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30.000 funcionarios, sin control horario por la imprevisión del Gobierno

El contrato de mantenimiento del sistema para la organización de la jornada laboral venció el 30 de septiembre | Función Pública dicta un régimen transitorio

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, en un reciente Consejo de Gobierno. ACFI PRESS

Unos 30.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma se ven afectados desde ayer por el vencimiento del contrato que mantenía el sistema de control de su jornada laboral, denominado Sicho (Sistema Integral de Control Horario). La Dirección General de Función Pública se ha visto obligada a lanzar una instrucción para establecer un régimen transitorio en el fichaje de los trabajadores hasta que se resuelva la situación, lo que implica validar a diario la jornada en la entrada y salida mediante una incidencia que después tiene que comprobar el responsable de cada centro o servicio. Los problemas organizativos que provoca esta situación han suscitado malestar entre los empleados afectados, jefes de sección y servicio y en los sindicatos al tratarse de un contrato que ya se sabía que expiraba pero que, sin embargo, no se ha adjudicado.

El Sicho es una aplicación informática que funciona desde 2009 para la gestión de los procedimientos en materia de personal relacionados con vacaciones, permisos, licencias, jornada y horario de trabajo de los empleados públicos. El servicio de mantenimiento del sistema está contratado con una empresa externa cuyo contrato venció el pasado 30 de septiembre y, según Función Pública, el nuevo expediente de contratación se encuentra en fase de preparación y adjudicación.

El contrato estaba prorrogado desde 2019 y en julio se aprobó una partida de 3,4 millones

El pasado mes de julio el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 3,4 millones de euros para la contratación de este servicio de mantenimiento del Sicho por tres años, prorrogable por dos años más y cuyo inicio estaba previsto para el 1 de octubre. El hecho es que pasó esa fecha y ante los problemas generados para la renovación del contrato la Consejería de Administraciones Públicas se ha visto obligado a realizar cambios en el control de la jornada laboral. El presupuesto de licitación de la nueva contratación se distribuye en las siguientes anualidades: 290.465,10 euros en 2021; un total de 1.161.860,37 euros en cada uno de los años 2022 y 2023; y el resto, 871.395,27 euros, en el año 2024.

Sin embargo, esta renovación del contrato viene después de dos años en los cuales se ha estado prorrogando el anterior contrato en vigor desde octubre de 2015 y que ya no se podía alargar más. En septiembre de 2019 el consejero del área, Julio Pérez, ordenó una primera prórroga de seis meses que después se fue prologando en 2020 hasta llegar a la última que venció definitivamente el 30 de septiembre de 2021. Esta sucesión de prórrogas y el vencimiento del contrato ha sido recibido con estupor por parte de los empleados públicos y dirigentes sindicales, que no entienden cómo se ha llegado a esta situación sin que se le haya buscado una solución en tiempo y forma.

Generación de incidencias

La instrucción dictada por la Dirección General de Función Pública establece que todos los fichajes de los empleados públicos afectados se realizarán mediante la generación de una incidencia de entrada y otra de salida en la web del Sicho ya que lo que queda invalidado por el vencimiento del contrato son los terminales físicos de control de presencia o en las aplicaciones móviles correspondientes que se descargan los empleados para justificar la entrada y salida de su jornada de trabajo.

Fuentes sindicales consideran que se trata de una «falta de previsión» de la Consejería de Administraciones Públicas al tratarse de una externalización, por lo que «hemos vuelto a la firma en el papel y a tener que poner las incidencias en el Sirhus en relación con permisos, vacaciones, licencias, etcétera». Los sindicatos se quejan de que no han sido informados y que mediante la resolución de Función Pública se intenta resolver el problema de forma transitoria hasta que se regularice el control de la jornada laboral del personal de la Comunidad Autónoma. «No entendemos que se dictamine una resolución provisional de algo que ya estaba previsto que se iba a terminar y no haya habido la suficiente previsión para adjudicar el contrato», añaden las fuentes.

Sin plataforma digital, los empleados registrar su jornada de forma manual o con incidencias diarias

El sistema Sicho no solo controla la jornada laboral de entrada y salida sino también vacaciones, licencias, permisos, asuntos propios y otro tipo de incidencias propios del trabajo de los empleados públicos. Los más afectados por este contratiempo es el personal de la Administración General, alrededor de 12.000 empleados, mientras que en Sanidad se ha ido instalando paulatinamente, primero en las islas no capitalinas mientras que en Tenerife se ha iniciado su implantación en Atención Primaria. Lo que sí tienen los trabajadores sanitarios en el Sicho es lo relativo a los permisos y licencias pero no el control de la huella dactilar en islas como Gran Canaria o en las gerencias hospitalarias de otras islas. En el caso de los docentes hay sistemas múltiples ya que unos centros los tienen informatizados y se hace de forma electrónica, pero en la mayoría se sigue llevando la hoja de firmas a la entrada y salida, además de las guardias que hacen los propios docentes en cada centro educativo.

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