El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, consideró ayer un «acierto» la futura ley de vivienda que el Ejecutivo central enviará al Congreso y que prevé regular las rentas de alquileres mediante la declaración de áreas tensionadas de precios. Torres valoró «muy positivamente» la norma porque «lo que no se puede hacer es no hacer nada». «En Canarias hay municipios turísticos y capitales donde hay una tremenda tensión de precios que imposibilita que el trabajador del sector servicios o del sector turístico pueda tener acceso a un alquiler de una vivienda porque son altísimos», afirmó el presidente. Por ello, estimó que es «un gran paso» que se haga una ley en vivienda y recomendó a «quienes la rechazan que se informen primero, y luego hagan todas las aportaciones en el trámite parlamentario».
«Es evidente que las comunidades necesitamos un marco legislativo», enfatizó. En su opinión, «se ha hecho justicia social» con esta futura ley que el Gobierno de España ha elaborado «valientemente».
La nueva norma prevé determinar las zonas tensionadas, por un lado, en función de que los alquileres en el área hayan subido en cinco años más de cinco puntos por encima de lo que ha subido el IPC, y por otro lado, que el gasto medio en vivienda supere de media el 30% de los ingresos de los hogares. Los principales portales inmobiliarios españoles pronostican una escasez de la oferta de vivienda en los próximos meses, debido al interés por comprar una casa tras la pandemia y de acuerdo con los datos de compraventa del Instituto Nacional de Estadística (INE), conocidos ayer, que confirman esta tendencia de aumento en la demanda.
La compraventa de viviendas se disparó en agosto un 57,9% en comparación con el mismo mes de 2020, hasta las 49.884 operaciones, la mayor cifra de agosto desde 2007, según las cifras del INE. Esto puede provocar que la oferta de viviendas disponibles se resienta significativamente y provoque futuras tensiones en los precios.
Ley de economía social
De otro lado, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el proyecto de Ley de Economía Social, la primera norma de esta naturaleza que se articula en la Comunidad Autónoma y que supone una «herramienta para impulsar el tercer sector». Así lo avanzó el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera. La aprobación de este proyecto se produce tras contar con el informe favorable del Consejo Consultivo, por lo que, ahora, continuará su tramitación en el Parlamento de Canarias.
