Los productores de plátano lograron este miércoles que la ley de Cadena Alimentaria que se tramita en las Cortes incluya una de sus demandas para excepcionar esta fruta de las reglas del juego que establece la nueva normativa en las condiciones de comercialización. La comisión de Agricultura del Congreso dio el visto bueno a una enmienda del diputado de NC, Pedro Quevedo, por la que se añade al nuevo texto legal una disposición adicional con tres puntos concretos que determinan los preceptos que se aplicarán al plátano en los artículos que el sector consideraba inasumibles para su superviviencia y, en definitiva, blindan su singularidad.
Así, de una parte, la ley recoge la inclusión de las ayudas comunitarias al producto –en concreto los 10 millones anuales contemplados en el Posei– como parte del coste efectivo de producción en las operaciones comerciales de la cadena alimentaria para la determinación de su precio de venta; establece, en segundo lugar, que «las organizaciones de productores de plátanos computarán como precio, el precio medio de todas sus ventas de Plátano de Canarias IGP (Indicación Geográfica Protegida) a todos sus clientes en cada año natural»; y, en un tercer y último punto, reconoce que «el comprador y la organización de productores que haya realizado la venta, tendrán la obligación de fijar en el contrato el precio del producto, pudiendo hacerlo hasta una semana después del proceso de maduración en destino del plátano canario».
Con estos añadidos la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que aglutina al 100% del sector, considera que se consigue evitar la pérdida de hasta el 90% de la producción total, a la que abocaba el proyecto de ley.
La modificación propuesta por Quevedo fue rechazada inicialmente por el PSOE y Unidas Podemos y respaldada por el resto de grupos parlamentarios, con resultado de 20 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, aunque los dos grupos del Gobierno central habían presentado una enmienda transaccional en la que teóricamente asumían los dos primeros puntos de la propuesta de Quevedo y rechazaban el tercero, el relacionado con los plazos para incluir en el contrato el precio de venta. La enmienda de PSOE y Unidas Podemos fue derrotada por la misma mayoría que respaldo la del diputado de NC.
Sin embargo, el PSOE y Unidas Podemos alegaron posteriormente que había habido un «error» por su parte en la recepción de las instrucciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a la enmienda de Quevedo y trataron de parar la votación del resto del dictamen para solicitar una repetición de la votación con intención de apoyarla. El presidente de la comisión, Joseba Arregi Aguirretxea, del PNV, rechazó tanto el receso que solicitaron los socios del Ejecutivo como la repetición de la votación sobre la que pretendían cambiar de posición. Más allá de las explicaciones oficiales de los socialistas sobre las razones de su voto en contra, lo cierto es que fue el partido en Canarias quien presionó al grupo parlamentario para intentar un nuevo escrutinio en la comisión para respaldar la enmienda del diputado de NC.
Fuentes del grupo parlamentario señalaron a este periódico que inicialmente tenían “dudas jurídicas” sobre el tercer punto de la propuesta de Quevedo pero que finalmente el Ministerio había dado el visto bueno a incluir ese apartado en la ley. Recordaron que el PSOE ya se había mostrado dispuesto a incluir las ayudas del Posei en el coste efectivo de la producción y que contemplaban presentar una enmienda en este sentido en el Senado.
Situación en La Palma
Aunque inicialmente la enmienda de Quevedo tuvo dificultadas para su tramitación, ya que se interpretaba como un texto nuevo, el letrado y la mesa de la comisión la admitieron tras justificarse la misma por la situación excepcional como con secuencia de la crisis volcánica que se vive en La Palma, isla donde se produce el 38 % de la producción platanera de todo el Archipiélago y cuyas plantaciones se han visto afectadas por la erupción. El diputado de NC anunció durante el debate que retiraba su enmienda inicial para que el plátano fuera excluido de los artículos de la ley de Cadena Alimentaria referentes a las condiciones de comercialización de los productos agroalimentarios, la misma que también presentó CC, formación que optó por mantenerla.
"La producción platanera se da durante 52 semanas semanas al año de forma que es imposible prever lo que va a pasar con los precios en el mercado"
En la defensa de su enmienda alternativa, Quevedo explicó que «la producción platanera se da durante 52 semanas semanas al año de forma que es imposible prever lo que va a pasar con los precios en el mercado y la única forma de evitar que millones de kilos se tiren a la basura es que haya la posibilidad de computar anualmente». Insistió en que «esto ni perjudica a nadie, y permite que los plataneros puedan sobrevivir a veces con unos precios y a veces con otros», añadiendo además que «los maduradores del plátano fuera de Canarias forman parte de la organización de productores y no son ni intermediarios ni grandes superficies», y que «los productores no pueden vender el producto en verde y para venderlo en amarillo necesitan de un madurador». Todas estas circunstancias son las que motivan la excepcionalidad del producto a la hora de fijar las condiciones de su comercialización.
La mayoría de los portavoces se refirió a la situación que vive La Palma y su afectación sobre las plantaciones plataneras. La portavoz del PP, Milagros Marco, avisó que «de aplicarse las condiciones que establece el proyecto de ley dejaría de venderse hasta un 90% de su producción, calculado en 430 millones de euros», y recordó que «del plátano viven 15.000 familias en toda Canarias y de ellas, 10.000 viven en La Palma. Estamos hablando del 50 % del PIB de La Palma y merecen que les escuchemos y les atendamos».
