El control público del mercado del alquiler afecta al sustento de 52.000 familias canarias. La mayoría de los isleños que tienen arrendada una vivienda de su propiedad declara unos ingresos anuales –incluidos los del trabajo y las actividades económicas– de menos de 30.000 euros, con lo que los alquileres son para ellos una ganancia vital. La ley de vivienda acordada en Madrid por Podemos y el PSOE no solo permite bajar los arrendamientos que cobran a sus inquilinos los grandes tenedores de inmuebles –aquellos que poseen un mínimo de diez casas o pisos– en las localidades o zonas que se declaren tensionadas. Además, tal como quería Podemos y han tenido que aceptar los socialistas, la ley también posibilita congelar los alquileres de los pequeños propietarios en esas zonas tensionadas. Cuando el Gobierno de Canarias, que ya ha avanzado que aplicará la ley donde detecte subidas «desproporcionadas» de los precios, o el ayuntamiento de turno diga que una determinada localidad es zona tensionada, el pequeño propietario no podrá subir el alquiler cuando toque renovar el contrato. No podrá beneficiarse, en definitiva, del incremento de la demanda. En última instancia, todas esas 52.000 familias que viven de arrendar una casa o un piso son potenciales afectadas por la ley estatal. Eso sí, la normativa les concede una bonificación en la declaración de la renta de hasta un 90% de lo que les toque tributar por los ingresos del alquiler si bajan el precio.
En Canarias hay 82.295 contribuyentes que declaran ingresos por el arrendamiento de viviendas. Hasta 51.821, es decir, un 63% –63 de cada cien y más de seis de cada diez–, se ubican entre las rentas medias-bajas. La estadística oficial demuestra así que ni los ricos –con ingresos de más de 60.000 euros al año– ni los muy ricos –más de 150.000– son los principales arrendadores de casas o pisos en el Archipiélago. Apenas hay en las Islas 7.432 contribuyentes que ganan cada año más de 60.000 euros y que declaran ingresos por el alquiler de viviendas. Pero la ley de PSOE y Podemos –que está por ver cuándo entrará en vigor, si es que lo hace– no distingue entre propietarios de rentas altas y propietarios de rentas medias o bajas, con lo que la congelación de precios en una determinada localidad afectará por igual a quienes los ingresos por el alquiler les resultan imprescindibles para vivir y a quienes les resultan un mero complemento.
La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) mostró ayer su preocupación por la buena acogida que la ley ha tenido en la Comunidad Autónoma, al menos en el Ejecutivo regional. La Acegi insistió en lo que ponen de manifiesto los datos de la Agencia Tributaria, esto es, que «la mayoría del parque inmobiliario está en manos de esos pequeños propietarios y no de grandes tenedores, como se ha hecho ver hasta ahora». La patronal del sector inmobiliario recordó que hay ejemplos, como los de Berlín o París –también el más cercano de Cataluña, aunque la Acegi no lo citara–, de normativas de este tipo que han sido «rotundos fracasos». No solo no sirvieron para bajar los alquileres, sino que dieron lugar a una reducción de la oferta formal y al crecimiento de la economía sumergida, ya que muchos propietarios no renuncian sin más a obtener por su propiedad lo que podrían obtener sin un mercado intervenido, de modo que la arriendan en negro. Frente a la ley estatal –los Gobiernos autonómicos del PP ya han dicho que no la aplicarán–, la Acegi apuesta por dar «ventajas fiscales al pequeño propietario que ha ahorrado toda su vida para tener una segunda residencia que poner en alquiler».
La nueva normativa se anuncia, además, cuando los arrendamientos están por debajo de los máximos históricos en todos los municipios. En la provincia de Las Palmas, los precios han caído en porcentajes que oscilan entre el 15,6% de Antigua y el 1,3% de San Bartolomé. En la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, las bajadas se mueven entre el 18,6% de Guía de Isora y el 0,3% de El Rosario.
Los alquileres han bajado también en las dos capitales. El precio medio en Las Palmas de Gran Canaria, que en estos momentos es de 9,9 euros por metro cuadrado, está un 6,1% por debajo de su máximo histórico. Mientras, en Santa Cruz de Tenerife, y siempre según la base de datos del portal inmobiliario idealista.com –que a falta de estadística oficial se erigió como la fuente informativa de referencia–, el alquiler medio está en 8,6 euros por metro cuadrado, lo que significa un 2,8% menos que su tope histórico. Las intenciones de PSOE y Podemos coinciden así con un momento en el que los arrendamientos parecen estar corrigiéndose, siquiera levemente. En el conjunto del Archipiélago, el precio medio es ahora un 3% inferior al máximo registrado. No obstante, en la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria no solo preocupa el control de los precios, sino también la penalización de la vivienda vacía. «Nos ha dejado aún más preocupados la afirmación de que la futura normativa establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías».
