La posibilidad de reconvertir al personal interino que lleve más de tres años en la Administración General autonómica en indefinido no fijo está sobre la mesa del Gobierno regional tras la última jurisprudencia dictaminada por el Tribunal Supremo, que cambió su doctrina a raíz de los fallos en tal sentido emitidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este es uno de los argumento utilizados también por el comité de huelga y el Ejecutivo lo está analizando a través de sus servicios jurídicos con el fin de explorar su aplicación para los empleados públicos canarios en situación de abuso de temporalidad.
Aunque la condición de indefinido no fijo no implica la estabilidad permanente del trabajador en la plaza que ocupa, sí le da una serie de beneficios con respecto a la interinidad. En este caso la plaza del indefinido no fijo no la puede ocupar un funcionario o laboral fijo a través de concurso de traslado o promoción interna, algo que sí puede hacerse en una interinidad. El indefinido puede seguir en la plaza sin límite de tiempo hasta que la plaza que ocupa sea ofertada en un concurso oposición y puede presentarse a la misma en libre concurrencia. Asimismo, en el caso de que la vacante sea ocupada por un trabajador ya como fijo el indefinido tiene derecho a ser indemnizado de forma proporcional al tiempo que haya trabajado como en una empresa privada.
El viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, señala que «estamos valorando con los servicios jurídicos la opción del indefinido no fijo en la línea del Tribunal Supremo y si se puede articular a través de un decreto o una ley». El Alto Tribunal estableció a finales de junio que los trabajadores que sean contratados por una Administración pública no pueden estar más de tres años consecutivos encadenando contratos y ocupando la misma plaza porque estarían en situación de abuso de temporalidad y tendrían que pasar a indefinidos hasta que la Administración cubra las plazas con ofertas públicas de empleo sin que se les pueda mover.
De todas formas Manuel Martínez advierte que, mientras se concreta esta opción, la Consejería de Administraciones Públicas «no se va a saltar ni la Constitución ni el Estatuto Básico del Empleado Público como pretende el comité de huelga en su propuesta jurídica». El número dos del departamento que dirige Julio Pérez recuerda que el marco jurídico en el que se va a desenvolver la temporalidad en el sector público está pendiente de la ley que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados y, en este sentido, Martínez le da especial relevancia a la vía que se abre para que los interinos que lleven más de 10 años trabajando para la Administración puedan adquirir la condición de fijos a través de un concurso de méritos sin someterse a oposición.
Martínez no entiende la posición del comité de huelga y asegura que el Gobierno no ha roto en ningún momento las negociaciones, aunque sí precisa que el Ejecutivo tendrá que ajustarse a la legislación y a la Carta Magna y no excederse en sus competencias como pretenden los representantes sindicales de los huelguistas.
Medición del teletrabajo
El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, dijo ayer que el teletrabajo sólo se podrá implantar de forma estable en la Administración pública en las unidades en las que se puedan medir los resultados. En comparecencia a petición de CC, el consejero señaló que no es seguro que cualquier regulación sirva, por lo que «sólo» será posible cuando haya un sistema de medición. Porque hasta ahora el trabajo presencial en la Administración se caracteriza porque hay que ir y estar en la oficina, pero ahora la presencialidad se sustituirá por los resultados, y por ello sólo se podrá implantar el teletrabajo en las unidades en las que se puedan medir los resultados.
