En 2016, con Mariano Rajoy en la Presidencia y Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, nadie en Madrid reparó en que la modificación del sistema de pagos fraccionados de las empresas suponía vulnerar el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Dos años después, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa y con María Jesús Montero al frente de las finanzas del Estado, el Ejecutivo central tampoco tuvo en cuenta el REF al diseñar un régimen de tributación mínima para las grandes sociedades que no exceptuaba a las firmas que operan en el Archipiélago. Vendrían después, ya en 2020, la supresión de las mayores ventajas fiscales a los rodajes de cine en las Islas; la posterior corrección a medias en el Consejo de Ministros, que en junio elevó a 12,4 millones el límite de la bonificación en favor de las grabaciones en Canarias cuando debía incrementarse hasta 18 millones; la segunda y definitiva corrección –el Congreso aprobó este jueves subir el tope a esos 18 millones–; y ahora la discusión sobre si en las islas verdes –La Palma, La Gomera y El Hierro– la cuantía deber ser aún mayor, de 20 millones. Una lista cada vez más larga de olvidos, despistes, incapacidad o negligencia –los calificativos de los partidos en la región han sido distintos dependiendo de quién gobernara en Madrid en cada momento– que evidencia, según los expertos, la necesidad de una unidad permanente para la vigilancia del REF.
«Qué menos que un órgano de vigilancia, un órgano de seguimiento, para asegurarnos de que el REF cumple su finalidad y que analice cualquier modificación normativa que pueda afectarle», explica Orlando Luján, miembro de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y delegado en el Archipiélago del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEdAF). Antonio Viñuela, experto en derecho fiscal, socio responsable de la oficina de Garrigues en la región y miembro de la AEdAF, precisa que desde la asociación ya se ha transmitido al Gobierno de Canarias la conveniencia de constituir este órgano, en el que lo de menos sería su forma jurídica. Ya sea un grupo de trabajo, una unidad, un equipo o un órgano propiamente dicho, lo importante es que dé «capacidad de reacción» –subraya Viñuela– ante situaciones como la rebaja de los incentivos tributarios a las producciones audiovisuales –ya corregida– o las anteriores con los pagos fraccionados o el régimen de tributación mínima. De hecho, Viñuela, que también forma parte del comité científico de la Cátedra del REF, está convencido de que si esta comisión ya funcionara, «lo del cine se hubiera resuelto más fácilmente».
Lo que tienen claro en la AEdAF es que esta unidad de vigilancia debe ser «permanente» y debe tener dos cometidos fundamentales: comprobar si las medidas económicas y fiscales del REF van resultando como se espera y estar ojo avizor por si alguna ley, disposición o medida –e incluso ante el mero anuncio de esa próxima ley, disposición o medida si se teme que ello pueda ocurrir– vulnera el fuero isleño. Esto permitiría que ese equipo o unidad de vigilancia del REF tomara cartas en el asunto, es decir, se pusiera en contacto con el Ministerio o la Secretaria de Estado de turno, le expusiera el punto de fricción entre el fuero y la normativa de que se trate y, en última instancia, se buscara una solución. En definitiva, la discusión se produciría en un ámbito funcionarial y antes de que la sangre llegue al río. Dicho de otro modo: antes de que la discusión técnica se convierta en discusión política, que es lo que ha pasado en todas las anteriores ocasiones en que Madrid se ha despistado y ha vulnerado, por acción u omisión, la particular constitución económica de las Islas. «No podemos seguir viviendo de polémica en polémica en algo tan fundamental para Canarias como es nuestro REF», resume Orlando Luján.
El economista puntualiza que en ningún caso están hablando de un órgano o comisión numeroso ni mucho menos costoso. «En tributación sería suficiente con tres expertos», apunta el socio-director del despacho Luján Asesores. «Si tenemos en cuenta que el presupuesto de la Comunidad Autónoma supera los 8.000 millones de euros, pues en términos presupuestarios estaríamos hablando de calderilla». Máxime, agrega el asesor, si se considera que este órgano serviría para proteger un instrumento «tan vital» como el REF.
Lo ideal sería, añade Antonio Viñuela, que esta comisión o grupo de trabajo contara también con la participación de funcionarios del Estado, para que la comunicación fuera más fluida y la interlocución, más directa. No en vano, la comisión sería la encargada de relacionarse con la Administración estatal en lo relacionado con el REF, pero entre sus funciones también estaría la de ver dónde hay cuestiones por aclarar en la normativa o dónde es necesario un desarrollo reglamentario. Ayudaría así a ir disipando las dudas que llevan a muchas empresas a no usar los incentivos del REF «por miedo o por inseguridad jurídica», recuerda Luján.
