El proyecto de ley de Presupuestos del Estado de 2022 recoge una partida de 200 millones de euros como parte de la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo que dieron la razón a la Comunidad Autónoma por el incumplimiento del convenio de carreteras de 2006 por parte del Gobierno central. Estos 200 millones irán a las arcas de Hacienda ya que se trata de una deuda que mantiene el Estado con Canarias por los fondos propios que ésta invirtió para sufragar vías del anterior convenio y que correspondían a la Administración estatal. En el presupuesto estatal de este año se contempló una primera partida de 100 millones y con los 200 millones del próximo ejercicio resta una cantidad similar para 2023, según el acuerdo al que han llegado las dos administraciones. Estos fondos no son finalistas, es decir, no van destinados a carreteras.
Estos 500 millones forman parte de la deuda reconocida por el Estado y adelantada por la Comunidad Autónoma. Otros 400 millones de esta deuda es dinero que aún no se ha invertido, por lo que es el Estado el que tendrá que añadirlo cuando se firme una adenda con el Gobierno regional y esa financiación sí irá destinada a infraestructuras viarias.
Junto a esta partida el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana da cumplimiento a la plurianualidad del convenio de carreteras en vigor desde 2018 con 210 millones de euros para el desarrollo de las obras que se están ejecutando actualmente.
Por otro lado, los presupuestos del Estado reflejan una importante reducción de la inversión en los aeropuertos canarios, mientras que se mantiene el nivel inversor en los puertos estatales de las dos provincias canarias. En los ocho aeropuertos canarios de los 154 millones de euros de inversiones recogidas en los presupuestos de este año se pasa a 93,5 millones en 2022. En los aeropuertos de la provincia de Las Palmas la inversión prevista el próximo año es de 61,4 millones frente a los 67,1 millones de este ejercicio, mientras que en los aeródromos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife el descenso es aún mayor de 78,8 millones este año a 32,1 el próximo año.
En el caso de los puertos hay un incremento en la inversión en los Puertos de Las Palmas hasta los 58,3 millones de euros, destacando especialmente los 13,3 millones de la segunda fase de la ampliación del Puerto del Rosario y 7,2 millones de la ampliación de Los Mármoles en Lanzarote. En los puertos de Santa Cruz de Tenerife hay también un incremento de la inversión hasta los 52,2 millones de euros. La inversión más destacada son 15,5 millones de euros destinados al Puerto de Granadilla.
De inversiones directas procedentes del resto de ministerios hay un incremento de 94,3 millones de este año a 158,4 millones en el próximo ejercicio.
Partida para inmigración
Una de las partidas novedosas de las cuentas del Estado para el próximo año es una transferencia desde el Ministerio de Seguridad Social de 50 millones de euros para la Comunidad Autónoma para la atención a los inmigrantes. Se trata de una de las principales reivindicaciones realizadas por el Gobierno canario ante el crecimiento exponencial de la migración irregular procedente de África en 2020 y este año.
Junto a ello los fondos europeos Next Generation, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) incrementa hasta 50 millones los fondos destinados a las infraestructuras turísticas frente a los 20 millones de este año. En esta ocasión el Ministerio de Asuntos Sociales no se ha olvidado de los 30 millones de euros para la lucha contra la pobreza, mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), además de los 10 millones anuales que recibe del Estado, cuenta con otros 13 millones también procedentes de los fondos europeos de recuperación.
La tributación mínima del 15% excluye al REF
El Ministerio de Hacienda exceptúa a Canarias del mínimo de tributación del 15% del Impuesto de Sociedades. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 incluye la propuesta de impuesto mínimo del 15% para todas las entidades en régimen de consolidación o cuyo importe neto de la cifra de negocios sea de al menos 20 millones de euros. Sin embargo, el proyecto contempla la exclusión de todos los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias tales como la Zona Especial Canaria (ZEC) y el resto de deducciones incluidas en las leyes del REF de 1991 y 1994. La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) no está afectada por el impuesto mínimo al referirse este a la base imponible. Pablo Hernández González-Barreda, presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, manifiesta que esta exclusión es «reflejo de la sólida apuesta de los gobiernos de España y de Canarias, no sólo de mantener el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, sino de mejorarlo y potenciarlo, como se ha visto con el incremento a 18 millones de la deducción por producciones audiovisuales, y se refleja ahora en la exclusión del impuesto mínimo». Esta exclusión del impuesto mínimo nacional, junto con la exclusión denominada carve-out del impuesto mínimo global de la OCDE sobre la que se está trabajando, «situarán a los incentivos canarios en primera línea en la atracción de inversiones», según el presidente del Consorcio de la ZEC, que se felicita por las gestiones realizadas para la consecución de estos objetivos.
