Canarias hace un «sobreesfuerzo» en la acogida de menores migrantes no acompañados que, hasta ahora, no ha sido compensado por otras comunidades autónomas. Así lo admitió ayer la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que visitó Tenerife para firmar el convenio de transferencia de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La responsable estatal aseguró que el resto de las regiones del país deben contribuir en la «necesaria corresponsabilidad» para repartir esta asistencia «en la medida de sus posibilidades» y evitar que una tenga que hacer un mayor esfuerzo que las demás.

En la actualidad, el Gobierno canario tutela a unos 2.500 niños y niñas que llegaron solos a las costas del Archipiélago. En numerosas ocasiones, Canarias ha insistido en la imposibilidad de dar acogida en solitario a un volumen tan importante de menores y ha reclamado una regulación estatal que no pase solo por la solidaridad de otros territorios.

Belarra anunció ayer que el Ministerio está trabajando en un mecanismo estable de acogida que permita dar respuesta de manera continuada a esta situación, en lugar de tener que actuar para responder a cada crisis migratoria. Sin embargo, advirtió que el Estado no tiene competencias en esta cuestión, «pero sí estamos preocupadas y hacemos nuestra parte para que el resto se sensibilice» y aseguró que cada vez existe «una conciencia mayor».

Hasta ahora, apelar a la solidaridad entre las comunidades para el reparto de los menores migrantes no acompañados ha tenido un éxito escaso, al menos en lo que se refiere a Canarias. Apenas 132 de los más de 2.800 que han llegado al Archipiélago desde finales de 2019 han sido trasladados a recursos de otras regiones del país.

Aún así, Belarra insistió en que se ha tratado de hacer «pedagogía» respecto a esta cuestión y que se estaban consiguiendo avances, al mismo tiempo que recordó que el Ministerio ha intervenido en algunas reubicaciones de menores tanto en Ceuta como en las Islas, aunque reconoció que «no es suficiente».

La ruta migratoria hacia Canarias es una de las más peligrosas del mundo, en la que pierden la vida muchas de las personas que tratan de alcanzar el Archipiélago a bordo de rudimentarias barcazas. Para Belarra, el objetivo del Gobierno central es que «no existan muertes» para lo que cree necesario que se abran vías para migrar «estables y seguras» y así «no obligar a las personas a jugarse la vida en el mar». Además, asumió que España forma parte de varias rutas migratorias permanentes y debe tener un sistema de acogida estable y que las comunidades «se responsabilicen».

Respecto a si la devolución de los menores a sus países de origen puede ser una posible vía para aliviar este problema, Belarra insistió en que los menores que llegan a España sin estar acompañados se encuentran en la mayor situación de vulnerabilidad en la que puede estar un niño. Por lo que lo que debe primar es «un cumplimiento estricto de la legalidad» para garantizar el interés superior del menor.

Sin embargo, recalcó que las administraciones deben escucharlos y si quieren volver a su país, –tal y como afirma que es el caso de muchos menores que llegaron a Ceuta de manera irregular el pasado mes de mayo–, «hay que articular mecanismos para que vuelvan con sus familias con todas las garantías». Sin descuidar los recursos para poder ofrecer una «acogida digna» a aquellos que quieran permanecer en España.

El presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, suscribió las palabras de la ministra y ratificó estar de acuerdo en que puedan repatriarse menores migrantes «siempre que se defienda la ley y los derechos del menor», «que se haga en los marcos regulados y con total transparencia» y además sabiendo que el menor «regresa a su unidad familiar».

Sin embargo, puntualizó que existe otra alternativa para poder dar la mejor atención a estos niños y niñas la «solidaridad obligatoria» que Canarias defiende en Europa para derivar a los migrantes mayores de edad. En el caso de los menores, «dependemos de la colaboración de las demás comunidades».

Torres defendió que el actual marco normativo, que establece que la tutela de los menores es competencia de los gobiernos autonómicos, «se debe actualizar», ya que esta legislación «nació para aquellos menores que ya estuvieran en las comunidades» no para los que vinieran del exterior.

Belarra apuntó que el Ministerio se ha encargado de «coordinar» a las comunidades en esta labor y puntualizó que prefiere hablar de «corresponsabilidad» en lugar de solidaridad, ya que «todos entendemos que este no es un problema de Canarias, sino de toda España y tenemos la obligación de corresponsabilizarnos de los niños porque tenemos un compromiso». Asimismo, defendió que se haya logrado un acuerdo para poder trasladar a 215 menores e insistió en que se está trabajando en una estrategia estable de acogida a nivel nacional, que se negociará este otoño.

La ministra quiso resaltar también que el Gobierno estatal ha aportado fondos específicos para la atención de estos niños. «Es la primera vez que existe una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para la acogida de los menores migrantes», recalcó.

Medidas urgentes para el alza de la luz

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, recalcó ayer durante su visita a las Islas que el Gobierno central debe dar una solución «urgente» a la subida del precio de la luz, un problema «muy serio» que preocupa por el sobreesfuerzo que deben hacer las familias para llegar a final de mes y que sin duda se debatirá «en los próximos meses». Belarra apuntó que hacen falta «medidas contundentes» para bajar los precios, pero manifestó que el Gobierno central tiene menos margen de maniobra en el mercado eléctrico tras las reformas de anteriores Ejecutivos. Aún así volvió a apostar por fijar un precio tanto para la energía nuclear como para la hidroeléctrica, algo que aseguró ya se hace en países como Francia, por lo que no sería contrario a la normativa europea.