El Ejecutivo canario inicia hoy el curso político tras las vacaciones con un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se analizará el nuevo decreto ley donde la Comunidad Autónoma ordenará toda sus medidas anticovid, para cubrirse las espaldas tras los fallos contrarios del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS). Desde que en mayo el Ejecutivo central diera por finalizado el estado de alarma, que estuvo en vigor en varias fases desde que se inició la pandemia, los juristas del Gobierno canario no hacen sino llevarse disgustos y tropezar en la misma piedra una y otra vez porque ni el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni el Tribunal Supremo les han avalado el cierre perimetral, el toque de queda o la exigencia del certificado Covid en la restauración y la hostelería.

En los fallos de los máximos órganos judiciales de Canarias y del Estado se traslucen hasta ahora argumentos similares que hacen hincapié en la inconsistencia de las fundamentaciones, carencia de justificación, poca claridad, motivación insuficiente y explicaciones poco convincentes por parte de los letrados que representan a la Comunidad Autónoma.

Para evitar esta situación, el Gobierno canario se ha propuesto regular por decreto ley toda la normativa que compete a Canarias. Se trata de «ordenar todo» para «acabar con contradicciones tras fallos del TSJC», expone Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario. Es, por tanto, darle rango de ley a las medidas que aplica la Comunidad Autónoma ante la covid, para adelantarse a posibles complicaciones que puedan surgir y poder adoptar actuaciones en la Comunidad que no tumben los tribunales. La Ley Orgánica 3/186 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública permite a las comunidades establecer las medidas necesarias para atajar la pandemia siempre y cuando sean avaladas por los tribunales. La norma que quiere aprobar hoy el Consejo de Gobierno, implica que solo se pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional, lo que limita los actores de los posibles recursos. Comunidades como Aragón ya han hecho su propia legislación.

También hoy se estudiarán en el Consejo de Gobierno extraordinario tras el periodo estival las ayudas para los afectados por el incendio urbano-agrícola de El Paso-Los Llanos de Aridane (La Palma), y la propuesta de Canarias como sede de la Agencia Europea del Turismo.

Cuentas canarias

En principio estaba previsto que se analizara hoy el techo de gasto de los nuevos presupuestos autonómicos para 2022, pero el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, prevé dejarlo para el consejo ordinario del jueves para, en estos días, examinar con precisión las cuentas canarias.

Lo que sí se verá es la candidatura de la Agencia Europea del Turismo, que iniciará con el acuerdo del Consejo de Gobierno el camino para postularse como sede de esta entidad de la Unión Europea ante el Gobierno central y Europa. El presidente del Gobierno regional ya ha trazado una hoja de ruta para conseguir la unidad de Canarias en torno a la candidatura del Archipiélago para convertirse en la sede de la futura Agencia Europea del Turismo, lo que supondría situar a las Islas en primera línea política de la acción europea en materia turística y la atracción de «grandísimas inversiones».

El presidente de España, Pedro Sánchez, dio su apoyo a presentar ande la UE la candidatura de Canarias, durante sus vacaciones en Lanzarote. La propuesta de España deberá pujar con todas las que concurran de otros países ante el Consejo Europeo.

Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno, la candidatura de la Agencia Europea del Turismo se tratará en la reunión del Consejo Asesor del próximo jueves, integrado por empresarios y sindicatos, que se celebrará antes de Consejo de Gobierno ordinario. Torres también presentará esta propuesta al Plan Reactiva donde se encuentran los agentes sociales, partidos políticos, cabildos, ayuntamientos, colectivos profesionales y ONG, y la llevará al Parlamento de Canarias para transmitir al Gobierno de Sánchez la unidad de acción de las Islas en esta aspiración.

La Comisión Europea tiene el mandato del Europarlamento de crear esta agencia en el período 2021-2027 y aunque la entidad se encuentra en estado embrionario, la anticipación de España en mostrar en Europa que va a presentar a Canarias como sede de la agencia puede generar sinergias y alianzas, dependiendo del despliegue diplomático que realice el Ejecutivo español. Las patronales canarias han pedido a Pedro Sánchez que sea un asunto prioritario en su agenda de política exterior.

La elaboración de los presupuestos regionales y la negociación con el Gobierno de España de las cuentas estatales para 2022 también marcan la vuelta al ruedo político. Román Rodríguez afirma que los prepuestos canarios de 2022 rondarán los 9.000 millones (sin incluir gastos financieros), un 5% más que en este año, y que el 82% de los recursos irán a políticas sanitarias, sociales y educativas. Será un presupuesto expansivo pero, recalca, que en 2022 no habrá fondo adicional para la covid, por el que el Estado ha inyectado a Canarias 550 millones en 2020 y 629 en este año. No obstante, considera que se podrá solventar porque se prevé que el 2022 sea el año de la recuperación económica y, además, Canarias contará con la lluvia de fondos europeos Next Generation (unos 2.600 millones en seis años) con los se van a poder acometer proyectos de inversión.

El recurso del REF

Y también esta semana se inicial la actividad parlamentaria con un asunto escabroso: la decisión de la Cámara regional de interponer un recurso de inconstitucionalidad a los cambios unilaterales del Estado en el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el ámbito del sector audiovisual. Canarias reclama que se mantenga el diferencial con la Península del 80%. El presidente del Gobierno ha expresado tras reunirse con la ministra María Jesús Montero, primero, y con Pedro Sánchez en Lanzarote, que este tema está arreglado, pero el Parlamento canario debe decidir si recurre o no al Constitucional.