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Sin ley electoral tres años después de aprobarse el Estatuto de Canarias

La ‘primera ley’ de las Islas daba hasta el próximo sábado para contar con una regulación del régimen a aplicar en los comicios

El Parlamento de Canarias está abocado a incumplir el Estatuto de Autonomía el próximo sábado (6 de noviembre), día en que se cumplen tres años de la entrada en vigor de esta norma, que establece un plazo de justamente tres años para haber aprobado una ley que regule el régimen electoral. Los planes y compromisos «ineludibles» adquiridos por la Mesa del Parlamento, la Junta de Portavoces y el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, no han fructificado y la ponencia en la que debería haberse debatido una proposición de ley no se ha constituido.

«El Parlamento de Canarias elaborará, en un plazo no superior a tres años desde la entrada en vigor del presente Estatuto de Autonomía, la ley a que se refiere el artículo 39.2», detalla la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía. Y a su vez, el artículo 39.2 sentencia que «una ley del Parlamento aprobada por una mayoría de tres quintos, a iniciativa de sus miembros, regulará el régimen electoral».

Pocos días antes del confinamiento, en marzo de 2020, la Mesa del Parlamento de Canarias y la Junta de Portavoces se comprometieron a cumplir «estrictamente» el plazo establecido en el Estatuto de Autonomía. Celebraron una reunión extraordinaria para tratar sobre este asunto, y llegaron a acordar un calendario inicial, de manera que la ponencia parlamentaria habría de comenzar sus trabajos en septiembre de 2020, para así tramitar la proposición de ley en comisión en el primer trimestre de 2021 y tener la norma aprobada por el pleno antes del verano de este año.

«Garantizamos que la ley se aprobará en el plazo que dice el Estatuto», afirmó entonces el presidente del Parlamento, Gustavo Matos. Tres días despuésse decretó el estado de alarma, pero superado este, el Parlamento, aunque cambió de planes, no abandonó del todo sus propósitos. En enero de este año, Matos confiaba aún en que se cumpliría «el compromiso ineludible» de tener aprobada una ley que dé seguridad jurídica al sistema electoral antes del 6 de noviembre.

La pandemia alteró de manera significativa los planes, pero la redacción de esa ley seguía siendo «una de las prioridades de esta décima legislatura», según Matos, para quien el Parlamento es «el primero que debe dar ejemplo».

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