Presupuestos generales del Estado 2020 | Demandas para mejorar la ficha de Canarias

Los partidos se vuelcan con La Palma en sus enmiendas a los presupuestos

NC reclama al Gobierno 118 millones más en las partidas canarias | CC exige

un incremento de 1.890 millones, 700 de ellos para paliar los efectos del volcán

El diputado de NC, Pedro Quevedo, esta semana en declaraciones de apoyo a los presupuestos.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, esta semana en declaraciones de apoyo a los presupuestos. / EFE

Madrid

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso se vuelca con la situación que está viviendo La Palma por la erupción volcánica y registraron ayer decenas de enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado para 2022, incluyendo entre sus propuestas partidas específicas de reconstrucción de las zonas afectadas, así como otro tipo de medidas fiscales y de ayudas diversa índole. Los dos partidos nacionalistas canarios presentes en la Cámara baja, CC y NC, por ejemplo, ponen el foco en la difícil situación que está viviendo la Isla y proponen modificaciones al proyecto de cuentas públicas que acaban de iniciar su tramitación parlamentaria para actuar en el campo de las infraestructuras, la agricultura, o el empleo, así como bonificaciones fiscales para las empresas y autónomos, y medidas que faciliten el cobro de los seguros.

También el PP, aunque ayer no difundió sus enmiendas parciales sobre Canarias, ha anunciado que entre sus propuestas de modificación del gasto se contemplan importantes partidas para paliar los efectos de la crisis volcánica. Otros grupos han señalado que, más allá de las propuestas propias, apoyarán las de otros grupos que consideren necesarias. Ya la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el pasado miércoles que además de las ayudas de 216 millones ya aprobadas desde iniciada la erupción, el Gobierno «destinará los recursos que sean necesarios a lo largo de este año y del año que viene para restaurar y dar mayor oportunidades para la isla». Estas ayudas reclamadas en las enmiendas de los grupos serán, en todo caso, materia de negociación intensa en la tramitación de las cuentas.

El otro gran aspecto en el que inciden NC y CC es en la incorporación de aspectos del REF que consideran no están adecuadamente recogidas en el proyecto gubernamental que el jueves pasó el corte de las enmiendas a la totalidad. En todo caso, ambas formaciones parten de posiciones y reclamaciones muy distintas en la cuantificación de las que tienen reflejo económico concreto, pues mientras NC reclama mejoras de las partidas por valor de 118 millones, CC multiplica por 16 esa cantidad hasta los 1.890 millones.

La diferencia en las pretensiones de los nacionalistas tiene que ver con el punto de partida de cada una de las dos formaciones en relación con el Gobierno central, ya que NC aspira a pactar parte de sus enmiendas y que le sean admitidas durante la tramitación del presupuestos, mientras que CC, que presentó enmienda de devolución de los mismo, da por hecho que no tendrá opción de incorporar prácticamente ninguna de sus propuestas.

El diputado de NC, Pedro Quevedo, ha presentado veinte enmiendas al articulado de la ley y otras 46 a las distintas secciones de gasto. En el primero de estos apartados se proponen medidas tributarias de carácter general y bonificaciones aéreas, entre otras la exclusión de los incentivos del REF en la tributación mínima del 15% en el Impuesto Sociedades que contempla el presupuesto, la prórroga de la ZEC e inversiones anticipadas de la RIC hasta 31 diciembre 2023, la devolución del IGIC a los afectados por la crisis Thomas Cook y mejores bonificaciones aeroportuarias.

Respecto a las medidas concretas para La Palma hay varias enmiendas sobre el Consorcio de Compensación de Seguros para abonar daños agrarios a los productores por esta entidad, medidas específicas de ampliación de plazos RIC y ZEC para La Palma, medidas de alivio fiscal en el IRPF en el tramo estatal para damnificados por erupción volcánica, y bonificaciones aéreas específicas para la isla.

En el ámbito del gasto general, Quevedo pone especial énfasis en recoger todos aquellos aspectos del REF que no tienen consignación presupuestaria, especialmente apartados que se incorporaron durante la reforma de 2018, así como en otros que, aún estando recogidos en las cuentas, los considera insuficientemente dotados. Cabe señalar en este sentido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló durante el debate del miércoles que en esta ocasión se habían «chequeado» todos los conceptos del REF y que todos ellos, en menor o mayor medida, estaban incorporados, algo que Quevedo niega.

