Canarias busca posicionarse en el complejo tablero de la reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno central pretende a principios del próximo año y cuya aprobación quiere tener lista para antes del final de la legislatura. Los movimientos entre partidos políticos y comunidades autónomas se suceden en espera de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente una propuesta, previsiblemente antes de final de diciembre, que supere un modelo que lleva prorrogado siete años, desde 2014, sin que se vislumbre en el horizonte una fórmula de reparto capaz de contentar a todos.
En ese marco, el Gobierno de Canarias reconoce que cualquier alternativa requiere de un consenso que obligará a un acuerdo político entre los dos grandes partidos estatales, PSOE y PP, y un gran pacto territorial, en el que todas tendrán que ceder. Eso sí, ninguna región puede quedar peor de como está ahora, lo que obligará a que el Estado aporte recursos adicionales.
Esta es la posición que, básicamente, suscribió el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en la reunión del pasado viernes en Madrid de los presidentes autonómicos del PSOE con Montero para intentar una posición común de partido y a la que el presidente de Canarias y secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, no puso asistir por encontrarse en La Palma acompañando al presidente de Gobierno central, Pedro Sánchez, en su sexta visita a la isla por la crisis volcánica.
Olivera defendió en ese encuentro las posiciones de partida de Canarias, fundamentalmente que el nuevo sistema debe excluir los recursos del REF, y que el criterio de población ajustada para el reparto de fondos, sobre el que Montero está elaborando su propuesta, contemple aspectos como la insularidad, o las mayores tasas de paro y pobreza, que en Canarias se han disparado en los dos últimos años en mucho más que en otros territorios por la mayor repercusión económica y social de la pandemia del coronavirus. Según Olivera, tanto la exposición de Montero sobre los elementos que quiere introducir para la reforma del sistema, como las posiciones de los presidentes autonómicos socialistas, son totalmente favorables a la exclusión del REF, reconociendo en todo caso que el resto de criterios sobre cómo debe ponderarse el principio de ‘población ajustada’ formará parte de las negociaciones que se entablen a partir de ahora.
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Pero en la reunión de Ferraz se constató que esta batalla está marcada más por intereses de territorio que de partido, y que en el seno del PSOE se reproducen los frentes que ya se dan entre comunidades autónomas, razón por la que se ve indispensable contar con el PP, donde existen a su vez intereses contrapuestos entre sus propios dirigentes regionales, para poder alcanzar una posición de consenso. «Cada presidente expuso las particularidades de su comunidad autónoma y sus preferencias sobre el sentido de la reforma, que son a veces posiciones opuestas, que no es fácil encajar un nuevo sistema en el que nadie crea que pierde respecto a otra y, que hay que ponerse a trabajar ya», resumió Olivera,
Según él, «hay una buena base a partir del criterio de población ajustada para ir trenzando un acuerdo y sabiendo que bajo ese criterio, como es posible que algunas pierdan y algunas ganen, algo habrá que hacer para compensar a las que pierdan»; «Ninguna comunidad puede quedar peor de como estaba en el sistema anterior», insistió. Según lo sabido hasta este momento, la serie de ponderaciones o ajustes que va a proponer afectarán al gasto sanitario por población protegida; al gasto educativo, incluyendo como novedad el de las universidades; y al gasto social, incluyendo en él no solo la población mayor de 65 años, como hasta ahora, sino elementos como la pobreza.
«Lo queda claro es que esto no es un tema de colores políticos, sino de territorio, pasa también en el PP. Hay que tener la capacidad de poder llegar a acuerdos que sean razonables. Siempre habrá elementos que al otro no le guste, pero tendremos que encontrar un punto que sea justo para todos y que el reparto sea lo más objetivo posible», explica el viceconsejero canario.
En este marco de debate entran en juego las alianzas que se están tejiendo entre comunidades de distinto color político de cara a la próxima negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se tendrá que acordar el futuro sistema antes de que sea tramitado en las Cortes como proyecto de ley Orgánica. Se necesita por tanto ese doble acuerdo territorial entre el Estado y las Comunidades Autónomas y el político en sede parlamentaria para que pueda ser aprobado por mayoría absoluta.
Tres grandes grupos
Canarias asume este proceso como una de las pocas comunidades que no encuentra acomodo en ninguno de los tres grandes bloques formados: el de las regiones menos pobladas que consideran que el criterio de población ajustada no resuelve su problema de despoblación, envejecimiento y dispersión demográfica, en el que se encuentran Galicia, Castilla-León, Castilla La Mancha, Aragón, Asturias, Extremadura y Aragón; el constituido por Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que reclama una reforma que nivele las diferencias del actual sistema y una revisión de los criterios de población ajustada, con la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación de 1.300 millones hasta que llegue la reforma completa del sistema; y el integrado por Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que piden tener en cuenta el denominado ‘principio de ordinalidad’ en la aplicación de las medidas de nivelación, al considerar que hay que fijar como límite el respeto a la ordenación previa a la nivelación en términos de financiación por habitante.
Presidencia defiende que ninguna región puede quedar peor de como está con el modelo en vigor
«Canarias tiene un elemento muy peculiar y en relación con las demás compartimos intereses más con Baleares por el tema de la insularidad y la población ajustada. Pero no tenemos ningún grupo con el que identificarnos especialmente», reconoce Olivera. «Es más difícil para nosotros encontrar aliados potenciales y dependemos un poco del debate general», añade antes de reconocer que en las propuestas de expertos que se han ido conociendo y la que baraja en estos momentos el ministerio como punto de partida «Canarias queda bien».
Esta es la razón por la que el presidente de Canarias está evitando asistir a algunos de los encuentros que se están organizando entre las comunidades integradas en algunos de estos bloques, prefiriendo una estrategia de defensa de sus peculiaridades antes el Ministerio de Hacienda, en lo que algunos llaman «bilateralidad».
Esa hipotética «bilateralidad» no da sin embargo para plantearse por ahora, según Olivera, una salida de Canarias del sistema de financiación común, donde permanece ahora junto al resto de autonomías excepto País Vasco y Navarra, como ha defendido recientemente el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, en un debate parlamentario en la Cámara regional, donde aseguró que eso «sería lo ideal» tanto por las singularidades fiscales como por las necesidades de financiación. «Yo no conozco ninguna propuesta concreta al respecto, ni en qué consistiría ni cómo ponerlo en práctica. No podemos plantear un sistema de cupos como País Vasco y Navarra porque tenemos mucha menor fortaleza fiscal y eso nos perjudicaría», señala Olivera. «El sistema actual es bueno para Canarias si se tienen en cuenta nuestras singularidades y su efecto sobre las necesidades de financiación», remacha.
