El pleno del Parlamento de Canarias convalidó el decreto ley del Gobierno autonómico por el que se regula la concesión directa de subvenciones para cubrir el coste del IBI de 2021 en establecimientos turísticos de alojamiento afectados por la pandemia de covid-19.

Todos los grupos con representación en la Cámara regional votaron a favor de esta iniciativa, para la que hay presupuestados 63 millones de euros, ampliables a 80 millones, pese a los reproches de la oposición por su «tardanza», por su «insuficiente» dotación y por sus criterios restrictivos.

Por esta razón solicitaban que se tramitara como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, para «enmendar» este tipo de cuestiones, algo que rechazaron los cuatro grupos que sustentan al Gobierno autonómico: PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera.

Según se recoge en el decreto ley convalidado, podrán beneficiarse de la ayuda hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia y además estar inscritos en el Registro General Turístico antes del 15 de marzo de 2020.

Los cálculos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canairas es que serán entre 2.500 y 3.000 las instalaciones alojativas que se beneficiarán de esta subvención para afrontar el pago del IBI de este año. Todas las empresas que aspiren a recibir la ayuda deberán acreditar haber sufrido una reducción igual o superior al 30% respecto al volumen de operaciones de 2019.

La ayuda prevista con cargo a este programa podrá cubrir hasta el 100% del importe del IBI abonado correspondiente a 2021 y que no cubran otras fuentes, como seguros u otras medidas de ayuda cubiertas por el marco temporal.

El plazo de presentación de solicitudes, que se realizará exclusivamente de forma electrónica, será de veinticinco días naturales, para lo que está previsto que se inicie el próximo 10 de septiembre y se prolongue hasta el 4 de octubre de 2021, ambos inclusive. La subvención consistirá en un único pago, cuyo abono se realizará previa justificación de los requisitos exigidos.

La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, defendió la pertinencia de esta línea de ayudas debido a la «grave situación» por la que atraviesa el sector, plasmado en una «enorme» pérdida de ingresos, «graves» problemas de liquidez y una «tremenda» merma del empleo. Castilla recalcó que permanece cerrada todavía un 30% de la planta alojativa en Canarias, y las empresas que han abierto operan «en mínimos».

La consejera señaló también que la medida ha sido consensuada con el sector, también los tiempos, y añadió que para poder subvencionar el IBI antes las empresas beneficiarias lo han de abonar previamente «en tiempo y forma». Por lo demás, recalcó que el proceso de concurrencia no competitiva es un procedimiento «ágil» que permite tramitar un elevado número de peticiones «en un tiempo récord». Cuestión en la que discreparon los grupos de la oposición y que la diputada del grupo Nacionalista Rosa Dávila ha resumido con una frase: «sálvese quien pueda. El que llegue antes se lleva la pasta».

Cree Dávila, y en esto coincidió con el diputado del grupo Popular Carlos Ester, que el dinero presupuestado, 15 millones menos que los anunciados «hace siete meses» por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, será insuficiente. «No llegará a todo el mundo y habrá quien se quede atrás», pronosticó Ester, quien recalcó que queda demostrado que «no está en el ADN del gobierno, menos de izquierda, apoyar a las empresas». Ester proclamó que el sector turístico es «el gran abandonado» por los gobiernos central y regional, y Dávila añadió que el ejecutivo autonómico es «un lastre» para la recuperación económica.

La diputada nacionalista ironizó sobre el «anuncio aplaudido» de una posible agencia europea del turismo en Canarias, que «está aún por ver» que esté operativa «allá por 2025», y mientras en la entrada al archipiélago cuelga «un gran cartel: se vende», en referencia a los 45 establecimientos en el mercado «porque no han tenido una sola ayuda».

Ricardo Fernández de la Puente, del grupo Mixto y diputado por Ciudadanos, recordó que el sector viene pidiendo «auxilio por señas» desde hace más de un año, al tiempo que pidió «magnanimidad» para que se elimine el requisito de estar al corriente en el pago del IBI o se flexibilice el del 30% de pérdidas.

Por su parte, la socialista Rosa Bella Cabrera hizo hincapié en que este decreto ley es fruto del acuerdo con las patronales turísticas, «no se lo sacó el gobierno de la manga», y en que cuenta con el aval del Consejo Consultivo.

Cabrera, al igual que Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias) enumeró las diferentes iniciativas del Gobierno para apoyar la recuperación económica o para ayudar a autónomos y pymes, y llamó a alejar al sector turístico de la «confrontación política» y a dejar fuera del debate parlamentario «el histrionismo y el folclore».

Esther González, de Nueva Canarias, destacó que el decreto ley convalidado es «necesario e imprescindible» para ayudar a empresas y trabajadores de las Islas, así como que responde al «compromiso» del Gobierno regional para otorgar «liquidez» a las empresas y ayudar a paliar sus pérdidas derivadas de la crisis sanitaria y la caída de turistas.

Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, apuntó que es «muy completo y jurídicamente impecable» y espera que su distribución sea «ágil» para que el dinero se transfiera con rapidez a las empresas.