El Ejecutivo canario inicia hoy el curso político tras las vacaciones con un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se analizará el nuevo decreto ley donde la Comunidad Autónoma ordenará toda sus medidas anticovid, para cubrirse las espaldas tras los fallos contrarios del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y del Tribunal Supremo (TS). Desde que en mayo el Ejecutivo central diera por finalizado el estado de alarma, que estuvo en vigor en varias fases desde que se inició la pandemia, los juristas del Gobierno canario no hacen sino llevarse disgustos y tropezar en la misma piedra una y otra vez porque ni el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ni el Tribunal Supremo les han avalado el cierre perimetral, el toque de queda o la exigencia del certificado Covid en la restauración y la hostelería.