Canarias busca un camino propio en la batalla abierta entre comunidades autónomas de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno central se ha comprometido a inicias este mismo año. El Ejecutivo regional presidido por Ángel Víctor Torres busca una estrategia que, al menos por ahora, evita posicionarse en alguno de los frentes que otros territorios están ya conformando. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de pilotar la reforma de un sistema prorrogado desde hace siete años, no encuadra a las Islas en ninguno de los que ella identificó el miércoles durante su comparecencia en el Congreso para explicar los planes de su departamento sobre este asunto.
Aunque Canarias sigue considerando urgente un nuevo modelo que se ajuste a la realidad de las necesidades de cada territorio para la cobertura de los servicios públicos esenciales –sanidad, educación y servicios sociales–, lo cierto es que su situación de déficit se palió considerablemente tras lograr, a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, sacar los recursos del REF, que compensan el coste de la insularidad, del sistema de financiación. El déficit calculado hasta entonces era superior a los 700 millones anuales, y la corrección producida hace cuatro años no ha acabado del todo con el problema, teniendo en cuenta que dos tercios de los recursos totales con los que cuenta la comunidad proceden de ese mecanismo.
Este sigue siendo el objetivo principal del Gobierno regional en estas vísperas del debate de fondo abierto entre comunidades ante la inminencia de la presentación por parte de Montero de una propuesta que, según confirmó el miércoles, presentará en noviembre. El hecho de que el nuevo Estatuto de Autonomía recoja que los fondos del REF no computarán en el reparto supone una garantía y da pie al Gobierno regional a poner el énfasis en otros elementos para mejorar su financiación.
Esta es una de las razones por las que Canarias está actuando en los últimos meses con mucha prudencia y cautela respecto a los frentes a los que se refirió la ministra, evitando posicionarse claramente en alguno de ellos pese a que en años anteriores sí buscó estrategias comunes con las regiones que más exigentes eran con la reforma y con un cambio de modelo, especialmente la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares. Tanto el anterior Gobierno de Fernando Clavijo (CC), que llegó a liderar una minicumbre autonómica oficiosa para exigir al entonces presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy (PP), la reforma del sistema, como el propio Torres al inicio de su mandato hace dos años, buscaron alianzas en las comunidades con intereses afines para presionar al Gobierno central.
Ajeno a los frentes
Sin embargo, Torres no parece ahora interesado en integrarse en ninguno de los frentes, tampoco en el que estuvo encuadrado que ahora lidera el presidente valenciano, Ximo Puig, que en las últimas semanas mantiene una apretada agenda de encuentros bilaterales, entre ellos con los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés; de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla; y la presidenta de Baleares, Francina Armengol.
Tampoco tiene Torres intención de sumarse al otro gran frente autonómico con intereses comunes y que parece comandar el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien oficiará de anfitrión en una cumbre convocada para finales de octubre o principios de noviembre en Santiago de Compostela a la que asistirán al menos otros cinco mandatarios autonómicos de distintos partidos, los de Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, del PSOE; el de Castilla y León, del PP, y el de Cantabria, del PRC. No se descarta que se sumen los presidentes de Aragón y Extremadura, ambos socialistas.
Aunque distintas fuentes rechazan que el objetivo de la cumbre sea el de formar un frente común para defender sus intereses en el nuevo modelo de financiación (de hecho no se descarta la presencia de Íñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco, comunidad ajena al sistema de financiación general), es clara su estrategia de intentar frenar la presión de otras regiones para que el nuevo modelo se base en el criterio de población ajustada, que en teoría le perjudicaría, y defienden que en sus territorios se afronte el reto demográfico con mayor intensidad y se tenga más en cuenta la dispersión demográfica de forma que la reforma se centre en el coste efectivo y las necesidades reales de gasto y se primen aspectos como el envejecimiento y la población.
El segundo gran frente que identificó la ministra, el de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, reclama una reforma que nivele las diferencias del actual sistema dado que por población ajustada tendrían una mayor capacidad de tener los recursos suficientes, por lo que piden una revisión de los criterios de población ajustada y han solicitado la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación de 1.300 millones hasta que llegue la reforma completa del sistema.
El tercer bloque, constituido por Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid, reclaman tener en cuenta el denominado ‘principio de ordinalidad’ en la aplicación de las medidas de nivelación, al considerar que hay que fijar como límite el respeto a la ordenación previa a la nivelación en términos de financiación por habitante.
La ministra ha criticado con dureza el «frentismo» que se está percibiendo y advirtió de la dificultad de llegar a un acuerdo con postulados territoriales prácticamente incompatibles entre sí, lo que da idea de hasta qué punto el acuerdo para un nuevo modelo solo se conseguirá si el Estado hace nuevas e importantes aportaciones de recursos, bien por nuevas cesiones de tributos, bien por vía directa presupuestaria.
Considera Montero que tiene que haber un doble consenso político, entre los dos grandes partidos estatales para que la reforma, regulada por ley orgánica, tenga el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, y territorial entre las diferentes autonomías en el seno del CPFF, algo que ahora mismo no se da. Avanzó en este sentido que «los elementos no van a ser los que quieren de forma plena cada uno de los territorios porque hay diferentes posiciones, pero hay que ser capaces de tener una mirada amplia que permita llegar al acuerdo y consenso, lo que implica que uno tiene que ceder para que otros puedan ganar».
Criterios propios
En el caso de Canarias, Torres ya apuntó en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de julio en Salamanca los criterios que pondrá sobre la mesa en la futura negociación, que se introduzcan «parámetros objetivos y actuales», como la pérdida de productividad, la pobreza estructural o la pérdida de renta per cápita, y que el criterio de población ajustada tenga en cuenta elementos como la lejanía y la doble insularidad. El daño económico y social producido por el covid en los dos últimos años en las Islas marca en parte las reivindicaciones canarias.
También el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que será el encargado de negociar técnicamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la reforma junto al Estado y el resto de comunidades, ha señalado en distintas ocasiones que el criterio de población ajustada debe modularse para que el sistema sea equitativo y garantice que todos los ciudadanos accedan a los servicios públicos sujetos a financiación en condiciones de igualdad independientemente de la comunidad en la que vivan.
