El Gobierno de Canarias necesita más tiempo para que vea la luz el decreto ley que aglutinará y clarificará todas las normas adoptadas en las Islas durante el año y medio de pandemia para frenar el avance del virus. La voluntad del Ejecutivo es que la norma se apruebe el próximo jueves, ya que hace falta «al menos, una sesión más de trabajo», según detalló el presidente canario, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario. El decreto, compuesto por más de 75 páginas y 28 artículos, tendrá rango de ley tras su tramitación en el Parlamento regional, con lo que las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional solo podrán ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.
Torres insistió en que el decreto ley no pretende «buscar ningún subterfugio, ni ir contra ningún poder judicial», en referencia a los mazazos recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha tumbado medidas adoptadas por el Gobierno regional como el toque de queda, el cierre perimetral o el uso obligatorio del certificado covid para acceder a la restauración o los recintos culturales. En este sentido, el presidente canario apuntó que la norma no contemplará ninguna de las restricciones que los tribunales han rechazado, ya que son cuestiones que afectan a los derechos fundamentales.
Lo que sí respetará el decreto ley es el sistema de semáforos –los niveles de alerta–, ya que es un modelo aprobado por el Consejo Interterritorial de Sanidad, aunque cada comunidad autónoma articula e implementa las restricciones que aplica para hacer frente al virus.
El decreto ley servirá para agrupar todas las medidas que afectan la restauración, la hostelería, el uso de la mascarilla, las reuniones sociales y familiares o los protocolos en los espacios educativos. De esta forma, todos los decretos dictados hasta ahora dejarán de tener vigor y se aglutinará en la nueva normativa, que el Ejecutivo canario ha desarrollado siguiendo el modelo de regiones como Galicia, País Vasco o Aragón. Además, Torres apuntó que han trabajado «de la mano» con el Gobierno central y con el Ministerio de Sanidad, con el que se ha producido un «intercambio de opiniones».
Si bien, Torres insistió en que la nueva norma no es una ley de pandemias. Además, explicó que se tramitará en el Parlamento de Canarias como un proyecto de ley por el procedimiento abreviado y de lectura única y que los grupos parlamentarios podrán realizar sus aportaciones. No obstante, Torres no quiso especificar cuánto tiempo es necesario para completar la tramitación de la norma, ni hizo una estimación de cuándo podría entrar en vigor.
El presidente autonómico aprovechó su intervención para disculparse con la población, por si las medias anticovid planteadas por el Ejecutivo habían generado algún tipo de confusión, pero justificó que todas las decisiones se habían tomado en aras de «salvar vidas y contener la pandemia». Asimismo, destacó que «la gran mayoría de las normas han sido un acierto» y agradeció el trabajo realizado por Salud Pública, el Servicio Canario de la Salud (SCS), así como por la población canaria para la contener el avance del virus.
«Este decreto cierra un año y medio de trabajo. No cierra la pandemia, ni mucho menos», afirmó el presidente, quien confía en que al comienzo del nuevo curso la incidencia de la covid-19 se haya visto reducida gracias al «trabajo serio y riguroso» desarrollado en los centros educativos.
Torres también anunció que se prorroga cuatro meses más la vigencia de la norma que exige a los visitantes extranjeros y peninsulares presentar un certificado covid en los establecimientos turísticos de las Islas, con lo que la orden tendrá una validez total de un año. Además, confirmó que el Ejecutivo pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la ampliación de las restricciones en el número de personas que se pueden reunir, un trámite cuyo plazo finaliza hoy. No obstante, apuntó que esta medida «dejaría de tener sentido» si el jueves se aprueba definitivamente el decreto ley.
Paraguas nacional
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuntó ayer que «algunas» comunidades autónomas han pretendido «ir más allá» en las restricciones contra la covid de lo que, según explica, permite la normativa. En una entrevista en Cope Canarias, Darias afirmó que hay regiones que se han querido anticipar en «algunas cosas» y considera que, respecto al pasaporte covid, han intentado establecer usos que no tienen base legal, por lo que no han contado con el respaldo de los tribunales. Algo que sucedió en Canarias. Darias insistió en que el pasaporte covid tiene como finalidad garantizar una movilidad europea segura.
Sobre si deberían ser las comunidades autónomas las que aprueben las normas contra el covid o si sería necesario tener un paraguas nacional para que los tribunales no tengan problemas a la hora de establecer medidas, Darias defendió que, a su juicio, la ley nacional «funciona».
