El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, defendió este lunes la gestión en las residencias de mayores de las Islas y aseveró que la propia Fiscalía que se encarga de vigilar la labor realizada en los centros asegura que la realidad «es bien distinta» a lo que dice el informe de la Diputación del Común que señala irregularidades. «Estamos hablando de 29 centros y se detectó que la mayoría estaba bien; hubo 12 a los que se requirió mejoras y lo hicieron seis y quedaron sin responder cinco de los que cuatro son de competencia privada», explica. El presidente expone que este asunto va a ser tratado en el Parlamento en la Comisión de Derechos Sociales y se dará todo tipo de respuestas. En cualquier caso, afirmó que las inspecciones a las residencias de mayores se han reforzado y se va a contratar a más personal, y reiteró que la versión de la propia Fiscalía que controla los centros de mayores es que reconoce que las cosas se han hecho bien en la mayoría de las residencias. «Durante la pandemia se ha hecho un buen trabajo y me quiero quedar con las cosas justas», indicó en Cadena Ser.
Torres expuso que Canarias ya venía mal desde hace años en los datos de pobreza pero el Gobierno está haciendo todo lo que puede para revertir la situación que se ha endurecido con la pandemia: han aumentado las partidas para el plan con los ayuntamientos, con las oenegés y van a ampliar las plantillas de los funcionarios y, además, vienen los fondos europeos para darle «la vuelta al calcetín» aunque «no es fácil», subrayó. Aseguró que parte de la situación actual procede de la crisis de 2008 «pero entonces no hubo ayudas y ahora sí». El presidente resaltó el esfuerzo estatal y puso de ejemplo los 1.144 millones de euros para pymes, autónomos y empresas. «No se va a quedar ni un solo euro» en las arcas públicas y se alcanzará el 100% de ejecución, enfatizó.
Circunstancias especiales
Torres destacó que Canarias tiene unas «circunstancias especiales» que requieren repensar la financiación autonómica», como «el aumento de la pobreza, la renta per cápita», la lejanía con el territorio continental o, sobre todo, «el aumento de la población», consideró.
Los grupos del Parlamento de Canarias examinan este lunes la gestión realizada en las residencias de mayores, tras salir a la luz pública este informe elaborado por la Diputación del Común y que se registró en la Cámara regional hace diez meses pero nunca se ha debatido.
El documento señala anomalías en algunos centros de los visitados, como la existencia de ratas, cucarachas, brotes de sarna, pone en entredicho los menús, cuestiona los sistemas de sujeción de los ancianos y que no tengan terapias que los estimulen.
Uno de los reparos de la Consejería de Derechos Sociales como de distintos partidos al informe es que no cite de qué centros se trata sino que se generalice.
El documento lo realizó la adjunta al Diputado del Común, la abogada Milagros Fuentes, tras veinticinco visitas que realizó a residencias de mayores y que tuvo que parar por el estado de alarma de la pandemia en marzo de 2020, a partir de las quejas recibidas sobre residencias de mayores por familiares. Lo escribió con lo que pudo analizar y lo registró en la Cámara en noviembre de 2020 y nunca se habló de ese informe hasta que salió a la luz pública por los medios de comunicación. Rápidamente los partidos pidieron la comparecencia del Diputado del Común para que presente el informe, diez meses después.
María del Río admite que no se leyó el documento por "ignorancia e ineptitud"
Según la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, y la presidenta de la Comisión de este área en el Parlamento, María del Río, ambas de Podemos, el informe es de 2019 y ellas no estaban en el Gobierno sino CC. La Consejería recuerda que Salud Pública y los cabildos comparten la gestión de los centros y con la pandemia se han hecho más inspecciones y se ha mejorado la gestión de los centros. Derechos Sociales va a contratar a 11 inspectores más. En Canarias, el número de personal de las plantillas de los 232 centros es de 7.769 trabajadores. Los partidos justifican que no propusieron antes el debate de este texto porque tienen un número limitado de iniciativas y en este caso al ser un documento externo se espera que lo proponga la Mesa de la Comisión que preside María del Río.
La diputada alegó en un principio que no se ha debatido porque «no era un tema urgente» aunque ayer reconoció que no se había leído el documento, pidió disculpas al respecto y dijo que había sido «por ignorancia e ineptitud», pero no fue por «mala fe».
