Algunos de los cráneos presentaban hasta seis impactos de bala, lo que denota que hubo ensañamiento y, por la posición de los orificios, indica que fueron ejecuciones: eran disparos a corta distancia y las víctimas debían estar agachadas o arrodilladas, explica la antropóloga forense Martha Alamón, que participó en el hallazgo de los restos de 38 desaparecidos por la represión franquista en los pozos del Llano de Las Brujas, en 2008, y de Tenoya, en 2017, ambos en Arucas, Gran Canaria. Otras 13 personas se encontraron en Fuencaliente (La Palma) –cinco en 1994 y ocho en 2006-2007–, y al menos otras cinco en 1975 en la Sima de Jinámar, en Telde (Gran Canaria). Se calcula que en Canarias pudieron ser asesinadas un millar de personas aunque muchas de ellas fueron arrojadas al mar, la gran fosa de las Islas, sobre todo en Tenerife donde, a día de hoy, no se ha hallado ningún desaparecido, y los hubo: 182 han sido identificados en una reciente investigación y se cree que pudieron ser 500 los muertos en esa Isla.

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó enviar a las Cortes el proyecto de Ley de Memoria Democrática, y se espera la oposición del PP y Vox. Desde el Gobierno central se le quiere dar un impulso al hallazgo de las víctimas del franquismo y el Ministerio de la Presidencia ha aprobado un plan cuatrienal para abrir fosas con subvenciones a las comunidades autónomas. Así, a las 114 tumbas colectivas cuya apertura está en marcha, se añaden este año 189.

En Canarias este impulso se materializa con la participación de distintas administraciones y este año se empieza a prospectar en cuatro fosas donde se sabe, casi a ciencia cierta, que puede haber desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939). Una de ellas, es la Sima de Jinámar, en Telde, que quizás pueda ser uno de los mayores cementerios, junto con el mar, de los represaliados, un proyecto arduo y complicado que realiza el Cabildo de Gran Canaria, donde los arqueólogos comenzarán en septiembre u octubre a descender para realizar las primeras exploraciones oficiales. También por esas fechas se inician las catas en los dos pozos de Arucas en los que se tiene conocimiento de que se produjeron desapariciones: el de la Vuelta del Francés y el pozo de los túneles de Arucas, a través de una subvención estatal a la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas. En Fuencaliente, en La Palma, con el fondo del nuevo plan cuatrienal del Ministerio de la Presidencia, el Gobierno canario va a realizar otra excavación donde utilizará un georradar.

Durante la Guerra Civil desaparecieron 114.000 personas en España, pero los expertos creen que pueden ser «rescatables» los restos de entre 20.000 a 25.000 desaparecidos. En Canarias se desconoce el número de personas asesinadas que pueden ser recuperables, expone la exconsejera de Justicia del Gobierno, Carla Vallejo, encargada de desarrollar la Ley de Memoria Histórica de Canarias, aprobada antes que la estatal, en diciembre de 2018, por la cual se constituyó en septiembre de 2020 la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, con cierto retraso debido a la pandemia , y se ha aprobado en marzo de este año un protocolo para actuar en las exhumaciones que marca cómo debe ser el procedimiento para el levantamiento de los restos e, incluso, la atención psicológica a los familiares.

Falta, entre otras cuestiones, la creación de un banco de ADN -se espera por la base de datos estatal, precisa Vallejo-, aunque ahora existe uno en Canarias que ha ido elaborando José Pestano, responsable de Genética Forense de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y genetista del Instituto de Medicina Legal. Pestano reclama que sea una institución la que gestione estas pruebas de ADN y que se doten los medios para realizar campañas de difusión, con el fin de efectuar las máximas pruebas a familiares directos de desaparecidos que aún puedan estar vivos.

