El debate suscitado a raíz de la próxima Ley estatal de Vivienda que pretende regular los alquileres y gravar las casas vacías llega en un momento de moderación de los precios en Canarias, sobre todo en las principales capitales y en las áreas metropolitanas, con ligeras bajadas y más oferta de viviendas para alquilar a unos precios que siguen siendo altos para el bolsillo de muchos jóvenes, pero que se han reducido con respecto a 2019, según el sector inmobiliario de las Islas. El marco normativo que impulsa el Gobierno central choca con los más de 85.000 propietarios canarios que tienen varias casas en alquiler y su principal fuente de ingresos son los arrendamientos, por lo que los profesionales apuestan por otro tipo de medidas que no perjudiquen el mercado ya que se ha demostrado que en capitales europeas como Berlín y París el intento de controlar los precios no ha resuelto el problema de la carestía, mientras que la experiencia de Barcelona ha terminado en el Tribunal Constitucional.
El Gobierno insiste en que uno de los objetivos de la nueva norma es poner coto a los alquileres de los grandes tenedores de vivienda –los que tienen más de 10 inmuebles en propiedad– y en aflorar las casas vacías. En el primer caso, Canarias concentra a los grandes propietarios en las zonas de costa, es decir, en las áreas turísticas, lugares donde el precio del alquiler sigue siendo elevado pese a la crisis provocada por la pandemia. Según las estadísticas del catastro, en la provincia de Las Palmas hay más de 8.000 propietarios con más de 10 inmuebles, mientras que en Santa Cruz de Tenerife son poco más de 7.000. En relación con las casas vacías, los datos más recientes reflejan que en las Islas hay entre 25.000 y 30.000 inmuebles deshabitados, muchos de ellos correspondientes al stock de viviendas a medio hacer o terminadas que no se han podido vender.
El delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei), Isidro Martín, advierte que la demanda de viviendas sigue creciendo en las Islas pero la oferta no va al mismo ritmo, sobre todo por la falta de promociones públicas. «En los últimos diez años no se ha hecho nada desde el sector público para poner más viviendas en el mercado, lo que ha tensionado aún más la situación en los precios frente a aquellos jóvenes y familias con un poder adquisitivo más bajo», explica. Martín señala que la pandemia ha provocado que hasta un 25% de las viviendas vacacionales situadas en las capitales y municipios limítrofes se hayan pasado al alquiler residencial, lo que les ha obligado a moderar los precios bajando de 11 o 12 euros el metro cuadrado a 9 de media. «Antes en 24 horas se alquilaba una vivienda en los portales inmobiliarios, ahora se tarda más, incluso hasta cuatro o cinco días con precios más moderados», añade.
En este sentido, el precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido en España una media del 41% en cinco años y un 32% en 10 años, aunque ha caído un 4% en el último año, una tendencia a la baja que se observa en todo el territorio nacional, también en Canarias. En 2016 se pagaba de media 592 euros por una vivienda en España, y en 2021 se paga 835, siendo Canarias, Valencia, la Rioja y Navarra las regiones donde más ha subido el precio del alquiler, superando el 40%. Martín señala que la moderación supone que un piso de 100 metros que antes podía costar más de 1.000 euros ahora cueste 900 o un poco menos.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Aythami Rivero, confirma que la adaptación de parte del mercado vacacional al alquiler residencial durante la pandemia a regularizado los precios del alquiler a la baja, pero sí admite que Canarias tienen unos costes elevados y que no es «nada equiparable» la relación entre un alquiler y un sueldo medio en las Islas. Rivero sí se muestra crítico con las premisas de las que parte la futura Ley de Vivienda porque entra en el ámbito de la propiedad privada: «El Gobierno está desequilibrando la balanza porque el que tiene una propiedad tiene el mismo derecho a ponerla en alquiler como a tenerla cerrada».
El representante de Acegi también apuesta porque la Administración aumente su parque de viviendas para alquilarlas a precios más asequibles o incluso adquiera edificios vacíos o no terminados para disponer de casas.
Isidro Martín también propone que el bono de 250 euros para los jóvenes se destine directamente al contrato de arrendamiento para así saber que ese dinero va al fin de ayudar no solo al arrendatario sino también al arrendador, que, en su opinión, queda más desprotegido desde el punto de vista jurídico con este tipo de leyes. El sector reclama más colaboración público-privada y más facilidades para ceder suelo.
