«El Gobierno de Sánchez pone en riesgo al sector de plátano de las Islas y lo hace con el respaldo de los diputados socialistas, incluidos los canarios», denunció ayer la presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, quien rechazó el trato que se le da al sector en la Ley de Cadena Alimentaria, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados. «Lo hizo con el Turismo, con el REF y, ahora con el plátano, dejándolo desprotegido ante una competencia injusta y desleal frente a la banana», señaló la dirigente popular. Para Navarro, el rechazo del PSOE a hacer una excepción para la fruta canaria vuelve a dejar en «evidencia» al Gobierno autonómico y su «insignificancia» a la hora de defender los intereses de las Islas. «Un gobierno incapaz de reaccionar, sumiso, que permite que ministro tras ministro vengan con falsas promesas que no son capaces de cumplir», apuntó.
Durante su visita a las instalaciones de la cooperativa agrícola Llanos de Sardina, en Gran Canaria, donde mantuvo una reunión con el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Sergio Cáceres, Navarro expresó el «respaldo» y la «inequívoca oposición» de su partido al «ataque» que supone la Ley de Cadena Alimentaria para el futuro y la competitividad del plátano canario. «Una ley que, de aprobarse, perjudicará significativamente a los productores de plátanos de Canarias, producirá la desaparición de la actividad económica que genera su cultivo en nuestras Islas, y pone en riesgo la actividad económica ligada al sector, convirtiéndolo en un producto marginal, y desprotegiéndolo ante la presencia de la banana de terceros países», aseveró.
La líder de los populares canarios denunció que «tras Marlaska, Escrivá y Maroto, le ha tocado el turno el ministro de Agricultura, Luis Planas, que durante una visita en el mes de mayo a La Palma se comprometió de forma pública a proteger el plátano de Canarias en el marco de la Ley de Cadena Alimentaria y, sin embargo, ahora vemos como deja abandonado al sector». Navarro, quien estuvo acompañada en la reunión por la portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Milagros Marcos, defendió que «se trata de un abandono consentido» por el «silencio sepulcral» que mantiene el presidente canario, Ángel Víctor Torres, la consejera de Agricultura y sus socios de gobierno. «A pesar de la pasividad y la irresponsabilidad del Ejecutivo autonómico, se ha conseguido un aplazamiento de una semana de la votación de las enmiendas al proyecto de ley», recordó Navarro.
La presidenta autonómica de los populares advirtió que Torres tiene siete días para salvar al plátano, y «debe aprovechar este tiempo extra para convencer a sus compañeros de partido de la necesidad de incluir en la ley la protección de nuestro cultivo frente a la banana de terceros países».
Por su parte, Marcos indicó que «en estos momentos lo que tenemos encima de la mesa del Congreso es una ley trampa en la que, además de la complejidad administrativa que se pretende introducir en el sector, también contempla un espantoso régimen sancionador», con el que se amenaza a los productores del sector primario y a toda la cadena agroalimentaria, «poniendo en riesgo el futuro del principal sector industrial de nuestro país».
Esta ley, relató Marcos, perjudica gravemente a los productores isleños de plátano, puesto que la norma incluye artículos que regulan el precio mínimo de venta, un aspecto produciría la desaparición de la actividad económica que genera el cultivo en el Archipiélago. «Un tema tan serio, la ley más importante que da equilibrio a toda la cadena que protege al sector, requiere trabajo; y por ello pedimos al Gobierno que se lo tome en serio, que escuche al sector y que atienda a las propuestas del PP», comentó Marcos. Asimismo, la portavoz de Agricultura en el Congreso mostró el apoyo y solidaridad del PP con los agricultores y productores afectados por la erupción del volcán de La Palma, que «observan cómo sus explotaciones están siendo arrasadas por la colada de lava».
En este encuentro, en el que también participaron los diputados nacionales Guillermo Mariscal y Auxiliadora Pérez, y los diputados autonómicos Poli Suárez y Carlos Ester Sánchez, el gerente de Asprocan afirmó que la Ley de Cadena Alimentaria supondría el fin de este sector en las Islas y obligaría a cerrar «o a dejar atrás hasta el 90% de la producción». Por ello, Cáceres pide que se exceptúe al plátano canario de la regulación de precios contemplada en la norma. El sector afronta circunstancias muy difíciles en el mercado, con «unos precios de ruina en muchísimos casos» y una banana de importación de terceros países que «bate récords a la baja en precios de importación a Europa, con declives del 20%, y bananas que se ofrecen al consumidor en la península a 70 céntimos el kilo».
A esto se suma, añade la patronal, que la banana se produce en otros países en unas condiciones con las que es «imposible competir, en las que no importan el medio ambiente, los derechos sociales o la seguridad”. Cáceres añadió que el sector necesita “garantías y posibilidades de competir, no es que queramos vender a pérdidas la producción, nadie quiere hacerlo, lo que queremos es vender».
«Ello nos obligaría a cerrar o a dejar atrás hasta el 90% de la producción, con un desmantelamiento del sector, y en Tenerife, La Palma y el norte de Gran Canaria no hay alternativa de empleo», ha asegurado Cáceres. En su opinión, el retraso que se ha producido en la votación de la Ley en el Congreso de los Diputados es una oportunidad para que los grupos parlamentarios se unan y acepten la enmienda que permitiría la pervivencia del plátano de Canarias.
