El Parlamento incumplirá el mandato del Estatuto de Autonomía de contar con la primera ley electoral de Canarias antes de los tres años de entrada en vigor del texto estatutario, que se publicó en el BOE el 6 de noviembre de 2018. La Cámara y la mayoría de los grupos políticos argumentan que la pandemia del Covid y la crisis vulcanológica de La Palma han condicionado la actividad legislativa y esperan tener la norma aprobada antes de que finalice el actual periodo de sesiones, es decir, antes de que termine el año para evitar más retrasos. La tramitación se realizará por la vía de urgencia para agilizar el procedimiento ya que hay consenso político sobre el texto.
El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, encargó un borrador de ley con la incorporación de los criterios con los que se concurrió a las elecciones autonómicas de 2019, después de un largo proceso durante la pasada legislatura que culminó con una reforma del sistema electoral que supuso la creación de una lista regional y la bajada de las barreras pactada por todos los partidos. El borrador fue trasladado a los grupos parlamentarios, que dieron su conformidad para que se aprobara la ley tal y como fue articulada por los servicios de la Cámara sin perjuicio de que cada uno siguiera en el futuro manteniendo su criterio sobre determinados aspectos del sistema electoral. Lo que se incorporaron fueron algunas correcciones técnicas para incluirlas en el borrador.
El Parlamento señala que tanto la pandemia como ahora la erupción volcánica de La Palma han condicionado el trabajo parlamentario, cuyo calendario se ha visto trastocado, lo que finalmente ha provocado que no se haya podido cumplir el mandato del Estatuto, que en su disposición transitoria primera recoge que «el Parlamento de Canarias elaborará, en un plazo no superior a tres años desde la entrada en vigor del presente Estatuto de Autonomía, la ley a que se refiere el artículo 39.2». Este artículo hace referencia a que una ley del Parlamento de Canarias aprobada por una mayoría de tres quintos, a iniciativa de sus miembros, regulará el régimen electoral.
Mandato
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, admite que en este momento no existen mayorías cualificadas en la Cámara que permitan aspirar a nuevas reformas en el sistema electoral. Sobre esa base, los grupos y la Mesa de la Cámara acordaron mantener la actual estructura de las elecciones de 2019 y que se encuentra reflejada en la disposición transitoria del Estatuto para cumplir con la aprobación de la ley. El objetivo era que entre noviembre y principios de diciembre llevar la norma al pleno como proposición de ley de todos los grupos para se aprobara por unanimidad y así dar cumplimiento con el mandato del Estatuto, aunque superándose los tres años. «No nos vamos a rasgar las vestiduras porque no sea a los tres años justos sino un poco más tarde, han sido tres años complicados con elecciones por medio, una pandemia y otros aspectos que han dificultado el funcionamiento normal del Parlamento», explica Campos.
Por su parte, la diputada del PP Luz Reverón espera que de forma inminente la junta de portavoces del Parlamento le dé el visto bueno a la proposición de ley para que salga adelante con un procedimiento rápido. «Vamos a tener una ley de mínimos pero es el consenso del que disponemos tras el debate que llegó a las elecciones de 2019», indica Reverón, que ve la necesidad de que la norma se apruebe cuanto antes para que en la próxima cita electoral la situación esté normalizada con una ley que aglutine todo el proceso electoral. Reverón recordó que con el actual Estatuto el presidente del Gobierno tiene la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, por lo que es necesario contar con la ley, que será también la primera norma electoral de la historia autonómica de Canarias.
«La previsión del Parlamento era aprobarlo antes de los tres años que marca el Estatuto pero la pandemia lo ha cambiado todo, ahora lo importante es que haya una base legal para las elecciones», añade Reverón.
Tanto CC como el PSOE se remiten a los trabajos que dirige la Mesa del Parlamento y esperan por los servicios jurídicos que están revisando el texto articulado propuesto. Los nacionalistas siempre han dicho que se trata de una iniciativa que impulsa los grupos que respaldan al Gobierno, mientras que los socialistas respaldan la propuesta en la línea de lo fijado por el resto del cuatripartito, es decir, mantener las bases del acuerdo al que se llegó en 2019 para evitar que CC y ASG, los más remisos con la reforma del sistema electoral, se echen para atrás en el caso de que se hubiese propuesto cambios más allá de lo acordado la pasada legislatura.
«Omisión vergonzosa»
El movimiento cívico Demócratas para el Cambio ha cargado contra el Parlamento por no cumplir el mandato del Estatuto de contar con la primera ley electoral de Canarias en los tres años siguientes a la entrada en vigor del mismo. Para sus integrantes no solo se ha desaprovechado la ocasión para aprobar una ley, sino también para debatir una mayor profundización en la mejora del sistema electoral canario. «PSOE, Podemos y NC tendrán que explicar a los ciudadanos por qué no han hecho nada para evitar este vergonzoso acto de omisión», critica Demócratas para el Cambio en un artículo. A este grupo cívico tampoco le vale la pandemia como argumento para los retrasos en la aprobación de la norma porque se trata del «asidero exculpatorio habitual de instituciones y entes gubernamentales». También cuestionan que se despachara este proceso en una jornada de una sola tarde a la que fueron los expertos que durante la pasada legislatura acudieron a la Cámara para explicar sus puntos de vista sobre una reforma que finalmente cuajó antes de los comicios.
