Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Parlamento canario reclama más control a las residencias de mayores

Los grupos políticos se disculpan por tardar diez meses en analizar el informe sobre las deficiencias de los centros que habla de ratas, cucarachas y sarna

El Parlamento canario reclama más control a las residencias de mayores.

El Parlamento canario reclama más control a las residencias de mayores.

Los grupos del Parlamento de Canarias pidieron ayer disculpas por no haber analizado el informe de la Diputación del Común desde que se registró en el Parlamento en noviembre del año pasado, hace diez meses, y todos coincidieron en reclamar más control en las inspecciones en las residencias de mayores y que se impulse el segundo plan sociosanitario para aumentar las plazas. Con mucha expectación por la polémica que se ha generado en torno al contenido y la forma en que se ha conocido el informe de la Diputación del Común, Rafael Yanes compareció ayer, por fin, en la Comisión de Derechos Sociales para presentar el documento elaborado por su adjunta, la abogada Milagros Fuentes, y su equipo tras 25 visitas a centros de mayores en 2019 que se vieron interrumpidas por la covid. Este informe extraordinario de la situación de las residencias de mayores habla de ratas, cucarachas, chinches o brotes de sarna en algunos de los centros, pero los diputados no le hicieron caso hasta que salió en los medios de comunicación, y por ello ayer pidieron disculpas, al tiempo que conminaron a Yanes a que cuando presente informes de este tipo lo ponga en conocimiento de la Consejería correspondiente o de la Fiscalía.

«Lo de menos es cuánto se ha tardado» en analizarlo, empezó a decir Yanes. «Es lo mismo diez días o diez meses, sino lo importante es hablar de un asunto que preocupa a la opinión pública y septiembre es el momento adecuado porque es previo a la elaboración de los presupuestos canarios, por si algún grupo tiene a bien presentar alguna iniciativa». Yanes quiso ser conciliador y no mirar hacia atrás -el Gobierno y los grupos del pacto de las flores culpan al Ejecutivo anterior de CC porque el informe es de 2019-, sino avanzar en el futuro, y subrayó que «la mayoría» de los 232 centros residenciales para mayores en Canarias «cumple perfectamente su función», así como la práctica totalidad de los 7.769 trabajadores del sector. No obstante, dejó claro que se requieren más inspecciones en los centros –había dos inspectores en 2019, luego se duplicó a cinco, y ahora se van a contratar 11–.

Para el Diputado del Común siguen siendo insuficientes teniendo en cuenta el número de residencias existentes en las Islas, por lo que demandó un plan específico dotado con más personal y más sanciones. De hecho, expuso que la ratio en otras comunidades de inspecciones por habitante es superior. Mientras en Castilla la Mancha y Andalucía hay uno por cada 16 residencias, en la Comunidad Valenciana, uno por cada diez, en Cantabria y La Rioja, uno por cada siete, en Murcia, uno por cada cinco, y en Baleares, uno por cada cuatro, en Canarias hay un inspector por cada 46.

El Diputado del Común urge a aumentar las inspecciones en los geriátricos

Además hizo hincapié que en los primeros ocho meses de este año han habido 33 inspecciones y a este ritmo tardarían «cuatro años y medio» en inspeccionar todas las residencias canarias. Es más, había un centro donde se detectaron las más graves deficiencias que no había recibido una inspección por parte de la Consejería de Derechos Sociales en tres años, y otros llevaban más de cinco y hasta diez años sin tener una inspección de la administración.

Ante ello, todos los grupos de la Cámara piden que se incrementen las inspecciones a las residencias de mayores y se desarrolle el plan de infraestructuras sociosanitarias. Sobre haber tardado diez meses en mirar este informe, aparte de pedir disculpas, estiman que aunque la situación no sea la misma que en 2019 –año en que se elaboró–, si hay un solo centro con esas deficiencias ya es una anomalía que se ha de reparar. Yanes no aclaró si le mandó su informe a la Fiscalía y precisó que no suelen decir estas cuestiones para no interferir en las posibles investigaciones. El Diputado del Común reconoció que la comunicación con la Consejería de Derechos Sociales debería mejorar pues no les respondió a dos cuestiones que preguntaban para elaborar el documento, pero subrayó que a esta área hay que darle más medios y personal para desarrollar su cometido.

Fondos europeos

La consejera Noemí Santana, que compareció después a una pregunta sobre la situación de los mayores realizada por Vidina Espino, del Grupo Mixto, a la que empezó llamándola «tránsfuga», afirmó que van a recibir 122 millones de fondos europeos para dar oxígeno a los problemas que su área ha heredado del anterior Gobierno de CC. A Espino le dijo que es «irresponsable utilizar como arma arrojadiza un tema tan sensible como lo que expone el informe del Diputado del Común» . Reconoció que no tenía conocimiento del documento, si bien pese a ello mejoraron las inspecciones e infraestructuras en los dos años que llevan en el Gobierno.

Instó a «no llamar al alarmismo porque la realidad es que la mayoría de los centros dan un servicio de calidad y por supuesto se ha de combatir lo que se esta haciendo mal», recalcó. «Hemos intentado mejorar la gestión de lo que tenemos, que es poco y muy mejorable», expresó, y acto seguido expuso que han aumentado las subvenciones al tercer sector porque han sido las organizaciones que trabajan en mejorar esas deficiencias. En este contexto, recalcó que han firmado 122 millones de euros con el Estado para fondos europeos para el plan de cuidados de los que 72 millones van a a ir a la mejora de los centros. La consejera expuso que en las próximas fechas se dará prioridad a la inspección de las residencias donde se detectaron graves deficiencias y no contestaron a los requerimientos de la Diputación del Común, y que en vista de la insuficiencia de inspectores solicitará la colaboración de la Policía Canaria, como se hizo en la peor parte de la pandemia. Espino se quejó del trato de la consejera y de las escasas respuestas que le dio.