Una de las enmiendas llamativas de NC es la que demanda pasar 40 millones de los 200 contemplados por el pago estatal anual de la deuda en carreteras del capítulo VII de los presupuestos al capítulo IV y por tanto «poder usar esta cantidad como gasto corriente por parte de la Comunidad Autónoma». Según defendían NC y el Gobierno de Canarias, la totalidad de ese pago de deuda correspondiente a 2022 era de libre disposición por el Ejecutivo regional. La enmienda viene a reconocer que no es así tal y como está recogido ahora en la ley de presupuestos.

CC: 700 millones para La Palma

Por su parte, CC presentó cerca de 130 enmiendas parciales en las que reclama un incremento del gasto para Canarias de 1.890 millones, de ellos un plan especial de reconstrucción de La Palma de 700 millones tras los daños provocados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. A esta cantidad añaden un asignación directa de fondos comunitarios de 2.300 millones argumentando que sería la cantidad que le correspondería a las Islas aplicando los mismos criterios que utilizó la UE para repartirlos entre los distintos países miembros. Los nacionalistas canarios vuelven a considerar que la previsible prorroga de las nuevas cuentas hasta el último año de la legislatura, en 2023, obliga a pintar en ellas cantidades para ejecutar, como mínimo, en los dos próximos años, por lo que elevan la cuantía de sus demandas para blindar las partidas que consideran necesarias para la recuperación de Canarias tras los dos años de pandemia.

En sus enmiendas registradas ayer, CC pone el foco de manera especial en la necesidad de que el Estado actúe con medidas y ayudas económicas a La Palma, para la que además del mencionado plan de reconstrucción reclama partidas de diversa índole por un coste adicional cercano a los 100 millones. Más allá de las ayudas para la isla bonita, CC demanda actuaciones del Ejecutivo en materia de planes de empleo y de formación profesional, con cerca de 170 millones, además de numerosas actuaciones en infraestructuras con las que poder alcanzar la media estatal de inversión a que obliga el REF y que, según esta formación, no cumplen las cuentas ya en tramitación.

También se solicita incrementos de partidas de compensación a la lejanía e insularidad o la fijación de cantidades que el presupuesto no contempla o lo hace, según CC, de manera insuficiente, como son los casos de lucha contra la pobreza y para la atención de menores migrantes no acompañados, con 30 y 20 millones más, respectivamente, de los contemplados en el presupuesto. Vivienda, obras hidráulicas, ayudas agrícolas, transporte del plátano, infraestructuras turísticas, cultura, becas y ayudas a pymes y autónomos son los capítulos sobre los que además inciden las enmiendas de CC.

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El Gobierno central transfirió ayer a las comunidades autónomas los últimos 4.046 millones de euros del fondo extraordinario de 13.486 millones establecido para amortiguar los efectos de la crisis de la covid-19 en las finanzas regionales. A Canarias le correspondieron 188,7 millones de la suma repartida ayer; 629 millones en total por esta vía. El reparto entre las diferentes regiones se realizó de acuerdo a un criterio de población ajustada. Según informó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la cantidad de ayer se suma a los 9.440 millones de euros –el 70% del total– que ya se repartieron en septiembre. La transferencia de esos 13.486 millones de euros de este fondo no computa en la distribución de fondos del sistema de financiación y los gobiernos autonómicos supieron en otoño de 2020 que los iban a recibir, por lo que se incluyeron en una partida de los Presupuestos Generales del Estado que están en vigor. Hacienda recordó que el criterio de población ajustada «es la fórmula elegida por la mayor parte de gobiernos regionales» después de que el ministerio, «siguiendo el principio de cogobernanza y el mayor consenso», abrió un proceso de diálogo para conocer la opinión de cada comunidad. Más en detalle, señaló que el criterio que se sigue para las comunidades de régimen común es la población ajustada definitiva de 2020, calculada de acuerdo con las variables y ponderaciones previstas en la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación.

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