Canarias sumará 624,2 millones de euros a su presupuesto para apuntalar la recuperación. El Archipiélago contará en 2022 con 9.098 millones de euros de gasto no financiero –tres cuartas partes, 6.832,3 millones para gasto social–, un 7,37% más que en el presente año. No habrá subidas de impuestos, ni se ensanchará la deuda. Solo el déficit podría elevarse entre el 0,3% y el 0,4%, de modo tan sucinto que el Ejecutivo prevé cubrir la desviación con remanentes de tesorería. La expansión se sostiene en los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia.
Llegarán 699 millones de euros desde Bruselas si se suman las transferencias ordinarias que cada año recibe la comunidad autónoma al Next Generation, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el React EU. «Son 480,3 millones de euros más que en 2021», destacó el vicepresidente y consejero de Hacienda canario, Román Rodríguez.
«Afinar al máximo», en palabras de Rodríguez, con estos fondos, lo estatales y los ingresos fiscales, permiten al Ejecutivo regional elevar el gasto en casi 200 millones de euros con respecto a la cantidad anunciada hace unas semanas. Si bien este proyecto de cuentas que el viernes se remitirá al Parlamento de Canarias no contempla una subida de impuestos, sí incluye una mejora de la recaudación vía impuestos y tasas. La tributación cedida por el Estado crecerá un 32,5%, mientras que el bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal (REF) reportará 1.169 millones de euros, un 13,5% más que este año.
El proyecto presentado sitúa la superación de la actual crisis al terminar el próximo año. Al menos en términos macroeconómicos. El desplome del 20% sufrido por el producto interior bruto (PIB) canario tras el estallido de la pandemia, quedaría recuperado con el 8,1% de incremento en 2021 y el 13,9% del año próximo. Tras alcanzar las Islas en 2021 una tasa de paro del 23,2%, se espera poder reducirla en 2,6 puntos, hasta el 20,6%, a lo largo del año próximo.
«Sin generar deuda»
Todo ello «sin generar deuda» en la contabilidad autonómica y moviéndose en máximos de «entre el 0,3% y el 0,4%» de déficit, lejos del 0,6% que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tolera. La hoja de ruta se cumplirá en mayor o menor grado dependiendo del comportamiento de las amenazas que el Gobierno contempla. La pandemia de coronavirus y la «aparición de nuevas variantes», explicó Román Rodríguez, podrían derivar en restricciones a la movilidad de las personas y eso volvería a lastrar el PIB de las Islas.
A esa incertidumbre se une la escalada de los precios de materias primas como los combustibles, amén de la energía eléctrica. La «tensión inflacionista» podría traducirse, señaló el consejero regional de Hacienda, en una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. La lógica reducción del consumo frenaría la reactivación.
Durante la mañana, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, presentó a su Consejo Asesor, en el que se sientan sindicatos y empresarios las cuentas. Ambas partes las valoraron de manera positiva. Entre las escasas divergencias se cuenta la consolidación de una parte importante del personal contratado en sanidad y educación durante la pandemia.
«No serán todos, pero que exista esa posibilidad ya sin los fondos que se habilitaron para atajar el covid nos satisface», reconoció el secretario general de UGT-Canarias, Manuel Navarro. Sin embargo, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, anunció que la patronal de Las Palmas se mantendrá vigilante «para que ese gasto no se convierta en estructural». En su opinión habrá que prescindir del sobrecoste de personal que conllevó la pandemia en algún momento, tal y como ya están haciendo «todas las comunidades autónomas salvo Cataluña, La Rioja y Baleares», enumeró, además de las Islas.
En opinión de Manrique de Lara, «es muy importante» facilitar la convivencia entre sanidad «pública y privada», esta última «especialmente necesaria en una comunidad turística», añadió. El capítulo sanitario contará con 160 millones de euros más a lo largo del año próximo; el educativo, con 158 millones más, y los derechos sociales, con 70. «Son unos presupuestos positivos y la intervención del Gobierno en una situación complicada es necesaria », afirmó la secretaria de Acción Sindical de CCOO-Canarias, Esther Martín.
Sobre la importancia de la llegada de los fondos europeos para la recuperación, el presidente de la CCE incidió en la necesidad de que retornen a su puesto de trabajo «todos los funcionarios, tal y como ya ha sucedido en la actividad privada». Solo de ese modo y promoviendo la agilización administrativa, incidió Manrique de Lara, podrá captarse todo el dinero que la UE destina a la recuperación.
Proyectos parados
El representante empresarial explicó que hay proyectos privados totalmente parados desde abril de 2020, «y es momento de que contribuyan al crecimiento de la economía y el empleo en Canarias». Más cuando el presupuesto depende del dinero europeo.
El presupuesto elaborado por la consejería de Hacienda, que regenta el vicepresidente regional, Román Rodríguez, contempla un incremento de la inversión hasta situarla en el entorno de los 1.300 millones de euros. En dicho capítulo se encuadran los 200 millones de euros que abonará el Estado en virtud de la sentencia que le obliga a abonar a las Islas la suma correspondiente al convenio de carreteras que el entonces Gobierno central de Mariano Rajoy suspendió de manera unilateral durante la anterior crisis.
La oposición, especialmente Coalición Canaria (CC) ha criticado con dureza en las pasadas semanas que el Archipiélago esté obligado a invertir ese dinero en obra pública. El secretario general de los nacionalistas, Fernando Clavijo, ha recordado que las Islas tuvieron que completar la suma comprometida «con recursos propios», que se sacaron de todo tipo de gastos. En su opinión, eso debería bastar para destinar el dinero que llega vía sentencia «a lo que Canarias estime oportuno».
Precisamente, el presidente Torres, además de incidir en la «unanimidad» que existió en el Consejo de Gobierno a la hora de dar el visto bueno a las cuentas, solicitó «el apoyo del resto de grupos del Parlamento» para mejorar el proyecto durante su tramitación.
La obra pública es uno de los nichos llamados a demandar mano de obra en la carrera por reducir la tasa de desempleo. La inversión para el año próximo alcanzará hasta los 1.382,1 millones de euros, 199 millones más (16,85%) de la partida consignada en el presupuesto vigente.
