Las tensiones políticas tienen claro reflejo en las cuentas para el año que viene. En la pelea entre la dos grandes comunidades autónomas españolas, Cataluña sale ganando en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2022. Mientras la comunidad catalana ve incrementados un 11, 5% los fondos territoralizados –los que el Estado puede imputar de forma directa a uno u otro territorio– los de Madrid caen, cuando está más candente que nunca la batalla del presidente Pedro Sánchez por descentralizar las instituciones nacionales y repartirlas por todo el territorio.
La ministra de Hacienda aseguró ayer que el incremento en los fondos para Cataluña supone aproximar las cifras al «porcentaje de lo que representa su PIB respecto al conjunto de España se respeta», tal y como viene reclamando la Generalitat. De paso también contentar a ERC y Junts per Catalunya para obtener su respaldo en el Congreso. Cataluña, pues, recibirá 2.230 millones de inversión territorializada.
Tanto en términos absolutos como relativos, la comunidad que más ingresará es Andalucía, con 2.267 millones, el 17,4% del total y un 5,6% más que este año. Mientras que las que más verán incrementada la inversión serán Galicia (29,1%), Castilla-La Mancha (25,8%), y Castilla y León (17,7%). En el otro extremo, baja el dinero para Navarra (-12,4%) y a Baleares (-14,5%). También cae la inversión en Extremadura (-2,3%), el País Vasco (-4,47%) y Madrid (-7,9%).
Canarias es la quinta comunidades a la cola en este reparto con 362,4 millones de la partida total de inversión regionalizable, de 13.007 millones, que con todo se incrementa un 5,7% respecto de lo programado en 2021.
Con la presentación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, los Presupuestos del Estado de 2022 inician una tramitación parlamentaria en la que el Gobierno debe volver a negociar los apoyos necesarios. La ministra Montero asumió este miércoles que «va a haber más pretensiones» de los socios para comprometer su apoyo, pero confió en que se limiten a cuestiones referidas a las propias cuentas. «No todo hay que discutirlo en un proyecto de Presupuestos», dijo.
De momento, el PDeCat ya ha avanzado que ve «mucho margen de mejora» en el proyecto de Presupuestos y se ha mostrado dispuesto a negociar con el Gobierno. Así, según su portavoz, Ferrán Bel, el grupo apoyará su tramitación en el Congreso y renunciará a pedir su devolución en el debate de las enmiendas de totalidad, el 4 de noviembre. En el lado opuesto, el PP calificó ayer los Presupuestos como «imprudentes, electoralistas e irresponsables» anticipando así la presentación de una enmienda de devolución.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso incluyen un gasto consolidado del Estado y sus organismos autónomos por 427.012 millones de euros, el 2,5% más que en 2021. El presupuesto incluye 27.633 millones de gasto con cargo a los fondos europeos Next Generation. Por el lado del gasto, los Presupuestos recogen una inversión record de 40.000 millones. El gasto social, por su parte, absorberá el 55,7% de lo presupuestado, alcanzando un nivel récord en el que las pensiones absorben la mayor parte. Aquí se incluyen, entre otras medidas, el nuevo bono alquiler de 250 mensuales para jóvenes asalariados de 18 a 35 años y y el bono cultural de 400 euros para jóvenes.
Como novedad más reciente –tras los anuncios de la semana pasada- , la ministra Montero anunció ayer una partida de 2.000 millones de euros para un mecanismo de pago a proveedores para ayuntamientos morosos que alcanzará a unas 1.670 entidades locales.
En el otro lado, los ingresos consolidados del Estado y sus organismos suman un total de 361.010 millones de euros, con un aumento del 12,7% respecto al año anterior. En particular, se prevé un aumento del 8,1% de los ingresos tributarios. El proyecto incluye tres novedades tributarias: un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades (del que se exceptúa la Zona Especial de Canarias) y la limitación a 1.500 euros de la aportación máxima a planes de pensiones deducible en el IRPF. También se reduce del 85% al 40% la bonificación de los alquileres que se pueden aplicar en el impuesto de sociedades las empresas dedicadas al arrendamiento de viviendas.
