El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) valora positivamente la creación de una Renta de Ciudadanía que palíe las carencias de la población más desfavorecida. Sin embargo, el órgano dependiente del Parlamento de Canarias demanda «mayor precisión en relación al coste presupuestario para dotar esta iniciativa» que el Ejecutivo autonómico pretende tener dispuesta antes de que finalice este año.

El preceptivo informe del CES sobre el Anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, que se tramitará en la Cámara regional en el inicio del nuevo curso político, critica la ausencia de una «política social a largo plazo». Incide de manera especial el documento en no achacar las carencias a «los actuales responsables políticos» ni a los anteriores.

Eso no es óbice para situar en el ámbito de la falta de entendimiento el origen de muchos de los problemas. «El permanente enfrentamiento político que se evidencia en este ámbito no ayuda a dar respuestas globales y estructurales», reza el dictamen. Por ello, el CES «hace un llamamiento a las instituciones parlamentarias, al gobierno y a la oposición, así como a las instituciones locales e insulares, junto a la sociedad civil organizada, a establecer un diálogo constructivo en este ámbito, en interés de la sociedad y la ciudadanía de Canarias», destacan los consejeros del órgano.

A juicio del órgano parlamentario, el sistema «requiere de una profunda revisión y evaluación, tanto interna como externa». Esa fiscalización es la que debe determinar «las causas y naturaleza de esta situación», que no parece que se «circunscriba únicamente a carencias de personal y de recursos económicos sino a elementos de carácter estructural».

Para mejorar los servicios sociales, anima a establecer «consensos sociales y políticos básicos, en aras de disponer de las organizaciones más adecuadas para contribuir a sacar de la marginación a la práctica totalidad de la población en esta situación».

El número de integrantes del sector de la sociedad canaria más desfavorecido sigue una línea ascendente, lo que hace más necesaria esa estructura. La última Encuesta de Condiciones de Vida, dada a conocer en julio por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reveló que las 83.982 personas en situación de pobreza severa que había en 2019 pasaron a ser 232.827 tras el estallido de la pandemia global. De ahí la «necesidad imperiosa» que subraya el CES para establecer una estructura que garantice la cohesión social.

El CES conmina, además, a coordinar esta Renta de Ciudadanía con el reglamento que desarrolle la Ley de Servicios Sociales, aprobada en las últimas semanas de la legislatura pasada. «En particular en lo relativo a la cartera de servicios y prestaciones, historia social única, órganos colegiados, así como el establecimiento de un sistema de seguimiento e información», detalla este órgano.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró convencido de que la renta podría implantarse a lo largo de 2020. Eso fue antes de que el covid trastocara todas las agendas, por lo que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) vio prolongada su vigencia. Al respecto, el CES considera «necesario proceder a una revisión del conjunto de instrumentos de prestaciones económicas directas como paso previo, para poder evaluar su pertinencia» o modificarlas si es pertinente.

La previsión es que el derecho para percibirla se conceda por un periodo de doce meses y se extenderá por todo el tiempo en que se mantenga sin cambios la situación de exclusión social. La PCI, en cambio, se viene otorgando por un tiempo máximo de dos años. Además, el Gobierno ya adelantó que las retribuciones de la renta de ciudadanía serán mayores.

Cumplir el Estatuto

El CES considera que el anteproyecto de ley da cumplimiento a este mandato estatutario. No es razonable seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes», cita el CES sobre las carencias que padecen los ciudadanos canarios en el ámbito de los servicios sociales. El Estatuto de Autonomía (artículo 24) reconoce el derecho a una renta de ciudadanía, que se «concreta mediante el establecimiento de una prestación de carácter universal para las personas y familias que lo necesiten, como un derecho subjetivo, es decir, un derecho que corresponda a la persona mientras dura su situación, y que vaya de la mano de la inclusión social, también entendida como derecho subjetivo, facilitando así los mecanismos de inserción en la comunidad y en el mundo laboral, cuando esto sea posible».