un principio hubo un intento deliberado por parte de los morados de mantener ese escaño sin ocupar durante un tiempo, que incluyera la votación de las enmiendas de totalidad a los presupuestos estatales de 2022, como gesto de protesta contra la inhabilitación de Rodríguez, ahora ese asiento vacío es ya una herida abierta en la exigua mayoría parlamentaria que respalda al Ejecutivo y cada vez es mas imperativo darle uso político y numérico.
Tras la renuncia formal a ocupar el escaño de la número dos de la lista por Santa Cruz de Tenerife, Fátima Gómez, que el viernes remitió el escrito formal en este sentido a la Junta Electoral Central, ahora queda que haga lo propio la número tres, Patricia Mesa, si, como parece, ella también ha comunicado su negativa a ir al Congreso. Todo parece indicar, según fuentes de la organización, que será la número cuatro, María del Cristo González, la que acabará ocupando un asiento cuya utilidad política y social está en estos momentos en suspenso, dejando a esos 64.000 canarios que votaron a UP en la provincia occidental sin su representante en el Congreso.
Pero el rosario de incidentes en torno a los diputados, exdiputados o futuros diputados canarios de la formación morada no acaba aquí, porque la parlamentaria por Las Palmas, Meri Pita, que sustituyó a Rosell cuando ésta se marchó al Gobierno, ha sido una de las escasísimas fugas de los dos partidos que conforma el Gobierno, en la votación del pasado jueves para la renovación de dos magistrados y dos magistradas del Constitucional. Pita, en concreto, ha sido la única que votando «en conciencia» y rompiendo la disciplina de partido no ha apoyado al candidato del PP Enrique Arnaldo.
La actitud de Pita no ha sorprendido sin embargo a algunos sectores de su partido, quienes recuerdan su alejamiento de la organización en Canarias. Es, en todo caso, un elemento más que ayuda a conformar un cuadro de desbarajuste en el seno del grupo parlamentario y de la propia formación morada en este ecuador de legislatura.
