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Función Pública | Acuerdo para la estabilidad laboral en la Administración

El Gobierno de Canarias tiene hasta junio para convocar las plazas de los interinos

La Comunidad Autónoma debe estabilizar los puestos de 26.000 empleados públicos en dos años | La fractura sindical pone cuesta arriba las negociaciones

El presidente Ángel Víctor Torres (izquierda) y el consejero Julio Pérez, en un pleno del Parlamento. Andrés Gutiérrez

El Gobierno canario ha recibido favorablemente el acuerdo político al que llegaron en el Congreso PSOE, Podemos, ERC y PNV para dar estabilidad a los miles de interinos que llevan más de cinco años en su puesto a través de un concurso de méritos. Ahora el reto de articular el proceso selectivo y determinar las bases está en manos de la Comunidad Autónoma, que tiene en su contra unos plazos reducidos a los que España se ha comprometido con la Unión Europea y el conflicto laboral protagonizado por el personal interino de la Administración General, que ha supuesto una fuerte división entre los sindicatos con los que tendrá que negociar el Gobierno. Antes de junio la Comunidad Autónoma tendrá que convocar las ofertas de estabilización y en dos años reducir la temporalidad del 40% actual al 8%, nada menos que 26.000 puestos de trabajo a consolidar.

«Es el principio del fin de un problema de demasiado tiempo», señaló ayer el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. En este sentido indicó que «es un avance» que el plazo fijado en el decreto inicial para la estabilización de este personal se reduzca a la mitad y la ley esté aprobada antes de que acabe el año. Ahora, comentó, se tiene que abrir otro proceso para convocar las ofertas antes del verano y después negociar las bases de las convocatorias. Torres subrayó que este acuerdo ahora se debe cerrar en las mesas de negociación con los trabajadores públicos –hay un año de plazo para adaptarse– y aunque «no va a satisfacer a todos», confía en que se alcance un acuerdo definitivo «y por ley».

«Es el principio del fin de un problema de años, ahora hay que negociar pero no va a satisfacer a todos»

Ángel Víctor Torres - Presidente del Gobierno

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El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, también se refirió ayer a este acuerdo en el Parlamento. Trujillo afirmó que la fijeza para los interinos con cinco años en la plaza «va a ser la vía para dar solidez y seguridad» y solucionar el abuso de temporalidad, una situación que «al mil por mil comparto que hay que cambiar». El consejero añadió que el Gobierno de Canarias ha dejado claro a las plataformas que defienden a los empleados con exceso de temporalidad que la solución no pasa por una ley autonómica, e incluso la normativa que a tal efecto aprobó el País Vasco fue declarada inconstitucional. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ayer en las Cortes para dar fijeza a los interinos con cinco años en la plaza sin necesidad de pasar por una oposición «es el marco que nos va a permitir resolver este asunto, es el camino para que se vaya abriendo paso y se dé una solución con una ley promovida por el Gobierno de España», apostilló Trujillo.

La enmienda que establece este nuevo proceso excepcional y único para consolidar al personal es complementada por otra en la que se recoge que «las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización así como el nuevo proceso de estabilización deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las administraciones públicas competentes». La finalización es improrrogable, antes del 31 de diciembre de 2024, porque ese es el acuerdo al que ha llegado España con Bruselas para reducir la temporalidad en el empleo público y porque es una de las condiciones comunitarias para seguir transfiriendo los fondos europeos de recuperación.

«Siempre hemos defendido este acuerdo, no se puede engañar a la gente como hacen otros»

Francisco Bautista - Servicios Públicos de UGT

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Pero el Gobierno canario no lo va a tener fácil para negociar las convocatorias después de casi un año de conflicto laboral con los interinos, que ha dejado un rastro de fuertes discrepancias entre la Dirección General de Función Pública y el comité de huelga, por un lado, y un enfrentamiento entre los sindicatos que respaldan la reforma de la legislación estatal –UGT, CCOO y CSIF– y los que respaldan la huelga y una solución propia –Sepca, Intersindical y Co.bas–. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, Francisco Bautista, acusó a los sindicatos del comité de huelga de «engañar» a los interinos porque «han vendido humo durante todo este tiempo, Canarias no puede legislar y dar las plazas así como así». Bautista asegura que los sindicatos que firmaron el acuerdo nacional «siempre hemos dicho la verdad, no se puede mentir a la gente y darles ilusiones que luego no se pueden cumplir».

Bautista asegura que a través de este mecanismo del concurso de méritos garantizan que los tribunales no les tumben los procesos selectivos. Otro logro relevante para el dirigente de UGT es que a partir de ahora habrá sanciones para aquellas administraciones que no cumplan con las convocatorias de ofertas públicas de empleo y dejen al personal interino más de tres años. El derecho a las indemnizaciones es algo también relevante: «Un funcionario interino nunca había tenido derecho a ser indemnizado por muchos años que estuviese ocupando una plaza, a partir de ahora tiene 20 días por año trabajado», añade.

«Queremos procesos restringidos para que todos los interinos se queden, el Gobierno debe ser más claro»

Manuel González - Comité de huelga

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Los representantes del comité de huelga no las tienen todas consigo. El portavoz del Sepca y miembro del comité, Manuel González, cuestiona que la fórmula pactada «no es nueva» y adolece de la principal reivindicación y es que los procesos sean restringidos para garantizar que todos los interinos en abuso de temporalidad permanezcan en sus puestos. «No buscamos que regalen las plazas pero sí que haya suficientes garantías de que los que llevan en abuso de temporalidad más de 10 y 15 años no se queden en la calle», añade el dirigente sindical. Los sindicatos del comité de huelga no se niegan a sentarse en la mesa con el resto de centrales sindicales y el Gobierno cuando se inicie el proceso pero «tienen que ser más claros con lo que quieren hacer, hasta ahora no lo han sido y por eso denunciamos el incumplimiento del acuerdo que se firmó con Función Pública, así no se puede negociar», advirtió.

Las comunidades del PP cargan contra el acuerdo

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP arremetieron ayer contra el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con ERC y PNV para que los trabajadores interinos con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija, sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos. Por su parte, los mandatarios del PSOE han coincidido en valorar positivamente este pacto en materia de Función Pública, aunque algunas de ellas quieren esperar a ver «la letra pequeña». Así se han ido pronunciado varios Ejecutivos autonómicos gobernados por distinto signo político después de que se conociera el pacto alcanzado para reducir la temporalidad en el empleo público. En este contexto, la totalidad de las comunidades autónomas en las que el PP está en el poder –Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León y Andalucía– han salido en tromba para clamar contra este acuerdo. Una de las primeras ha sido la Comunidad de Madrid, que, a través de su consejero, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado este pacto de «extraordinariamente preocupante» y «concesión demagógica». Sin embargo, las regiones dirigidas por los socialistas ven con buenos ojos este pacto para reducir la temporalidad, aunque quieren esperar a conocer las condiciones en las que se plantea.

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