Los colegios de Trabajo Social de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han votado en contra del anteproyecto de la Ley de Renta Ciudadana de Canarias durante la última reunión del Consejo General de Servicios Sociales. Estas entidades profesionales defienden una ayuda que suponga un «verdadero cambio de modelo en el sistema de prestaciones económicas», pero consideran que el anteproyecto presentado en el Consejo es una nueva Prestación Canaria de Inserción (PCI) «con algunas mejoras, pero más compleja en su tramitación y gestión». Así lo entienden las presidentas de ambos colegios, Candelaria Delgado (Tenerife) y Laura Monroy (Las Palmas).
Pese a su voto en contra, el anteproyecto salió aprobado por mayoría en el Consejo, por lo que el Gobierno va a seguir su tramitación. Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales -de la Consejería que dirige Noemí Santana-, aunque disiente con la apreciación de los colegios respeta su opinión. Sostiene que la nueva renta ciudadana mejora sustancialmente la PCI y se va a empezar a tramitar en el Parlamento por lo que puede enriquecerse. Según los colegios de Trabajo Social, el modelo de renta ciudadana que propone la Consejería de Derechos Sociales se divide en tres modalidades y exige que las familias que la perciban asuman entre sus obligaciones participar en actividades de inclusión social. Desde los colegios plantean un modelo de renta de ciudadanía distinta que avance hacia una renta básica universal y, por ello, proponen que se base en dos modalidades, una sólo económica, a través de la Consejería de Empleo como lo hacen en comunidades como el País Vasco, dirigida a quienes no deseen entrar en procesos de inclusión por sus circunstancias personales, como cuidar a personas de su entorno, pero se encuentren en situación de pobreza extrema, con el objeto de que puedan contar con ingresos regulares para la subsistencia. Y por otra parte, una modalidad inclusiva, dirigida a quienes deseen entrar en procesos de inclusión para la mejora de su calidad de vida más allá de contar con ingresos económicos de subsistencia.
Indican que en el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social más de 343.000 personas están en situación de pobreza severa, más de un 16% de la población de las islas, lo que sitúa a las Islas en la primera comunidad del Estado en porcentaje de población en pobreza. Por ello, consideran que el objetivo principal de la renta de ciudadanía debería ser simplemente ofrecer recursos económicos suficientes que posibiliten a las personas y las familias salir de la situación de pobreza extrema, y cuando las mismas mejoren económicamente su situación, y siempre que lo demanden, se puede pasar a realizar intervenciones profesionales en torno a la inclusión social.
Desde los colegios de Trabajo Social de Canarias se insta a los responsables políticos «a que no engañen a la población con falsas promesas de que la renta de ciudadanía los sacará de las situaciones de pobreza y de la exclusión social, y que informen de toda la letra pequeña que tiene esta prestación, la cual en conceptualización, procedimientos, importes y características se asemeja al Ingreso Mínimo Vital estatal», exponen. Asimismo, subrayan que al presentar las solicitudes de forma telemática muchos solicitantes va a tener problemas en hacerlo y se va a recargar a los trabajadores sociales para que los ayuden al igual que a los ayuntamientos por lo que se requiere personal cualificado. En cualquier caso, los trabajados sociales están dispuestos a colaborar en cualquier mesa de trabajo para mejorar la renta ciudadana, a la que reconocen que tiene cosas buenas pero no es la renta universal que prometieron los partidos antes de acceder al poder.
El director general de Derechos Sociales afirma al respecto que no es lo mismo la renta ciudadana canaria y la PCI. La renta ciudadana será un derecho subjetivo y garantizado del que las familias dispondrán el tiempo que sea necesario. «La PCI no es un derecho subjetivo, es de duración determinada, a pesar de las últimas reformas mejoras de las cuantías». En 2021, la cuantía máxima de la PCI es de 682 euros para familias de seis miembros, mientras la máxima ayuda de la renta sería de 1.033 euros a partir de cinco, y la ley de renta establece una serie de complementos, si bien los mismos se irán implantando progresivamente como el complemento a la vivienda, las pensiones no contributivas o para la educación. Según el director general, desde que pase el trámite parlamentario, que intentarán que sea lo antes posible, a mediados del próximo año, puede dar cobertura a entre 30.000 a 50.000 personas.
