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Igor Kokorev: «Parece que no quieren que mi padre llegue vivo al juicio»

La familia hispano-rusa acude al juzgado para recibir el auto de apertura del juicio en su contra

Vladimir Kokorev (en silla de ruedas), junto a su esposa Yulia Maleeva y su hijo Igor, ayer en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. M. S. J.

La familia hispano-rusa Kokorev acudió ayer a la Ciudad de la Justicia para ser notificados sobre el auto de apertura del juicio oral en su contra por supuesto blanqueo de capitales procedente de la venta ilegal de armamento a Guinea Ecuatorial. Allí, Igor, el hijo del matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Yulia Maleeva, manifestó su desacuerdo con que su padre deba acudir no sólo mensualmente, sino que tenga que personarse para ser notificado de cada auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. «Nos citaron para recoger el auto de apertura del juicio oral y es un tramite en el que sólo te entregan unos papeles y te hacen unas preguntas», se quejó el primogénito de los Kokorev.

Para ellos, dijo, supone un «sufrimiento» tener que llevar a su padre en silla de ruedas a la Ciudad de la Justicia cada mes. «Es completamente innecesario», añadió Igor Kokorev al tiempo que indicó que en este caso hubiese podido ir algún funcionario a su vivienda a entregarles la notificación. «Para mí es que no quieren que llegue vivo al juicio, tienen que comenzar a pensar en su salud», lamentó. Dentro de las medidas cautelares que les impusieron a los tres después de salir de prisión provisional en Gran Canaria (en 2017 madre e hijo y en 2018 Vladimir Kokorev) están: la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de la Isla y comparecer semanalmente en el Juzgado. «El año pasado la cambiaron por la presentación mensual y fue cuando pedimos que se la quitasen a mi padre por su estado delicado de salud», añadió. Para el hijo del principal acusado está claro que su padre no tiene posibilidades de fugarse debido a las diversas patologías que sufre.

La investigación en contra de los Kokorev comenzó en España 2009 a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional y después de que el Senado de Estados Unidos detectase una transferencia 26,4 millones de dólares procedente de la cuenta en Riggs Bank que tenía el Tesoro Público de Guinea en Nueva York. La misma iba con destino a una cuenta que figuraba a nombre de la empresa Kalunga que Vladimir Kokorev tenía en una sucursal del Banco Santander en la capital grancanaria. En 2012 los tres viajaron a Panamá con la presión mediática del caso a cuestas ya que se les vinculaba con la venta de armas a Guinea Ecuatorial , de forma clandestina y pagando supuestos sobornos al entorno del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang, para completar los negocios ilícitos. Esas transacciones habrían sido disfrazadas entre 1999 y 2011 con el concepto de venta y reparación de buques, según la Fiscalía.

En 2015 y cuando el joven arribó al aeropuerto panameño de Tocumen fue detenido junto a sus padres por la Interpol por el delito de blanqueo de capitales. Por tanto, entiende que estando en Panamá pudieron huir de la justicia española cuando salieron bajo fianza en el país centroamericano, algo que no contemplaron porque sabían que se trataba de «un error». «Además aceptamos la extradición voluntariamente», alegó. Por ello no tiene sentido, a su juicio, que se mantenga esta medida en contra de su progenitor. «Notificamos nuestro domicilio en el extranjero al consulado y a la Agencia Tributaria cuando nos mudamos en 2012. No intentamos huir», apostilló.

Vladimir Kokorev ha faltado, según su hijo, a sus comparecencias en el Juzgado sólo cuando ha estado ingresado en el hospital o cuando un certificado médico avala que no puede acudir. También explicó que esta es una medida con la que los juzgados «evaden reconocer» que se «equivocaron» hace seis años cuando «pedían la extradición inmediata pese a que mi padre tenía que ser operado de emergencia. Decían que estaba fingiendo», protestó.

Para Igor Kokorev «hay una serie de irregularidades, una instrucción en la que se ha faltado a la verdad. Todos los que participaron en ella son consciente de que está mal hecha». Pese a todo esto, el joven confía en la justicia española con lo que espera a que el juicio llegue lo más pronto posible y no contempla solicitar la atenuante de dilaciones indebidas -ya que el procedimiento acumula ya doce años- porque no espera una condena.

«El tribunal tendrá la valentía de poner las cosas en su sitio y reconocer que la justicia aquí se equivocó», concluyó. La Fiscalía pide para Vladimir Kokorev ocho años de prisión por blanqueo de capitales y por supuestamente dirigir una organización criminal multinacional que negociaba de forma ilícita con material militar de defensa. Para su mujer e hijo, seis años de cárcel por blanqueo de capitales, así como multas que van desde los 150 hasta los 200 millones de euros para la familia. También pide para Juan Arencibia, que era abogado de los Kokorev, una pena de cinco años y seis meses de prisión, al considerar que les asesoró para crear las sociedades instrumentales. Dos hermanas de este letrado también se enfrentan a cinco años y un día de prisión. Estos tres últimos por un delito de blanqueo de capitales por el que también les requieren multas que van desde los diez hasta los 100 millones de euros.

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