Hace sólo una semana, las posibilidades de salvar la singularidad del plátano en las reglas de comercialización establecidas en el ley de Cadena Alimentaria, que se tramita en las Cortes, eran prácticamente nulas. Los productores canarios estaban casi resignados a perder la batalla que venían manteniendo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde hacía meses para sacar la fruta canaria del nuevo texto legal. Este equiparaba el plátano isleño al resto de productos agroalimentarios pese a promesas difusas de que se establecería algún tipo de excepción. Los dos grupos del Gobierno central, PSOE y Unidas Podemos, mantenían su oposición a establecer excepciones en la línea que reclamaban los plataneros, en particular a permitir ventas a pérdidas contabilizando todo el año y a sacar de la ley la obligación de fijar en el contrato con los intermediarios el precio del producto, elementos contenidos en los famosos artículos 9.1,c; 9,1,j; y 12 ter del proyecto legislativo.
Así estaban las posiciones cuando se cerró el periodo de enmiendas y el texto inició su tramitación en la Comisión de Agricultura del el Congreso hace dos semanas. Sin embargo, un conjunto de circunstancias en esos pocos días cambiaron el destino del debate y del propio producto y permitieron que el miércoles esa misma comisión aprobara una enmienda del diputado de NC, Pedro Quevedo –pactada con las organizaciones de productores de las Islas– que blinda la singularidad del cultivo en Canarias y que, a efectos prácticos, supone una normativa específica en las condiciones de comercialización.
La intrahistoria de esta enmienda da cuenta de la gran cantidad de vericuetos que finalmente condujeron a su respaldo por parte del Congreso, incluidos numerosos movimientos políticos, y que a la postre han supuesto un alivio para el sector.
Emergencia.
El principal elemento que ha jugado a favor de la propuesta de Quevedo ha sido sin duda la crisis volcánica en La Palma, donde se cultiva el 38 % del total de la producción en el Archipiéalgo, y la situación de emergencia en la que se encuentra la Isla Bonita y en concreto la afectación de la erupción de Cumbre Vieja en las explotaciones agrarias, así como en cientos de inmuebles y fincas de la zona sepultadas bajo la lava, y a decenas de familias sin sus casas y terrenos.
Esta situación de emergencia ha inducido a la mayoría de los grupos de la Cámara baja a dejar de lado las consideraciones técnicas y a priorizar los elementos de solidaridad con la Isla, permitiendo unas excepciones para el plátano que no necesariamente se compartían en principio.
De hecho, esa circunstancia de emergencia es la que, expresamente, permitió la propia tramitación de la propuesta de Quevedo, pues el letrado y la mesa de la comisión de Agricultura consideraban inicialmente que no se podría admitir por interpretarla como nueva y sin vinculación expresa a ninguno de los artículos del proyecto de ley, pues lo que hace es establecer una disposición adicional para permitir la excepcionalidad del plátano.
Baja de Oramas.
El propio diputado de NC tenía presentada una enmienda previa en la que solicitada que no se aplicaran los artículos antes mencionados sobre las condiciones de comercialización al producto canario, siguiendo la estala de la que previamente había presentado la diputada de CC, Ana Oramas. Se da la circunstancia de que es la diputada tinerfeña la representante del grupo Mixto –al que pertenecen ambos nacionalistas canarios– en la comisión de Agricultura, no el diputado por Las Palmas, lo que en teoría impedía que éste pudiera presentar ninguna propuesta como la que luego se aprobó. Sin embargo, la baja de Oramas por motivos médicos tras una reciente operación de tobillo, determinó su sustitución en la comisión por Quevedo, cuya intención inicial era la de la simple defensa de las dos enmiendas nacionalistas sobre el plátano.
Tras constatar que el PSOE y Unidas Podemos, se supone que respaldados por otros grupos que apoyan al Gobierno, iban a rechazar ambas, Quevedo optó por elaborar la transaccional que previamente había pactado con los plataneros.
Las reservas reglamentarias iniciales para permitir su tramitación se superaron dándole a la misma la condición de «urgente» y apelando a la situación de emergencia que vive La Palma, así como logrando la necesaria firma de un segundo diputado de otro grupo, en este caso el valenciano Joan Baldoví (Compromís/Grupo Plural), con quien Quevedo trajina apoyos mutuos para sus respectivas iniciativas parlamentarias.
Una semana más.
Ese era el marco del debate cuando se inició la discusión y votación de la Ley en la comisión de Agricultura tras la suspensión de la misma la semana anterior por estar aún muy retrasado el ordenamiento de las más de 350 enmiendas presentadas, y para dar tiempo a los grupos a pactar propuestas conveniadas. En los días previos, el PSOE había anunciado de manera oficiosa que estaba dispuesto a mejorar su propia enmienda sobre el plátano (que no aceptaban los plataneros e iba a ser rechazada por NC y CC) asumiendo incluir los 10 millones del Posei como costes de producción, pero manteniendo su oposición a la venta a pérdidas durante todo el año y a eliminar la necesidad de fijar el precio de venta en los contratos. Dicha mejora, sin embargo, se presentaría en el Senado. Era en realidad una propuesta avalada principalmente por los socialistas canarios pero sin el visto bueno definitivo del Ministerio y del grupo parlamentario en el Congreso.
Presiones del PSOE canario.
El cambio de circunstancias provocó a la postre la situación producida en la sesión parlamentaria del miércoles, donde la transaccional de Quevedo y Baldoví, para la que el diputado de NC había recabado el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios –Mixto (con Coalición Canaria, NC, Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe), PP, Ciudadanos, PNV, VOX, Bildu, Plural (Junts, Más País y Compromís) y Republicano (Esquerra y Bildu)–, resultó aprobada con los únicos votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. Estos alegaron luego un «error» en su voto para solicitar que se repitiera la votación a fin de apoyarla, algo que el presidente de la comisión, del PNV, rechazó.
Lo cierto es que durante el debate, el portavoz socialista, Herminio Sancho, siempre se remitió a las posiciones de partida de su grupo y a su propia enmienda, y sólo una vez constatada la derrota de ésta y la aprobación de la transaccional de Quevedo se apeló a una confusión sobre las órdenes transmitidas desde el Ministerio.
Todo parece indicar, sin embargo, que fue la presión ejercida desde el PSOE canario, con implicación directa de su secretario general y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (que remitió mensajes a la socialista canaria presente en la comisión, la lanzaroteña Ariagona González), lo que provocó ese intento de repetir la votación. Los socialistas alegaron luego que el tercer punto de la enmienda de Quevedo originaba «dudas jurídicas» en el Ministerio, pero que finalmente se aceptaba. Demasiado tarde para dar marcha atrás ante el evidente malestar del partido en Canarias.
Quevedo confesó luego que algunos socialistas le reconocieron que su voto estaba condicionado por el Ministerio y la disciplina de partido, mientras el PSOE apelaba al peregrino argumento de que había votado a favor del dictamen final del proyecto legislativo, que incorporaba el blindaje al plátano, como demostración de su intención de apoyarlo. Algo insostenible porque no se entiende que el principal grupo del Gobierno fuera a rechazar el dictamen de una ley impulsada por el propio Ejecutivo por el mero hecho de que se hubiera incluido una enmienda contra su criterio.
Los socialistas canarios se sumaron finalmente a la victoria del plátano canario con una nota de prensa en la que se felicitaban por el resultado, al tiempo que la asociación de los productores Asprocan, en otra ponía en valor el apoyo público de los socialistas por cuanto «compromete su voto a favor en el Senado y permite así al sector centrar todos sus esfuerzos en la recuperación de la isla de La Palma».
