Alberto Rodríguez sigue dando la batalla en defensa de su inocencia respecto al delito por el que el Tribunal Supremo le condenó el pasado 6 de octubre por haber pateado a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna, y por la pérdida de su escaño en el Congreso como consecuencia de la controvertida ejecución del fallo judicial por parte de la presidenta de la Cámara baja, la socialista Meritxell Batet. La defensa del ya exdirigente de Unidas Podemos presentó el lunes ante la Sala de lo Penal del tribunal sentenciador un incidente de nulidad de actuaciones al entender que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y solicita que se suspenda la ejecución de la condena, mientras se resuelve el incidente de nulidad y los posibles recursos posteriores.
Es una más de la iniciativas de los abogados que contrató Rodríguez desde que fue condenado a 45 días de cárcel, sustituible por una multa de 540 euros, que él abonó, y a una accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Los nuevos defensores del ex diputado tinerfeño, Gonzalo Baye e Isabel Elbal, han emprendido una estrategia de batalla judicial contra la sentencia y su principal consecuencia que por ahora se sustancia ante el Supremo, pero que, de no tener respuesta favorable a sus intereses, se llevará en amparo hasta el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.
Según fuentes jurídicas, el incidente de nulidad ante el propio tribunal que dictó la condena es un trámite que prácticamente nunca es atendido, pero que resulta imprescindible para posteriores recursos,
La defensa de Rodríguez, que ya solicitó la suspensión de la condena –que la Fiscalía del Supremo rechazó–, alega en el escrito de 54 páginas presentado que se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia, a un juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y al principio de proporcionalidad como principio rector que debe informar el derecho penal. Sostiene en su argumentación que «dichas vulneraciones de derechos fundamentales no se han podido denunciar antes, pues se han producido en esta instancia que actúa como primera y única instancia, no cabiendo en este caso ni recurso ordinario ni extraordinario en contra de la sentencia aquí impugnada·.
Testigo único
Insiste la defensa del exdiputado en lo manifestado en uno de los votos particulares contrario a la condena. En él, señala, «se establece la necesidad de que cuando se esté en presencia de un testimonio único, una única prueba, el juicio de inferencia ha de estar motivado y fundado, no basarse en un acto de fe o percepción subjetiva de la credibilidad o no de dicho testigo». Según la sentencia del Supremo, Rodríguez fue condenado en base al testimonio del policía que fue agredido. Y el voto particular que parafrasea la defensa en su escrito destaca que «la palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva»; «ahora bien, la exigencia de una fundamentación objetivamente racional de la sentencia hace imposible fundar una condena sobre la base de la mera ‘creencia’ en la palabra del testigo, a modo de un acto ciego de fe».
La defensa de Rodríguez recuerda que en el presente caso, «la prueba única, único testimonio, no tiene virtualidad, por sí sola, para desvirtuar la presunción de inocencia, habiendo negado categóricamente los hechos el acusado», y sostiene que la declaración del agente agredido «no solo fue parca, sino que incurrió en evidentes contradicciones» dado que no persistió en la incriminación, por cuanto «ni siquiera el parte de asistencia facultativa le avala».
En el escrito los abogados del exdiputado razonan, de otra parte, que la sustitución de la prisión por una multa de 540 euros, incluida en el fallo, es en realidad una «una pena nueva», dada la invalidez de la de prisión y sus consecuencias sobre la inhabilitación para ser diputado. Puesto que no está prevista la inhabilitación para acompañar a penas de multa, se habría vulnerado el principio de legalidad, que exige que las penas estén expresamente contempladas en la norma.
Rodríguez sostiene al respecto que la presidenta del Congreso le retiró el escaño «de forma absolutamente irregular» basándose en la comunicación que recibió del Supremo tras pedir aclaraciones.
El documento, además, entiende a favor del tinerfeño la respuesta de la Fiscalía a la consulta de cómo había que interpretar la condena de inhabilitación, en la que consideraba que significaba «única y exclusivamente» que durante un mes y medio el condenado «no podrá presentarse a cargos públicos. Ni más, ni menos». Esas palabras del fiscal refuerza, dice el escrito, la conveniencia de suspender la ejecución de la condena mientras se resuelven los recursos.
Sin sustitución
Mientras Rodríguez insiste en su estrategia judicial, Unidas Podemos sigue sin solventar su sustitución en el Congreso. La Junta Electoral Central sigue pendiente de que se le comunique la persona que va a ocupar el escaño ahora vacío y, en su caso, los escritos formales de renuncia ante notario de las dos candidatas que seguían a Rodríguez en la lista electoral de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife en las últimas elecciones generales, Fátima González y Patricia Mesa, número dos y tres, respectivamente, y que han rechazo públicamente asumir el puesto.
Hasta que este trámite no esté cumplimentado, la Junta Electoral no podrá tramitar la acreditación de la siguiente persona en la lista, María del Cristo González, que según fuentes de la organización morada será la que finalmente ocupe el escaño. Las mismas fuentes aseguran que no es previsible que la sustituta de Rodríguez vaya a recoger el acta antes del próximo pleno, dentro de dos semanas.
