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Canarias es la región con más ‘supergrandes’ tenedores de viviendas

En las Islas hay 1.162 propietarios con un mínimo de 51 inmuebles cada uno a los que el Gobierno controlaría el precio de los arrendamientos con la nueva ley

Vista panorámica de Santa Cruz de Tenerife. E. D.

En Canarias hay 1.162 propietarios que tienen en cartera, cada uno de ellos, un mínimo de 51 inmuebles. En total poseen, por tanto, unos 60.000 edificios, la gran mayoría viviendas. Y eso, cabe insistir, como poco, ya que los datos suministrados por la Dirección General del Catastro no especifican el número exacto de inmuebles bajo el control de esos 1.162 dueños. Es decir, en ese selecto grupo hay quienes tienen más, mucho más y hasta muchísimo más de 51 edificios. Si la ley de vivienda pactada en Madrid por Podemos y el PSOE –que está por ver cuándo entrará en vigor, si es que lo hace– califica de gran tenedor a la persona física o jurídica que posee más de diez bienes inmuebles, quienes cuentan con más de medio centenar, como esos 1.162 que hay en el Archipiélago, serían supergrandes tenedores. Y resulta que Canarias es su mercado inmobiliario predilecto: las Islas son la Comunidad Autónoma con mayor proporción de súper o hipergrandes tenedores de bienes raíces.

La idea de Podemos y los socialistas es que su ley –con la que está de acuerdo el Gobierno de Canarias– sirva para poner coto a las subidas desorbitadas de los alquileres en lo que han denominado zonas tensionadas. Serán los Gobiernos autonómicos o los ayuntamientos los que, en todo caso, declararán tensionada una localidad o un barrio determinados. La declaración impediría a los pequeños propietarios incrementar el alquiler de su casa o de su piso mientras esté vigente –se verían así afectados por no poder aprovecharse del aumento de la demanda–, pero su verdadero objetivo son los grandes tenedores, a quienes se forzaría a bajar los arrendamientos en función de un índice público de precios de referencia que todavía está por definirse. La futura normativa –no saldrá adelante en la actual legislatura, con lo que podría no ver nunca la luz si tras las elecciones de 2023 hay un cambio de gobierno– afecta así de manera especial a 15.833 propietarios de inmuebles en las Islas. Son los grandes tenedores, esos que poseen más de diez edificios. Poco menos de 16.000 multipropietarios que tendrían que «limitar» los alquileres que cobran a sus inquilinos en las zonas tensionadas.

La estadística de la Dirección General del Catastro, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, especifica que esos 15.833 grandes propietarios que hay en el Archipiélago se dividen en tres grupos: quienes tienen en su patrimonio entre un mínimo de 11 y un máximo de 25 bienes raíces; quienes cuentan con entre 26 y medio centenar de inmuebles; y quienes poseen 51 o más. Así pues, en el primer grupo hay 12.811 personas físicas o jurídicas cada una de las cuales dispone de un promedio de 18 edificios, un total de alrededor de 231.000. En el segundo están los 1.860 propietarios de entre 26 y 50 inmuebles, con lo que cada uno de ellos tiene un promedio de 38 bienes raíces. Este otro grupo controla así unos 71.000 edificios. Y por último están los susodichos 1.162 con al menos 51 inmuebles cada uno, quienes como poco poseen en global una cartera de 60.000 propiedades. Los grandes tenedores de Canarias reúnen así un patrimonio inmobiliario de, tirando por lo bajo, 361.000 bienes raíces, la mayor parte viviendas y, en segundo lugar, locales comerciales.

La ley que Podemos y el PSOE quieren poner en práctica habla de grandes tenedores sin distinción, es decir, engloba en esa categoría a todo aquel con más de diez propiedades inmobiliarias. Tomando esta definición como referencia, Canarias tendría los grandes tenedores que le corresponderían en función de su población. Las Islas son la séptima Comunidad Autónoma por número de habitantes, y también son la séptima Comunidad Autónoma por número de grandes tenedores. No sorprende así que Andalucía, con 47.495 titulares de más de diez bienes raíces, y Cataluña, con 45.287, sean las dos regiones con más grandes tenedores, ya que también son, y con diferencia, las dos regiones más pobladas del país. Sin embargo, sí llama la atención el hecho de que el Archipiélago sea la comunidad con más supergrandes tenedores. En términos cuantitativos, solo las cuatro autonomías con más habitantes –Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana– superan los 1.162 titulares de al menos 51 edificios que hay en las Islas. Pero en términos relativos, esto es, considerando la población de cada territorio, Canarias es, y con mucha diferencia, la autonomía con mayor presencia de acaparadores inmobiliarios.

En el Archipiélago hay un propietario de más de 50 edificios por cada 1.873 habitantes. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de una proporción extraordinaria, basta con apuntar que la segunda región con mayor peso de los supergrandes tenedores en su mercado inmobiliario –Baleares– tiene uno por cada 2.334 habitantes.

18 meses de margen

En Canarias también son un colectivo numeroso, pese a no tener la consideración de grandes tenedores a efectos de la ley de vivienda de Podemos y los socialistas, los propietarios de entre seis y diez bienes raíces. Este grupo lo integra en las Islas un total de 39.265 personas, siempre según los datos de la Dirección General del Catastro. Son exactamente 55.098 los titulares en el Archipiélago de un mínimo de seis inmuebles. Poco más de 55.000 propietarios que acumulan unos 675.000 edificios. Y luego hay 632.133 isleños que poseen un único inmueble, básicamente una casa o un piso. En consecuencia, unos 55.000 dueños cuentan con tantas propiedades inmobiliarias –e incluso más– que los 632.000 que han de conformarse con una.

Hay que tener en cuenta que a la ley estatal le queda por delante una larga tramitación en las Cortes Generales. Tan larga que puede prolongarse hasta tres años. Pero dando por supuesto que finalmente salga adelante, y que lo haga en sus actuales términos, aún habría un plazo de 18 meses desde su promulgación durante el cual el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos y las entidades locales cerrarían los detalles del índice de precios de referencia. En ese año y medio desde la entrada en vigor de la normativa, los propietarios, los grandes, los medianos y los pequeños, aún tendrán libertad para exigir las condiciones que crean oportunas en los contratos de alquiler. Después quedarían expuestos al riesgo de tener sus inmuebles en zonas tensionadas.

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