Montero desbarata los planes de Canarias con la deuda de carreteras

Cuando todavía Canarias está esperando el pago de los primeros 100 millones de la deuda estatal en carreteras por el incumplimiento del anterior convenio, consignados en los presupuestos ahora en vigor, el Gobierno regional no conoce aún el destino que podrá darle a los 200 millones que se contemplan en las nuevas cuentas estatales, las de 2022, que la semana pasada superaron el primer trámite en el Congreso de los Diputados. Aunque desde hace semanas se sabía que el proyecto presupuestario incluiría esa cantidad, y pese a la seguridad con la que desde el Ejecutivo autonómico se señalaba que esos fondos serían de «libre disposición» por su parte, lo cierto es que el Estado mantiene su teoría de que deberán ser destinados a inversiones, no a gasto corriente como se reclama desde Canarias.

Incluso cabe la posibilidad, según algunas interpretaciones, de que esos 200 millones únicamente podrán tener el objetivo con el que se le identifica en el proyecto de ley de presupuestos, el de «creación de infraestructuras de carreteras» –programa 453B, dentro del la sección 17, correspondiente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana–, pese a que se trata del pago a la Comunidad Autónoma de lo que ésta adelantó en los años en que se hbaía incumplido el convenio.

Dado que Canarias detrajo esos fondos de otros gastos para poder hacer frente a las obras viarias ya adjudicadas o en ejecución que el Estado no llegó a financiar en esos años (2012 a 1017), entiende el Ejecutivo regional que puede hacer uso discrecional del pago de esa deuda.

Sin embargo, una enmienda del diputado nacional de NC, Pedro Quevedo, a las nuevas cuentas estatales revela que esto no es así y que tanto el Ministerio de Transportes como el de Hacienda consideran, al menos desde el punto de vista de técnica presupuestaria, que esos 200 millones no pueden dedicarse a ningún tipo de gasto, lo que impide por tanto que se puedan destinar a cubrir servicios básicos como sanidad, educación o servicios sociales como se preveía.

A 54 días para que acabe el año, el primer pago del dinero ganado en el TS no ha llegado

La enmienda de NC reclama pasar 40 millones del capítulo VII de los presupuestos (transferencias de capital del Estado a la comunidad autónoma) al capítulo IV (transferencias corrientes) para, entonces sí, «poder usar esta cantidad como gasto corriente de los recursos que la Comunidad Autónoma había adelantado para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales», según reza la justificación de la enmienda.

Fuentes de la Consejería de Hacienda, de donde parte la iniciativa de esta propuesta de Quevedo, señalan que lo que ese departamento pretende es dedicar esos 40 millones a gasto corriente y los 160 restantes a «inversiones que decida la propia Comunidad Autónoma» y que así está ya previsto en los presupuestos regionales del año próximo. Pero lo cierto es que la trasferencia de esa cantidad de un capítulo a otro del presupuesto estatal todavía no tiene el visto bueno de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Cabe recordar, en este sentido, que la ministra Montero mantiene en estos momentos el veto a la firma de la Adenda del nuevo convenio de carreteras, firmado en diciembre de 2018, por la que se amplía en dos años la vigencia del mismo (hasta 2027) con un incremento de 407 millones sobre la inversión inicial prevista de 1.200 millones.

Quevedo aseguró ayer que «es una cuestión de operatividad para que Canarias reciba antes esos fondos que va a destinar a gasto corriente, pero queda claro que esos 200 millones no tienen por qué ir necesariamente a carreteras y que será el Gobierno regional quien decida su destino, en todo caso a inversione». Aunque reconoce que ni aún para su enmienda de traspasar 40 millones al capítulo IV se tiene el visto bueno definitivo de la ministra de Hacienda. «Eso está hablado y esperamos que no haya ninguna dificultad», subrayó,

Las negociaciones al respecto, con todo, están en marcha con el PSOE y con el ministerio de Hacienda junto a la del resto de enmiendas de NC, que reclaman por otra parte 118 millones adicionales para las partidas canarias.

El Ejecutivo regional daba por hecho que los 200 millones del próximo año eran de «libre disposición»

En el caso de los 100 millones de este año correspondiente al primer pago de la deuda (de 500 millones en total, los últimos 200 a pagar en 2023) su destino ofrecía menos dudas al haber sido incluido en una disposición adicional de la ley de presupuestos de 2021, no en un programa concreto del ministerio de Transportes como ocurre en el proyecto ahora en tramitación. Dicha disposición autorizaba a Canarias a utilizar esa cantidad, que el Estado contabilizaba hasta entonces como superávit de la Comunidad Autónoma, como gasto corriente tras la flexibilización de las reglas fiscales.

Sin condiciones, según CC

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, entiende sin embargo que «el hecho de que hayan metido los 200 millones en el capítulo VII significa que se los tienen que gastar obligatoriamente en carreteras, o en inversión, algo que bajo ningún concepto puede ocurrir porque ese dinero se quitó de gasto corriente y ese dinero tiene que ser ahora de libre disposición». Según él, «el hecho de que de esa cantidad NC sólo consiga 40 para gasto a través de una enmienda, es una bajada de pantalones en toda regla».

«Esto es un dinero que corresponde a Canarias y que el Estado tiene que darnos, y el Gobierno de Canarias ya decidirá en qué se lo gasta, si en inversiones, o en planes de empleo, o en ayudas para autónomos, o en sanidad, o en educación, o si lo quiere dejar en el banco, pero nunca debe estar condicionado», explica el también senador autonómico y expresidente de Canarias.

Clavijo sostiene «esto deviene de una sentencia del Supremo, y el Estado está obligado a pagar esa deuda, y el Gobierno de Canarias no tiene por qué ponerse a negociar con el Estado en qué se lo va a gastar, o si me lo pones en este capítulo o en el otro». Según su teoría, «el Estado lo ha puesto en el capítulo de inversión porque sabe que de esta forma Canarias no se lo va a poder gastar , porque la ejecución es lamentable y tengo la duda incluso de que al final ese dinero se acabe transfiriendo».

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