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El enfrentamiento político entre el Gobierno canario y el PP se dispara por la futura ley

El cuatripartito respalda el control del alquiler y la oposición le acusa de «intervencionista»

Las primeras propuestas lanzadas por el Gobierno PSOE-Podemos sobre la Ley de Vivienda, de la que todavía no hay borrador, han enervado el debate político entre el Ejecutivo y la oposición. En Canarias, con un Gobierno del mismo color político que en el Estado, la Comunidad Autónoma está dispuesta a aplicar la ley cuando se apruebe con el fin de controlar los precios en las zonas más tensionadas de las Islas, y en aquellas ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, con un pacto entre socialistas y morados también van en la misma línea. Este escenario tanto a nivel nacional como canario dispara la crispación política porque ya el PP a nivel nacional ha advertido con recurrir la norma al Tribunal Constitucional y no aplicarla en aquellas comunidades y municipios donde gobierna. En Canarias el PP ha criticado también la «adhesión» del Gobierno de Ángel Víctor Torres a las medidas contempladas en la futura ley. «Nos parece flagrante que el Ejecutivo autonómico haya anunciado que se suma a este acuerdo, cuando en Canarias no se ha construido una vivienda social desde hace 10 años», señaló la diputada popular por Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita.

«Torres y sus socios de gobierno han preferido sumarse a estas políticas intervencionistas, en vez de ponerse a trabajar para construir viviendas públicas y liberalizar el suelo, como propone el Partido Popular», aseguró la diputada por Santa Cruz de Tenerife.

El propio presidente del Gobierno canario ha respaldado la iniciativa de su homólogo estatal, lo que supone que Canarias puede convertirse en una de las comunidades que introducirán mecanismos regulatorios en los precios.

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