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Victoria Rosell pide elevar a diez años de cárcel la pena al juez Salvador Alba

El Supremo revisa el fallo que condenó al magistrado a seis años y medio de prisión

Victoria Rosell, en primer plano, y Salvador Alba, detrás. Q. CURBELO

El abogado de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la exmagistrada Victoria Rosell, pidió ayer al Tribunal Supremo que eleve de seis años y medio a diez la pena de cárcel para el juez de Las Palmas Salvador Alba por «intentar destruirla» al conspirar para perjudicarla cuando era diputada de Podemos. El Tribunal Supremo celebró la vista de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenó en 2019 a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba por delitos de prevaricación en concurso con cohecho y otro de falsedad en documento público.

En la vista, a la que asistió Victoria Rosell como público, su letrado Antonio Marrero y la abogada Sandra Rodríguez -en representación de Podemos- solicitaron que se cambie el delito de falsedad por un delito continuado de falsificación. Reclamaron, también, que se añada a su condena el delito de revelación de secretos. Así, elevaron su petición de pena de prisión a 10 años: cinco años por el delito continuado de falsificación, tres años por prevaricación en concurso con cohecho, y dos años por revelación de secretos. A ello añaden la pena accesoria de inhabilitación de 11 años para el cargo de juez.

La Fiscalía solicitó que el Tribunal Supremo confirme la sentencia del TSJC, mientras que el letrado de la defensa, Nicolás González Cuéllar, reclamó la absolución de Salvador Alba, al estimar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

En su sentencia, el TSJC declaró probado que Salvador Alba manipuló una investigación de delitos contra la Seguridad Social abierta contra el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Ángel Ramírez, para perjudicar a la jueza que la había dirigido antes que él, Victoria Rosell, cuando esta era ya diputada en el Congreso como independiente en el grupo de Podemos.

La sentencia añade que siendo instructor del procedimiento Salvador Alba se reunió de forma reservada con el citado empresario para expresarle su intención de conseguir pruebas que demostrasen que Rosell había intervenido en la causa a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto, unas supuestas relaciones comerciales entre su pareja, el periodista Carlos Sosa, y las empresas de Miguel Ángel Ramírez. El abogado Antonio Marrero expuso que la intención de Salvador Alba era «destruir profesionalmente» a Victoria Rosell y que para ello citó a solas en un despacho a Ramírez, «lejos de miradas indiscretas» para que intentara recabar pruebas que vincularan comercialmente a la pareja de su representada con el empresario a cambio de procurar el archivo del procedimiento contra él. Añadió que Alba incurrió en falsedad en su informe al Supremo para que se admitiera una querella presentada contra Rosell.

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