Necesidad de un banco de ADN

Por ello, urge impulsar este banco de ADN, coincide el arqueólogo Javier Velasco, inspector del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. «Cada vez que perdemos una generación se va a hacer más difícil identificar», subraya Velasco. «Se han de hacer llamamientos, rastreos, encuestas y generar una base de datos de ADN debidamente custodiada», sostiene. Pestano ha logrado recabar con su esfuerzo, incluso pagándose viajes de su bolsillo a La Palma o a Tenerife, unas 200 pruebas de ADN que tiene en custodia, pero quiere que se institucionalice. Gracias a esas muestras se han logrado identificar a una una veintena de los 56 restos de desaparecidos hallados en Gran Canaria y La Palma. Las pruebas genéticas de todos los cuerpos encontrados están hechas, esperando a que algún día aparezcan sus familiares, recalca Pestano.

El Gobierno canario recibe 71.000 euros de los tres millones del plan cuatrienal estatal, que se van a usar en dos proyectos este año: actualizar el mapa de fosas comunes e identificar a más desaparecidos, y una prospección en La Palma. La revisión del mapa de fosas comunes es esencial, indica Carla Vallejo. No se realiza desde 2013, y aunque hay fosas en Canarias que se hallan referenciadas, un total de 21 distribuidas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera - si bien la mayoría no han sido exploradas-, se proyecta realizar una investigación exhaustiva de cuáles pueden contener restos y qué otros lugares pueden haberse utilizado para hacer desaparecer a las personas asesinadas por la represión franquista. También se prevé ampliar la identificación de los desaparecidos donde las asociaciones de memoria histórica, como la de Arucas, Agaete, la de La Palma y la de Tenerife, han efectuado un copioso trabajo para dejar testimonio de sus seres queridos.

En concreto, en el Archipiélago hay conocimiento de al menos 471 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, de las que 337 se corresponderían con vecinos de Gran Canaria, 49 de Tenerife, 74 de La Palma y 17 de la isla de La Gomera. Además, hay otras 122 personas que fueron fusiladas y cuya identidad y lugar de entierro se encuentra documentado: 59 personas en Gran Canaria y 63 en Tenerife.

En un reciente estudio financiado por el Gobierno canario e impulsado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que preside Mercedes Pérez Schwartz, las arqueólogas Nuria Álvarez y Laura Bencomo identificaron a 182 desaparecidos en la Isla, con un perfil común: treintañeros, sindicalistas y republicanos. En el estudio apuntan además a lugares donde pueden haber restos de estas víctimas en Tenerife, como una nueva localización en el cementerio de San Juan, en La Laguna -donde se hizo una intervención en una parcela pero no se halló nada-, una fosa localizada en torno a Los Rodeos, una sepultura descubierta en el interior de una antigua cárcel en La Laguna, el Pozo de los Alemanes en Arona, o en el Teide, entre otros lugares.

Mercedes Pérez Schwartz reclama que se reúna la Comisión Técnica de Memoria Histórica, de la que forma parte, para que los presupuestos canarios de 2022, en elaboración, contengan recursos para empezar con prospecciones en esos lugares y en otras fosas de las Islas. Ella, como muchos canarios que perdieron a sus familiares y no saben dónde están, espera encontrar algún día a su abuelo, el último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife. El 18 de julio de 1936 se llevaron a José Carlos Schwartz y lo tuvieron preso hasta que desapareció el 1 de octubre. Dejó cinco hijos. Mercedes Pérez Schwartz cree que puede estar en las cañadas del Teide por un anónimo que recibió su familia.

Para Carla Vallejo, este último estudio en Tenerife y otros que se hagan pueden dar más luz y poner rostro y nombre a cientos de desaparecidos que yacen en el anonimato, además de determinar las fosas en las que puedan realizar excavaciones.

El historiador Sergio Millares también esta efectuando una investigación para encontrar a más personas asesinadas. «No es fácil rastrear; hay que ir persona a persona», expone. El experto cuantifica que los desaparecidos pueden llegar al millar y pone mucho acento en la fosa marina en Tenerife. A su juicio, es el gran cementerio de esa Isla. En Gran Canaria también se produjeron lanzamientos de personas al mar desde los acantilados de la Marfea, cerca de la playa de La Laja. Al menos diez personas fueron arrojadas en octubre de 1936 allí, entre ellos enfermeros del Hospital de San Martín y simpatizantes de izquierdas del risco de San José y San Nicolás, aunque pudieron ser muchas más. Algunos de los cuerpos fueron devueltos por el mar a la orilla, por lo que los guardias civiles, policías y falangistas sublevados, por orden de la cúpula militar encabezada por Franco y con la connivencia de caciques y terratenientes de la Isla, decidieron, a partir de entonces, elegir otros puntos de Gran Canaria para asesinar a los críticos con el régimen franquista y hacer desaparecer sus cuerpos, como la Sima de Jinámar, explica Millares. Los «verdugos» mentían sobre las desapariciones: decían que los habían mandado al frente de guerra en la Península en primera línea de fuego o que se habían fugado en un barco a América del Sur.

