María del Río, presidenta de la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias (Podemos), se comprometió ayer a impulsar un protocolo que garantice un «mínimo» de calidad en los servicios prestados a los mayores «que sea consensuado para todas las residencias» tanto públicas como privadas y «no solo» se le dé «pan y comida» a los mayores en estos centros. El grupo parlamentario de Podemos defendió así la gestión de la Consejería de Derechos Sociales, dirigida por Noemí Santana -de su misma formación-, días después de la polémica desatada por el informe de la Diputación del Común sobre las anomalías detectadas en algunas residencias de mayores. María del Río y el resto de partidos tuvieron que pedir disculpas por no haber prestado atención a este documento y reconocieron que no lo habían leído, diez meses después de ser registrado, pese a que hablaba de ratas, cucarachas o chinches en algunos centros.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, lo presentó finalmente el pasado martes en la Cámara canaria, aunque lo entregó en noviembre de 2020.
«Hay que redactar un protocolo de funcionamiento garantista de las residencias para que, más allá de quiénes las gestionen y de qué administración insular ostente las competencias, existan unos parámetros uniformes que impidan la toma de decisiones aleatorias y alejadas de parámetros de calidad, o más cercanos al rédito económico de las empresas privadas que tienen las concesiones de la gestión en muchas de ellas en Canarias», expuso ayer María del Río.
Acompañada por representantes del colectivo Yo te ayudo, tú me ayudas y de la Plataforma Madres por la Discapacidad, la diputada y encargada de los asuntos sociales de su grupo en el Parlamento también admitió que en dependencia podían haberlo hecho mejor en estos dos años de gobierno, pero volvió a insistir en que se encontraron una mala situación al llegar al Ejecutivo que están intentando corregir. «Este grupo no va a mentir sobre la realidad», dijo. Señaló que en Canarias se encontraron con 64 valoradoras y Castilla y León tiene 800. De ahí que las Islas sigan a la cola en los tiempos de resolución de la dependencia (una media de dos años y medio) y recalcó que se necesita al menos 320 trabajadores y que ahora ya están intentando reconducir este desajuste con la contratación de más personas y más recursos.
La diputada defendió un fortalecimiento de los derechos sociales en Canarias, que no han recibido, a su juicio, «en la misma medida» el respaldo presupuestario de la sanidad o la educación aunque son «igual de importantes». Esa falta de personal es extensible a otras áreas de la Consejería y por eso su grupo parlamentario exige un compromiso al Gobierno canario en el presupuesto de 2022, «y aunque no se cubran los 700 u 800 puestos necesarios, al menos que sean 200 más para ir avanzando», contrataciones que ya se han anunciado. En cualquier caso admitió que hay casi 8.000 personas con la dependencia reconocida pero no reciben la prestación.
La Plataforma de Madres por la Discapacidad celebraron ese protocolo que garantice a sus hijos con discapacidad y a los mayores un estándar de calidad. «Los políticos deben entender que tienen derechos a salir, a dar aun paseo, a ir a un cine y no se está haciendo en Canarias», indicaron Eugenia Paiz e Inmaculada González.
Además, denunciaron la vulneración de derechos humanos de ancianos y discapacitados en residencias durante la pandemia, donde han estado encerrados más allá del confinamiento general del resto de la población. Al final las madres se asociaron y consiguieron que pudieran salir los fines de semana, pero siguen cuestionando que en la actualidad no se les dé una correcta atención para su sociabilidad, sobre todo en los centros privados.
Hacer caso al Diputado
El retraso en debatir el informe de la Diputación del Común sobre las residencias de mayores ha provocado que los diputados se comprometan a hacerle un especial caso. La Mesa del Parlamento de Canarias acordó ayer que las presidencias de las distintas comisiones deberán incluir en el orden del día de sus reuniones los informes de la Diputación del Común en el mismo periodo de sesiones en que sean registrados. La propuesta presentada por el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, indica que el objetivo es hacer del Parlamento una institución «más transparente».
