La Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado los recursos de apelación interpuestos contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario que el 3 de septiembre de 2020 abrió un proceso penal formal contra, entre otros, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, por la supuesta comisión de un delito de prevaricación urbanística presuntamente consumado al aprobar la concesión de una licencia de primera ocupación con informes desfavorables en 2010, cuando, en calidad de concejal de Urbanismo, formaba parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara. La Fiscalía solicitaba la pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para Acosta y otros cinco compañeros de la Corporación sureña. Contra la resolución de la Sala no cabe recurso en vía jurisdiccional.
La resolución dictada por la Sección Primera de la Audiencia decreta el sobreseimiento provisional y el archivo del proceso, que afectaba a seis miembros de la Junta de Gobierno que presidía el Ayuntamiento majorero en 2001, al entender que de la investigación «no cabe siquiera vislumbrar la existencia de una actuación administrativa injusta, ni tampoco arbitraria que pueda tener encaje dentro de un ilícito penal».
Por ello, tanto el auto de apertura de juicio oral dictado en su día por el Juzgado instructor como el escrito de calificaciones provisionales del fiscal pidiendo tres años de prisión y nueve de inhabilitación para los investigados pierden todo efecto.
Al margen de Acosta también estaban imputados por este caso el exalcalde de Pájara Rafael Perdomo, Ramón Carmelo Cabrera, Jesús Manuel Umpiérrez, Antonio Jimenez y la actual parlamentaria Rosa Bella Cabrera.
Las diligencias contra el actual viceconsejero de Economía y contra los otros cinco miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en 2001 se incoaron a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos ‘Viejo Rey’, secundada por el Ministerio Fiscal, en la que se consideraba prevaricadora la concesión el 25 de enero de 2010 de una licencia de primera ocupación para una vivienda en la parcela 11 del polígono R-6 del PERI-2 La Pared, en contra de los informes técnicos del arquitecto municipal y de una técnico de la Administración General.
«Cotejados los indicios y containdicios existentes»”, expone el auto, «no es posible extraer datos claros que faciliten un relato inculpatorio para todos o algunos de los investigados». Es decir, prosigue la resoluciòn judicial que «no hay base indiciaria solvente que avale el contenido incriminatorio en el que se apoya el juez de instancia, y que ha servido, mientras se sustanciaban los recursos de reforma y apelación, de soporte a la acusación pública».
El resultado de las diligencias de investigación, sigue la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, «no abre las puertas a la posibilidad de contemplar una prevaricación urbanística del artículo 320.2 del Código Penal, ni tampoco de una genérica prevaricación del artículo 404».
El Tribunal subraya que lo que se revela en las diligencias «es la existencia de un conflicto entre la Junta de Compensación y la Junta de Gobierno de la Entidad Local que ha generado una situación de incertidumbre y malestar entre los vecinos de La Pared, provocando incluso demandas judiciales por la vía contencioso administrativo».
Contra la resolución de sobreseimiento y archivo de la Audiencia Provincial de Las Palmas no cabe ningún recurso en vía juridiscional.
Once años de sufrimiento
El viceconsejero de Economía, Blas Acosta, anunció en redes sociales que el TSJC «archiva definitivamente la causa en la que se nos acusaba a mí y a mis compañeros de delitos penales muy graves. 11 largos años, pero al fin se acabó». Por su parte, el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, apuntó que «la Audiencia ha anulado el proceso contra Blas Acosta y que no ve indicios de delito. Me alegro por Blas y los compañeros que estaban en aquel Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara. Me alegro por este fallo, pues siempre respeto los fallos judiciales, y me alegro por el Gobierno canario porque Blas Acosta después de ser presidente del Cabildo fue nombrado viceconsejero de Economía y sabía que esta circunstancia podía alterar el magnífico trabajo que realiza en el Gobierno de Canarias».