El caso de Canarias es único, afirma Millares. Aunque alejado de los frentes de guerra, planifican una represión sistemática, una limpieza social y política sin precedentes en la historia del Archipiélago. El activismo sindical en las Islas y el arraigo a los partidos de izquierda bajo el manto de la República puso en el punto de mira de los franquistas a estas personas desaparecidas y, aunque no hubo contienda, se produjeron numerosos asesinatos que han quedado impunes.

Excavaciones

Con los recursos del Estado del plan cuatrienal, el Gobierno canario va a realizar dos prospecciones en La Palma en la misma zona. Una para un estudio con georradar 3D multifrecuencia en una parcela situada en Fuencaliente y, el otro, para sondeos en ese mismo área en busca de fosas de personas represaliadas. Los dirigen las arqueólogas Nuria Álvarez y Laura Bencomo. Es una parcela donde un informante les dijo que sus familiares la usaban para enterrar a las personas asesinadas, explica Nuria Álvarez.

En La Palma quedan unas sesenta personas sin aparecer, como el tío abuelo de Félix González, actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla, que espera que su familiar, Félix Ferraz Vergara, se halle en esas nuevas excavaciones. Una noche se lo llevaron y ya no se supo. «Vi llorando a mi abuela –la hermana del desaparecido– toda la vida», relata. Una de las que pudo identificar a su padre fue Pino Sosa, presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas. Su progenitor, José Sosa, un humilde latonero del norte de la Isla, desapareció el 14 de marzo de 1937. Tras toda la vida buscándolo, por fin, en 2018, las pruebas de ADN confirmaron que era uno de los 14 represaliados encontrados en el Pozo de Tenoya. Pudo enterrarlo a sus 81 años.

Sima de Jinámar

La búsqueda sigue en Gran Canaria. Los arqueólogos del Cabildo de la Isla empezarán a bajar a la Sima de Jinámar en el tercer trimestre de este año. En septiembre del 2020, miembros del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria descendieron para elaborar un diagnóstico de riesgos y seguridad. Éste era un paso previo para dar formación a los arqueólogos, curso que ya han terminado, cuenta Javier Velasco. Será la primera expedición oficial arqueológica y descenderán por esta chimenea volcánica de 80 metros de profundidad. Desconoce el número de cuerpos que van a encontrar pero todo señala que hallarán restos. En este descenso con trabajos verticales, harán una primera evaluación de riesgos, las infraestructuras necesarias y determinarán las áreas de búsqueda arqueológica. El problema es que hay mucha basura acumulada y se tendrá que limpiar, expone. Todas esas labores se han de presupuestar, así como contratar por concurso público a empresas de arqueología para realizar las posteriores excavaciones. Es decir, llevará tiempo, pero es un compromiso histórico en el que el Cabildo ha puesto su empeño.

Las otras dos exploraciones que se harán este año son en Arucas, en dos pozos declarados Bien de Interés Cultural (BIC): el de los túneles de Arucas y el de la Vuelta del Francés. Artemi Alejandro Medina, de la empresa Patrimonia Arqueología, ha sido contratado por la Asociación de Memoria Histórica de Arucas para iniciar las catas. Especializado en arqueología militar, Medina indica que aunque el presupuesto inicial es poco servirá para desbrozar las zonas y hacer catas en el exterior en cuadrículas para ver si aparecen casquillos de balas u otros materiales que indiquen que puede haber desaparecidos en el interior de los pozos. Una segunda fase, si se consigue presupuesto, será la exploración interior de los pozos.