En el debate sobre el informe de la Diputación del Común, la diputada de Podemos María del Río deslizó que su contenido «ha sonrojado a todos», pero a la vez pone en evidencia «las deficiencias del pasado» en referencia a los gobiernos de CC, en los que también estuvo el PSOE y el PP.

Yanes y los partidos coinciden en que no se debe generalizar pero aunque sea un solo centro está mal

Del Río no obstante cargó principalmente contra «la etapa de CC», en la que las empresas «han contado con el beneplácito» de determinados partidos políticos para avanzar en la privatización de «muchas» residencias. En la misma línea, María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista, expuso tras conocer el contenido del informe: «Nada nuevo bajo el sol. Desgraciadamente es algo que se ha venido gestando desde hace muchísimos años», en los que se han «guardado a mayores« en las residencias de Canarias, aunque no en todas. Ella fue consejera de Sanidad del actual Gobierno de Canarias. En cualquier caso, Oval recalcó que no se puede culpar a quien visibiliza esta realidad, en alusión al Diputado del Común, sino que hay que poner el foco en «quién ha sido el autor de esta situación», en su opinión, los anteriores gobiernos.

«No hay una solución mágica», dijo, pero sí «cinco palabras mágicas» para garantizar la calidad de vida en ellas: registro único, autorización, acreditación, inspección y sanciones.

La diputada de CC y exconsejera del área, Cristina Valido, se quejó de que el Gobierno y los partidos que lo sustentan proclamen que la mayoría de los centros funcionan bien, cuentan con «maravillosos profesionales» y que «gracias a ellos» la incidencia de la covid en las residencias fue la más baja de España, y al mismo tiempo aseguren que las deficiencias detectadas son «culpa de CC». Valido recordó que hay «muchos» centros residenciales para mayores que son de titularidad pública y están gestionados por cabildos y ayuntamientos donde CC no ha gobernado durante los últimos años.

La diputada nacionalista planteó, al igual que Vidina Espino, por qué la Consejería no contestó a los dos requerimientos de «información clave», como la relación de quejas y denuncias de los centros inspeccionados por parte de la Diputación del Común, y exigió una aclaración a la «maraña de declaraciones cruzadas» entre ambas instituciones, además de volver a reclamar que se desvele el nombre de los centros en los que se han detectado las anomalías.

Poli Suárez, diputado del Grupo Popular, también pidió disculpas: el informe «debe sonrojarnos a todos ante la sociedad» . A su juicio, en estos casos no caben enfrentamientos políticos. «No si la culpa es del anterior Gobierno o de éste. A quienes padecieron esta situación denigrante eso les da igual. Lo que les duele e indigna son las deficiencias», sentenció.

  • PETICIONES DE LOS PARTIDOS

    1. Inspectores

    El informe de la Diputación del Común viene a evidenciar las carencias existentes en la labor de vigilancia de los centros de mayores. Todos los grupos hacen hincapié en que cinco inspectores para 232 residencias de mayores es una cifra ínfima, al igual que lo recalca el Diputado del Común, Rafael Yanes, o la propia fiscal que vigila estos centros, Rosa Rubio. Según el diputado del Común, al ritmo actual para inspeccionar todos los centros se tardarían cuatro años y medio. Aunque se van a contratar once inspectores todos coinciden que siguen siendo insuficientes. Vidina Espino, del Grupo Mixto, propone que se ponga en marcha un plan de inspección en todas las residencias, tanto públicas como privadas.

    2. Plan de empleo

    Poli Suárez, diputado del PP, señala que «lleva mucho tiempo proponiendo en la Cámara un plan de empleo específico para Servicios Sociales en Canarias, en el que participen los ayuntamientos, cabildos y los diferentes colegios sociales». «Lo venimos planteando y lo seguiremos haciendo hasta la saciedad, porque es absolutamente necesario», asevera. «Con ese Plan, por ejemplo, se podría contar con más personal en el cuerpo de inspección, incluso trabajadores sociales, como nos consta que así se han ofrecido», recalca.

    3. Plan sociosanitario

    El informe pone sobre la mesa las carencias en dependencia, haciendo hincapié en que un 12% de las personas no disponen de dicho dictamen por retraso en el procedimiento. Y también que existe un déficit de al menos 12.000 plazas sociosanitarias en el Archipiélago. Según Poli Suárez, Canarias es la tercera Comunidad Autónoma con mayor déficit de plazas en relación con el número de habitantes. Por ello también reclama al Gobierno canario ejecutar el II Plan de Infraestructuras sociosanitarias que «si avanza lo hace a una lentitud extrema».

    4. Comunicación

    Tanto Luis Campos, de Nueva Canarias, como Cristina Valido, de CC, y Vidina Espino, del Grupo Mixto, han pedido que se mejoren los canales de comunicación entre el Diputado del Común y las consejerías, o en su caso la Fiscalía. Yanes expuso que lo entregó al Parlamento porque así lo dicta su estatuto y que lo que remite a la Fiscalía no lo cuenta para no interferir en su trabajo.

Compartir el artículo

stats