La dirección regional de Ciudadanos (Cs) sigue respirando por la herida interna que le produjo hace más de tres meses la marcha de sus filas de la diputada regional Vidina Espino cuando sorpresivamente y sin previo aviso el pasado 13 de julio anunció que abandonaba la militancia del partido pero no el escaño en el Parlamento de Canarias logrado bajo las siglas naranjas en las últimas elecciones autonómicas. La formación que lidera Inés Arrimadas lleva desde entonces intentando que su ex dirigentes sea considerada ‘tránsfuga’ a todos los efectos y que le sea aplicada todas las medidas contenidas en el Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo (conocido como pacto antitransfuguismo) que firmaron las mayor parte de los partidos de ámbito estatal y territoriales en 1998.
La última de sus iniciativas en este sentido ha sido trasladar a la comisión de seguimiento de ese acuerdo para la regeneración de la vida política española el caso de la que ahora diputada no adscrita en la Cámara regional y que todos los partidos que lo formaron reconozcan y señalen a Espino como ‘tránsfuga’ y actúen al respecto en consecuencia, por ejemplo evitando colocarla en sus listas electorales si se diera el caso de un cambio de militancia y fichara en el futuro por otro formación política.
De la Puente busca que la diputada no sea incluida en la lista electoral de otro partido
La iniciativa la trasladó ayer el diputado regional de la formación naranja y ex compañero de Espino en el Parlamento de Canarias Ricardo Fernández de la Puente, que ha implicado a la dirección estatal del partido para presentar la petición ante la Comisión de Seguimiento de Pacto Antitransfugismo estatal, ante el que registró un escrito en compañía del portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso, Edmundo Bal, y de la secretaria general del partido, Marina Bravo. De la Puente recordó que la Mesa del Parlamento de Canarias ya ha reconocido la condición de Espino como tránsfuga, pero que formalmente no la ha podido declarar como tal porque esa figura no existe en el la cámara autonómica, algo que sí puede hacer de manera explícita el pacto estatal contra el transfuguismo político.
Este acuerdo dispone textualmente que «cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que las propuso para el puesto quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsadas o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas». Espino justificó su marcha de Cs por considerar que el partido naranja no defendía en Madrid el REF canario, en concreto por el conflicto abierto hace unos meses por las ayudas a las producciones audiovisuales en las Islas.
«El transfuguismo es un fraude a la democracia. Es lícito que cualquier cargo electo en un momento dado y libremente decida abandonar el partido en el que militaba cuando se presentó a las elecciones, pero lo que no es lícito es que se quede con su acta porque en ese momento se convierte ética y políticamente en tránsfuga», resaltó De la Puente antes de presentar el caso de Espino ante la Mesa del Pacto antitransfuguismo.
El efecto práctico que debe resultar de dicha iniciativa es, según él, «que la designe e identifique como una tránsfuga» y como «claro ejemplo de lo que ética y políticamente no debe aceptarse en la cultura política del país». «No se puede permitir casos como el de la señora Espino», subrayó.
El ahora único representante de Cs en el Parlamento de Canarias añadió que «lo único que esperamos es una actitud moral y ética por parte de los partidos que han firmado el Pacto Antitransfuguismo», apelando en este sentido al rechazo que, según él, deben expresar las formaciones políticas a admitir en su filas, y menos aún en sus listas electorales, a políticos declarados tránsfugas por el Pacto, como pretende Cs en este caso con su ex dirigente canaria.
El abandono de las filas ‘naranjas’ se produjo después de que ese partido no respaldara el REF
Edmundo Bal, por su lado, recordó el dubitativo recorrido que ha tenido este acuerdo de la mayoría de los partidos en todo el Estado para intentar regenerar la vida política española y que el mismo «llevaba dormido y sin ser aplicado desde hacía diez años». Fue la formación naranja, sostuvo, la que lo «revitalizó» con una propuesta mediante la cual «se perfeccionó en el sentido de evitar confusiones y conceptos dudososs. Conseguimos, por ejemplo, acabar con las dudas sobre quién es tránsfuga y quién no lo era», señaló Bal.
El dirigente naranja insistió en que «el transfuguismo es un fraude a los electores y todos los partidos políticos deberíamos estar comprometidos con ese acuerdo de no premiar y favorecer esta práctica fraudulenta».
Recalcó Bal que «aunque no hay consecuencias jurídicas que se puedan invocar ante los tribunales, lo que tiene que haber es el compromiso político de respetar un pacto y por tanto, a quienes no lo respete, los demás les sacaremos los colores y afearemos su conducta como algo antiético y fraudulento delante de los electores».
«Volvería a dejar Ciudadanos una y mil veces»
«Si ser tránsfuga es defender los intereses de los canarios, que fue para lo que me presenté a las elecciones, volvería a dejar Ciudadanos una y mil veces». La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, asegura en un comunicado de respuesta a la iniciativa de su ex comañero en el Parlamento regional, Ricardo Fernández de la Puente, que «el único fraude a la democracia es traicionar los compromisos adquiridos con los ciudadanos, como ha hecho la formación naranja», un partido que, a su juicio, va «a la deriva, sin rumbo ni liderazgo», lo que le ha llevado a «perder uno de cada diez diputados autonómicos».
«No soy tránsfuga», recalca la parlamentaria, «pues continúo defendiendo los mismos principios con los que me presenté a las elecciones» y, precisamente, aclara, «dejé Ciudadanos para no traicionarlos, no como ha hecho este partido votando en contra de nuestro Régimen Económico y Fiscal y de los derechos de los canarios». Ese voto en contra del REF por parte de la formación naranja durante el debate de los incentivos para las producciones audiovisuales en las Islas, subraya, «vulnera el Estatuto de Autonomía de Canarias e incluso la Constitución Española, pues lo hizo en contra del informe unánime emitido por el Parlamento de Canarias».
«No me he fugado ni me he ido a ningún otro partido, ni me he apartado deslealmente de la posición o criterios fijados en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, sino todo lo contrario», recalca la diputada.
Respecto al pacto antitransfuguiso al que apela Cs, Espino apunta que «este acuerdo», del que ya se han apartado algunos partidos, «tiene visos de inconstitucionalidad, pues la última adenda incorporada, la tercera, al entregar a las formaciones afectadas la capacidad de decidir quién es tránsfuga y quién no, obliga a los cargos electos a cumplir con el mandato imperativo de las organizaciones políticas y no con el mandato representativo de los electores, algo que no permite la Constitución».
