La Consejería de Hacienda está ultimando un informe, un «dictamen técnico», con el que solicitará a Madrid que cambie el método de cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias. La idea es que la modificación se haga cuanto antes para evitar que en el futuro la Comunidad Autónoma pueda perder más fondos europeos. Al fin y al cabo, subsanar el error del Instituto Nacional de Estadística –el órgano estatal encargado de calcular el PIB– es tan sencillo como tener en cuenta que en las Islas no se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA, sino el Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC.
Un error en apariencia menor pero de graves consecuencias: el Archipiélago perdió 840 millones entre 2014 y 2020 porque los técnicos del INE no consideraron o no repararon en que las Islas tienen un Régimen Económico y Fiscal (REF) que las diferencia de los demás territorios del país. Un régimen donde los impuestos, con el IGIC a la cabeza, son más bajos que en el resto de España, con lo que el peso de los tributos en el PIB canario no puede ser el mismo que en los de las demás autonomías. Pero esto es lo que viene haciendo el INE: tratar al Archipiélago como si en las Islas también se aplicara el IVA, es decir, como si el REF no existiera. Una paradoja que destapó Domingo Jesús Lorenzo Díaz, profesor de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna, en la investigación titulada El PIB de Canarias y de sus economías insulares. El análisis del también técnico del Instituto Canario de Estadística (Istac) dio lugar a que la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos convocara a una mesa de expertos que ha corroborado sus conclusiones. En otras palabras: las sucesivas cifras del PIB autonómico –al menos desde 1993, año en el que se estrenó el IGIC– están infladas. En consecuencia, en la información que el Estado ha venido transmitiendo a Bruselas las Islas han aparecido como un territorio más rico de lo que en realidad son. Y como la Unión Europea da más dinero a las regiones más pobres, al Archipiélago le tocaron así menos fondos –esos 840 millones menos– de los que debieron tocarle. Mientras no se corrija el método de cálculo, el riesgo de que vuelva a suceder seguirá latente.
Las Islas pierden 840 millones entre 2014 y 2020 por ‘olvidar’ el INE que en Canarias no hay IVA, sino IGIC
El viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, explicó ayer que a finales de semana habrá una segunda reunión con el panel de expertos –la primera fue a principios de agosto, nada más conocerse la investigación del profesor universitario– para suscribir un dictamen técnico con los argumentos que luego se trasladarán al Comité Interterritorial de Estadística. Este comité es el órgano colegiado permanente encargado de velar por la coordinación, la cooperación y la homogeneización en materia estadística entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Entre los miembros del panel de expertos que esta semana firmarán el dictamen que luego se enviará al Comité Interterritorial están los catedráticos de Economía Aplicada José Ángel Rodríguez Martín, José Luis Rivero Ceballos y Pedro Gutiérrez; la también catedrática, en su caso de Economía de la Salud, Beatriz Valcárcel; y el doctor en Economía por la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y catedrático de Análisis Económico Simón Sosvilla. Así pues, la intención en la consejería dirigida por Román Rodríguez es que el dictamen tenga todo el aval científico para que no haya espacio para la discusión ni con el INE ni con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al que aquel está adscrito.
El Ejecutivo autonómico tiene de su parte, además, lo que ocurre en la vecina Francia. Las autoridades galas sí tienen en cuenta los especiales regímenes fiscales de sus regiones de ultramar a la hora de calcular su Producto Interior Bruto. De modo que a diferencia de España con Canarias, París no hincha la riqueza de Guadalupe, Martinica, la Guayana Francesa, Reunión y Mayotte, cinco territorios que comparten con las Islas el estatus de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea.
La consejería de Rodríguez elevará un dictamen al Comité Interterritorial de Estadística
Un desvío multimillonario
La investigación de Domingo Jesús Lorenzo Díaz revela que la desviación entre el PIB calculado por el INE para 2018 y el PIB real de ese año es de un 4%, es decir, que el Producto Interior Bruto de ese ejercicio en realidad fue un 4% inferior al que muestra la estadística oficial. Una notable diferencia que es el resultado entre considerar a Canarias como un territorio cualquiera de régimen común –salvo Navarra y País Vasco, todas las Comunidades Autónomas son de régimen común, si bien las Islas cuentan con un REF específico para compensar los sobrecostes por su insularidad, fragmentación territorial y lejanía respecto de la Europa continental– o tener en cuenta sus «singularidades y especificidades». Al ignorar estas últimas, resulta que el PIB de 2018, el mismo que muestran todos los datos oficiales, queda en 45.823 millones de euros, cuando en realidad ascendió a 43.988 millones, 1.835 menos. Y esta es la diferencia solo en 2018, a la que habría que añadir las desviaciones desde 1993.
Hay que recordar que la patronal del Archipiélago, tanto la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) como la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), la patronal de la provincia de Las Palmas, ya ha pedido que el Ejecutivo regional debe ir un paso más allá y no solo exigir que se corrija el método de cálculo, sino también que se compense al Archipiélago por la pérdida de fondos europeos causada por el inadecuado método del INE. «Si no saben [en Madrid] que tenemos un REF, cómo van a saber que tenemos IGIC», subrayó el vicepresidente de la CCE, José Cristóbal García, nada más conocerse la investigación del técnico del Istac.
Entre el empresariado, como también vienen insistiendo los asesores fiscales, entienden que ha llegado el momento de que el Gobierno autonómico constituya una comisión, un órgano interdepartamental o una suerte de unidad de vigilancia permanente que con tres o cuatro técnicos vele por los intereses de Canarias y se encargue de revisar toda la información que afecta al REF o a la condición de región ultraperiférica de las Islas.