La Consejería de Administraciones Públicas ha dado un golpe de efecto en el conflicto de los interinos y ha colocado a una empleada afectada por el abuso de la temporalidad al frente de la Dirección General de Función Pública. Montserrat García es técnico de grado superior, grupo I, lleva casi 20 años trabajando para la Comunidad Autónoma y es personal laboral indefinido por sentencia, es decir, como otros muchos empleados públicos después de tres años consecutivos trabajando en la misma plaza demandó a la Administración autonómica y la Justicia avaló su puesto como indefinido hasta que la plaza que ocupa salga a oposiciones. La gran mayoría de los interinos de la Administración General tienen puestos de estas características y no tienen la plaza en propiedad.
El nombramiento de Montserrat García ha sorprendido a los sindicatos y al propio personal que lleva reclamando desde hace meses que se estabilicen sus puestos de trabajo. La ahora directora general lleva casi dos décadas en esta situación pero hay casos de más tiempo sin que la Administración haya consolidado estos puestos de trabajo, que ahora se ven ante la incertidumbre de la decisión que pueda adoptar el Estado y la Comunidad Autónoma sobre la convocatoria o no de procesos selectivos, una opción que es rechazada por estos empleados públicos.
El nombramiento de García llega después de varios intentos frustrados de nombrar un relevo para Laura Martín entre funcionarios de carrera. Según ha podido saber este periódico, el equipo que dirige el consejero Julio Pérez ofreció la vacante de la Dirección General a antiguos directores del departamento como Aarón Afonso y Gregorio Martín Plata, que desestimaron la propuesta. También se ofreció a funcionarios de la Dirección General pero tampoco fructificaron las gestiones en este sentido.
Montserrat García asume la Dirección General de Función Pública en un momento trascendental no solo por el conflicto laboral que protagonizan los interinos desde enero, sino también porque es un departamento clave, junto con Hacienda, en la reorganización administrativa que ha planteado el Gobierno regional para la gestión de los fondos europeos Next Generation, un ingente volumen de recursos que requiere de más efectivos y contrataciones porque con el personal existente en la Administración no es suficiente, además de la creación de puestos directivos, listas de empleo y ofertas públicas para contratar a personal cualificado.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el nombramiento de la nueva responsable de Función Pública y ayer mismo tuvo ocasión de palpar la tensión que se vive por el conflicto laboral del personal en abuso de temporalidad. García asistió, junto al viceconsejero Manuel Martínez, a la mesa general de negociación de empleados públicos, durante la cual se evidenció la fractura sindical existente ya que los sindicatos que forman parte del comité de huelga –Sepca e Intersindical– se levantaron de la mesa cuando el resto de las centrales –UGT, CCOO y CSIF– y el Gobierno quisieron debatir sobre la situación de los interinos. El comité de huelga no reconoce la autoridad de la mesa general como foro para tratar el conflicto. Posteriormente volvieron a sentarse una vez que se pasó a otros asuntos que afectan a todos los empleados públicos.
Desde la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca) esperan que, como afectada en primera persona, Montserrat García «entenderá las mismas razones que el resto del colectivo para justificar la búsqueda de una salida que garantice la permanencia». Por eso desde la plataforma se valora a priori de forma positiva el perfil que se ha puesto al frente de la Dirección General. Sin embargo, en otros ámbitos laborales, sobre todo entre los funcionarios de carrera, el nombramiento ha causado cierto estupor porque lo habitual es que este puesto de confianza del Gobierno de turno sea dirigido por un funcionario.
Montserrat García tiene formación de economista y no de jurista como también suele ser habitual en un puesto de estas características, según remarcan fuentes sindicales. Su ventaja principal es que conoce bien el departamento porque trabaja en la Unidad de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos. También trabajó en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en la creación de una base de datos económico-jurídicos y en la Dirección General de Comercio de la Consejería de Industria y Comercio realizando labores técnico-administrativas.
El desacuerdo sindical en torno a la solución del conflicto laboral de los interinos no fue óbice para que la mesa general continuara con el resto de los puntos, entre ellos la regulación del teletrabajo en la Administración autonómica, la implantación de un plan de igualdad y la resignación de efectivos por el concurso de traslados que ya ha sido convocado por Función Pública.
En este sentido, la mayoría de los sindicatos rechazaron la fórmula adoptada por el Gobierno central para los empleados de la Administración General del Estado por la que solo tendrán un día a la semana de teletrabajo. Los representantes sindicales advirtieron a los representantes del Ejecutivo que no aceptan la posibilidad de instaurar este modelo. Asimismo, los equipos de trabajo constituidos han avanzado en la elaboración de un plan de igualdad del que carece aún la Comunidad Autónoma.
